La política española se enfrenta a una realidad similar al de una infidelidad conyugal. Todo el mundo sabía que iba a haber cuernos menos el o la corneada. Todo el mundo sabía que Pedro Sánchez iba a engañar a Carles Puigdemont. No cabía ninguna duda y, a pesar de esto, el político prófugo de la justicia cedió y apoyó la investidura a cambio de… nada.
En la sesión de investidura de Pedro Sánchez, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ya avisó: «Una vez le preguntaron a Unamuno que por qué no tenía fe en Melquíades Álvarez, político reformista, expresidente de esta Cámara. Y él respondió con una frase que viene al pelo. Dijo algo así como: ¿Cómo quieren que tenga fe en Melquíades Álvarez si me cuesta ya tener fe en Dios? Y es que nosotros no es que no tengamos fe, es que tenemos memoria». Rufián y su partido son algunos de los antiguos estafados por Sánchez. Ya lo avisó: no tenían fe en él, no confiaban en él.
A pesar de las señales que la historia ha dejado sobre la trayectoria de Sánchez, Junts, el partido de Puigdemont, acabó cayendo en las estrategias de trilero y se creyó que iban a tener un camino plácido a la hora de implantar la Ley de Amnistía. Desde la formación independentista pensaron que su líder sería recibido como un héroe recorriendo el Paseo de Gracia en un descapotable. El nuevo Tarradellas.
Sin embargo, Puigdemont se ha sumado a la enorme lista de víctimas de los engaños de Pedro Sánchez. Ya se tarda menos en decir a quiénes no ha estafado que a los que sí y cada vez es más fuerte el recuerdo de la escena de Toni Leblanc en la película Los Tramposos.
Con la Ley Sánchez de Amnistía va a pasar eso. Tanto Sánchez como Cerdán o Bolaños hicieron promesas a Junts dando seguridad de que esa norma iba a, en primer lugar, aplicarse a Puigdemont más allá de las investigaciones judiciales por terrorismo o por injerencias de una potencia extranjera, y, en segundo término, que sería de aplicación inmediata. Sin embargo, los que realmente saben aplicar e interpretar la ley han sido claros respecto a su inconstitucionalidad. Además, los jueces conocen el sistema legal que harán lo imposible para que, a pesar de que se apruebe en el legislativo, entre alguna vez en vigor.
El golpe definitivo lo dio el pasado lunes el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. En respuesta a una pregunta de Ciudadanos, el comisario deja muy claro que la Ley Sánchez de Amnistía quedará paralizada si se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en consecuencia, quedará paralizada hasta que el TJUE resuelva. En un tema tan complejo, los tiempos pueden superar los dos años y medio.
Cada juzgado en el que se pretenda aplicar la Ley Sánchez de Amnistía elevará una prejudicial a Europa. Lo harán los de primera instancia, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y el Supremo. Esto derivará en una acumulación de procedimientos que ampliará los plazos de respuesta.
Además, no es seguro que la Justicia europea responda de acuerdo con los intereses de Sánchez. Más bien al contrario, sobre todo después de ver el dictamen completo de la Comisión de Venecia, en el que, más allá de la propaganda de Moncloa o del PSOE, hay más contras que pros.
Es cierto que en el dictamen se ponderaba el espíritu de la ley, las buenas intenciones sobre la supuesta reconciliación con la que se llenan la boca en el PSOE. Sin embargo, la Comisión de Venecia es muy crítica en las formas de negociación, modificación y aprobación de la Ley Sánchez de Amnistía. Por otro lado, dejaba muy en el aire el hecho de que Carles Puigdemont pueda acogerse a dicha ley, sobre todo porque las acusaciones de presunta comisión de delitos de terrorismo.
La Comisión de Venecia fue muy clara en un aspecto: las leyes de amnistía, en general, son incompatibles «con las normas internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos» no están excluidas de su ámbito de aplicación.
Mientras el gobierno de Pedro Sánchez se ha quedado con el clickbait del titular fácil, como hacen con la práctica totalidad de las medidas que aprueban, la realidad es que el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley Sánchez de Amnistía formula un gran conjunto de reproches, sobre todo porque pone en duda lo que está consiguiendo.
Mientras Sánchez, sus ministros, los dirigentes del PSOE y una parte de la militancia abducida defienden la cuestión de la reconciliación y la resolución del conflicto en Cataluña, la realidad es que la Ley Sánchez de Amnistía lo que está provocando es una división muy profunda y beligerante en el resto del territorio español.
En concreto, el dictamen la Comisión de Venecia señala que «el Congreso de los Diputados, a la hora de decidir si, con qué contenido y por qué mayoría aprobar el proyecto de ley de amnistía, tendrá que abordar la cuestión de si se puede lograr la normalización de Cataluña a pesar de que el proyecto de ley de amnistía ha profundizado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y, sobre todo, en la sociedad española».
Incluso, se llegó a poner en duda si la finalidad que persigue el gobierno se está buscando a través de los mecanismos adecuados. «Por lo general, las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política: estos objetivos legítimos deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes, a fin de no frustrar ese propósito. El procedimiento de adopción de medidas de amnistía debe inspirarse en la inclusión, la participación, el calendario adecuado y los debates públicos. En particular, las consultas significativas, junto con un calendario adecuado, deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista. Por lo tanto, los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la aprobación de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de tales leyes», afirma el dictamen.
De cara a una próxima resolución del TJUE, hay que tener en cuenta las críticas de la Comisión de Venecia sobre el carácter finalista de la Ley Sánchez de Amnistía, dado que el fin de la misma no es otro que mantener a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. Es una especie de autoamnistía. «Hay cierto apoyo a otros límites a las amnistías: los que podrían socavar el poder judicial; amnistías con exclusión de la responsabilidad civil; autoamnistías (es decir, cuando los perpetradores o las instituciones responsables se conceden a sí mismos o a sus miembros inmunidad de enjuiciamiento, a menudo en vísperas de una transición política)».
La imposición al PSOE por parte de los partidos independentistas catalanes de la amnistía como condición absoluta para votar a favor de la investidura de Sánchez, además de la participación de quienes se beneficiarán de la ley en las negociaciones, son un límite que la Comisión de Venecia marca.
Todo ello sin contar con las censuras a la misma tramitación de la Ley Sánchez de Amnistía que, según el dictamen, debería ser a través de una mayoría cualificada, no absoluta.
Pedro Sánchez no tiene escrúpulos y pero sí una capacidad nula de empatía. Una de las mejores definiciones que se han hecho del presidente del gobierno la dio el escritor Arturo Pérez-Reverte en el año 2021 cuando dijo que Sánchez «era valiente, que no tenía escrúpulos, inmune a las hemerotecas y que aguantaría bastante bien. Era un francotirador y los iba a matar a todos. Y así ha sido, ha matado a todos, incluso a los sicarios que mataban en su nombre y al rey no porque lo necesita, sino, también lo mataría».
Esa frialdad de francotirador no descarta la idea de que todo este proceso esté fríamente calculado desde el principio. Rufián dijo en la sesión de investidura que los independentistas tenían «la capacidad para obligarle».
El PP, Vox y una parte del PSOE afirman que el Gobierno de España está en manos de Puigdemont. Sin embargo, tras la ratificación de Reynders de que la Ley Sánchez de Amnistía quedará paralizada hasta que la Justicia europea se pronuncie, quien tiene el poder es Sánchez porque ahora tiene la capacidad de obligar a las formaciones independentistas a mantenerle en el poder con el argumento de que si quieren amnistía él tiene que ser el presidente hasta que se pronuncie Europa. ¿Quién es el dentista ahora?
Los traidores, la amnistía y el referéndum
La aprobación en el Congreso de los Diputados de la propuesta de la ley de amnistía está lejos de ser la consumación del proyecto revolucionario acordado entre el gobierno de Sánchez y el fugado de la justicia, Puigdemont. Al contrario, marca el inicio de su fracaso. Su votación afirmativa, por el escaso margen de los siete votos de Junts, ha confirmado a todas las fuerzas políticas constitucionalistas y, sobre todo, al mundo del Derecho que esta iniciativa legislativa era una parte sustancial del acuerdo revolucionario entre el PSOE y Junts. Revolucionaria es toda acción política que afirme la absoluta independencia de sus decisiones de cualquier control jurídico. Revolucionaria es toda deliberación política que pretenda estar al margen de la ley, es decir, que comience diciendo que «esta ley es constitucional» y, por lo tanto, no debe ser juzgada por el Tribunal Constitucional, o peor, le indique al tribunal el sentido de su resolución. Revolucionaria es, sin duda alguna, la declaración de independencia de la región catalana del resto de España, como se hizo en la Asamblea catalana en 2017, y esgrimir ante el Tribunal Constitucional que lo allí decidido no tenía nada que ver con la ley, el derecho y la justicia. En fin, revolucionario es todo acto político que busque, por encima de cualquier otra consideración, la impunidad de su acción, o sea, dejar sin castigo las acciones que lo merecen.
Esa es, en efecto, la principal conclusión surgida de la reacción del mundo de la justicia contra la propuesta y aprobación en el Congreso de la citada ley: la impunidad revolucionaria solo puede combatirse con la Ley de leyes, o sea, ha salido reforzada la fortaleza de la Constitución del 78. Gracias a la reacción crítica del entero mundo del derecho contra la propuesta de amnistía del Gobierno, parece que esta fase del proyecto revolucionario, firmado entre Puigdemont y Sánchez, esta abocado al más absoluto fracaso. Por eso, afirmo que no habrá amnistía para los golpistas catalanes ni referéndum para separarse de España y, digo más, el efecto de la aprobación en el Congreso de la propuesta de amnistía será letal para el PSC en las elecciones catalanas. Este partido será el primero en pagar los desmanes de Sánchez. Mi aseveración, pues, sobre la amnistía, el referéndum y el PSC nada tiene que ver con el cuento de la lechera, sino que es el resultado de una observación sobre lo inmediato. Empezaré por el final. Si decir es predecir, arriesgo un sencillo pronóstico sobre los socialistas catalanes: el PSC, un partido filo-separatista desde su fundación, sufrirá más de lo esperado. No miren las encuestas, entre otros motivos, porque apenas han valorado la influencia de la amnistía sobre los futuros votantes del PSC. La bajada del PSC no vendrá sola. Estará acompañada de la subida del PP. A pesar de las dudas y tardanzas de Feijóo a la hora de elegir candidato, el PP crecerá tanto en votos como escaños al Parlamento de Cataluña. Alejandro Fernández logrará hacerle la vida imposible a los señoritos separatistas del PSC.
En cualquier caso, merced al rollo de la amnistía, la ciudadanía sabe hoy más que ayer, o sea más que en las anteriores elecciones catalanas, que el PSC es solo una marca blanca de los independentistas. Eso es tan claro como que Illa está relacionado con la supuesta compra ilegal de las mascarillas. Y más asuntos que aún saldrán, durante estas seis semanas de campaña electoral, sobre sus apaños, cambalaches y enjuagues en el tiempo que fue ministro de Sanidad en el gobierno de España. Para la mayoría de los ciudadanos constitucionalistas de España, incluida la población de Cataluña, Illa es antes que nada un amigo de todos los separatistas. Habla con Puigdemont y la gente de ERC, especialmente con el presidente del mesogobierno regional, Aragonés, con la misma amabilidad que lo haría con uno de su partido. Él mismo Illa lo reconoció recientemente en un mitin: todos los los separatistas son amigos del PSC. En esto, como en otras mil cosas, Illa es una extensión de Sánchez en la región catalana. Seamos, sí, realistas. Pregonemos lo obvio: la propuesta de amnistía sanchista para los golpistas catalanes le restará miles y miles de voto al PSC. También en esto, Illa fue tan mentiroso como el jefe de su partido hermano, Sánchez, quien dijo que la amnistía era imposible, pero acabó proponiéndola.
Vayamos, pues, a lo de la amnistía. Aquí aún debemos ser más realistas que en en el futuro de Illa. En otras palabras, el fugado Puigdemont no vendrá a España. Es muy cobarde. Y si lo hiciere, será detenido y encarcelado, porque todavía la mayoría de los jueces y, por supuesto, fiscales españoles creen que su profesión es su destino, o sea hacer Justicia. Los jueces llevarían a prisión a Puigdemont. Dejar sin castigo, repito, toda acción de un político que se lo merezca no está en ninguna agenda de la justicia española. La impunidad es una cosa de políticos revolucionarios que, naturalmente, no tienen ningún obstáculo moral para utilizar a los más desprestigiados profesionales de la jurisprudencia. La impunidad es algo inconcebible en un Estado de Derecho. Por eso, precisamente, la impunidad, principal línea directriz de la propuesta de ley de amnistía, ha sido duramente criticada no sólo por todas las asociaciones de jueces y fiscales, sino también por el entero mundo del Derecho y de la justicia española y europea. Desde la perspectiva del razonamiento jurídico, y es menester repetirlo las veces que haga falta, nadie con una mínima solvencia profesional le ha dado ese bodrio de ley su consentimiento.
La propuesta de ley aún tiene que superar varios trámites, bastante más serios de lo que algunos creen, que tienen que ver con asuntos prejudiciales. Además de pasar por el Senado, existen otros filtros jurídicos, especialmente el TJUE, que no están dispuestos a cerrar los ojos ante una ley de carácter revolucionario. La ley, digámoslo castizamente, aún no ha salido publicada en el BOE. O sea la ley no existe. Ni existirá. La tosca argumentación en su favor ha sido rebatida por todas las agencias e instituciones del mundo del derecho. Y si lograra pasar todos los filtros que aún quedan, será paralizada, porque la justicia española la recurrirá en el Alto Tribunal de Justicia de la UE; en efecto, a pesar de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento española para colar este tipo de engendro, podrá paralizarse la ley utilizando la normativa europea. La ley de amnistía quedará, como ha reconocido el comisario europeo de Justicia, Didier Rynders, «inaplicada hasta que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales españoles».
En este contexto, dominado por una amnistía inexistente, parece que las declaraciones de Aragonés exigiendo un referéndum para separarse de Cataluña son humo. Los separatistas catalanes siguen siendo poca cosa ante el nombre de España. Son solo fachada. Estos fachendosos, como diría Unamuno, se llevarán un bofetón en mayo en la cara del PSC. Entonces la solidez de su pequeño edificio volverá a resentirse. Sus narrativas revolucionarias y casposas, meras antiguallas de la revolución francesa y soviética, montadas sobre el ideologema de que el orden de la política no tiene por qué someterse al de la ley, deberán ser contestadas con un discurso riguroso y potente sobre España. Ojalá el PP se ponga al asunto de verdad. Así las cosas, demos a las declaraciones de Aragonés, jefe de un gobierno regional gracias a la Constitución, el trato que merecen. Despectivo. Este personaje no tiene legitimidad, y menos aún le asiste legalidad constitucional alguna, para pedir un referéndum para separarse de España. Es un traidor a los millones de catalanes que solo quieren ser españoles. Este tipo no puede ejercer ese cargo, porque solo representa a una parte de esa región. No merece la pena hacer conjeturas sobre los pasos que se derivarían de satisfacer las exigencias separatistas. No nos enzarcemos en estudiar el alevoso relato de un tipo que debe su puesto a España. Aragonés es, simplemente, un traidor a la Constitución española. No merece respeto alguno como político. Es solo eso: un vulgar traidor a España y, por lo tanto, a Cataluña. Antes pedía la amnistía, ahora piden el referéndum y mañana exigirán la luna de Valencia. Sánchez se lo daría, pero seamos realistas. Ni habrá amnistía ni referéndum.
https://www.libertaddigital.com/opinion/2024-04-03/agapito-maestre-los-traidores-la-amnistia-y-el-referendum-7113500/
Hay mucha gente en las cárceles que tienen menos delitos que la gentuza que nos malgobiernan. Todos estos traidores obedecen a un plan orquestado por sus amos , cuyo nombre empieza por » j » y no se pueden criticar porque ellos son los que dictan como tenemos que vivir el resto de mortales… El miedo va a cambiar de bando.