La Justicia, junto al Poder Legislativo y el Ejecutivo, forma parte de los tres poderes del Estado y si éstos dos últimos emanan de la voluntad popular expresada en las urnas, igualmente tendría que ocurrir con el Judicial, máxime cuando el mismo se ha politizado y por supuesto, con posiciones ultraconservadoras.
Éste es un sector que muy mayoritariamente profesa esa ideología, y viene tratando de impedir que se apruebe y lleve a efecto políticas de izquierda y progresistas. El acceso a esta profesión muy elitista es casi hereditario de padres a hijos de familias muy pudientes. Va siendo hora de que el Estado ofrezca la posibilidad de que jóvenes de familias humildes, también puedan acceder a vestir la toga de jueces.
Esta seria también otra fórmula complementaria, para que igualmente desde la igualdad de oportunidades, y la participación, la Justicia pase a ser de verdad democrática. Todo lo demás son “paños calientes o auténticos parches”. Esto es lo que parece va a intentar realizar ahora Pedro Sánchez, pretendiendo quitarle competencias al Consejo General del Poder Judicial.
Incomprensible que ésta referida formula, no la haya llevado a efecto desde mucho antes y ha permitido al PP, partido político que hipócritamente presume de constitucionalista, pero lleva desde hace más de cinco años con su boicot incumpliendo la Constitución y los miembros del CGPJ haciéndole el juego, no presentando por incumplimiento de su mandato la debida dimisión. El caso es que, si éste es elegido como pretende el Partido Popular por los propios jueces, su ultra conservadurismo continuará latente.
Pedro Sánchez “se ha comprometido» a realizar una profunda regeneración de la democracia. Eso habrá que verlo para así darle la razón. Pero me cuesta mucho creer que, se vaya a enfrentar y menos con todas las consecuencias a los poderes fácticos: Iglesia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Judicatura, grandes empresas multinacionales como las que componen el Ibex 35, importantes lobbies como los agrarios, taurinos, etc. Con sus apoyos, la derecha no tiene el Gobierno (sólo le hace falta controlar el BOE), pero en muy gran medida si ostenta el poder.
No digamos nada del oligopolio de la banca privada que, nos extorsiona cada vez más, lo mismo que el de las empresas energéticas, y no se ha atrevido para evitarnos de sus arbitrariedades y extorsiones, crear empresas públicas en esos dos sectores estratégicos y fundamentales, que cada vez más incrementan sus ganancias como en el caso de la banca, a la que ingenuamente se le impuso un impuesto por sus ganancias y como era previsible, no ha servido para nada y es que al final el pago ha recaído en sus clientes, mediante el aumento de las hipotecas, comisiones, servicios prestados, cierre de sucursales y masivos despidos de empleados, hasta el extremo de que, en los tres primeros meses de este año los cinco principales bancos, habían ganado 26.000 millones de euros.
Pedro Sánchez ha venido exponiendo en reiteradas ocasiones que, España es una democracia plena. Pero ahora lo pone en cuestión cuando personalmente se ha visto afectado, mediante la reaccionaria derecha extrema del Partido Popular y el fascismo de la extrema derecha de Vox, que han venido realizando una burda e infame campaña en contra de su mujer Begoña Gómez. Ahora es cuando Pedro Sánchez ha reaccionado, pero mientras tanto, estuvo “mirando de perfil” cuando les afectaba a otras personas.
Pero, !si aún no ha sido capaz de cumplir con su promesa de que iba a derogar la nefasta e injusta Ley Mordaza!. Por eso sino pesimista, pero si soy escéptico para como procede y es muy necesario, se atreva a abordar la regeneración de la democracia debidamente. De no hacerlo así, con toda probabilidad, sufriremos las consecuencias.
Para que la Justicia sea realmente democrática debe emanar del Pueblo
PP y PSOE buscan vías de entendimiento para renovar el CGPJ
Los socialistas y populares se tienden la mano antes de que expire el plazo del mes de junio que Sánchez puso como límite.
El ultimátum dado por Pedro Sánchez para pactar el CGPJ está a punto de expirar. El presidente del Gobierno dio de plazo al PP hasta el mes de julio o «el Gobierno, junto con el Congreso, daría una respuesta». Con la propuesta del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, como coartada, la presión sobre los de Feijóo para firmar un acuerdo ha ido en aumento, a nivel interno, mediático y entre los jueces, a lo que el partido ha respondido intentando acercar posturas.
La primera pista la dio Feijóo cuando el pasado 13 de junio respondió a la amenaza de Sánchez prometiendo «defender al Estado del Gobierno», al tiempo que le tendía la mano para «retomar la negociación en el punto que estaba», con Bruselas como mediador. Horas antes, el partido parecía rebajar la gravedad del órdago al hablar de «paripé», «bravuconada» o «chulería».
El 17 de junio, mientras Sánchez elevaba la apuesta, Feijóo intentaba rebajar tensión asegurando en una rueda de prensa desde Bruselas que «todo aquello que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará«, abriendo aún más la puerta a un posible pacto si el PSOE cede algo en sus posiciones, sin referirse de forma expresa a un cambio de la ley actual para que sean los jueces los que elijan a los propios jueces.
En privado el partido asegura que esa petición sigue estando sobre la mesa, y que no han renunciado a ella, pero desde hace días portavoces como Borja Sémper repiten de forma insistente la misma expresión: «Avanzar hacia la independencia judicial«, en lugar de establecer líneas rojas.
Fuentes del PP admiten que, si se produce alguna propuesta por parte del PSOE, y hay algún tipo de «cesión», están dispuestos a «estudiarla». Los partidarios de intentar acercar posturas piden «gestos» al Gobierno para demostrar que existe una voluntad de acuerdo, criticando que Sánchez parezca más interesado en «reventar» la posible negociación con su ultimátum o amenazando con «hacer cumplir la Constitución con o sin el PP», como dijo ayer en el Congreso.
El PP «lo va a intentar»
Sus palabras venían precedidas de las de Feijóo, que minutos antes decía en los pasillos del Congreso «lo vamos a intentar«, al ser preguntado por la posibilidad de alcanzar un pacto para renovar el CGPJ. «Si no quiere romperlo, como lo rompió la última vez, lo vamos a intentar», reiteró, recordando que la última vez todo estaba encauzado pero el Gobierno dinamitó el acuerdo anunciando la derogación de los delitos de sedición cuando estaban a punto de firmar.
Desde entonces, el PP ha exigido retomar el diálogo con la mediación de Bruselas, con Esteban González Pons y Félix Bolaños como interlocutores. Ambos siguen pilotando las conversaciones, aunque ninguna de las partes confirma avances para un pacto inminente. Sin embargo, la presión creciente desde distintos sectores, y las voces del PP que piden un acuerdo como «mal menor» ante la posibilidad de que Sánchez tome el control de la Justicia, podrían hacer mella en el ánimo de los que rechazan de plano dar oxígeno al Gobierno en este momento.
El sector reacio a ese acercamiento habla de estrategia por parte de Feijóo, para enviar el mensaje a Bruselas de que el PP no se levanta de la mesa de negociación, pero sin esperanzas reales de que el PSOE ceda. El objetivo sería, además, desprenderse de la imagen de bloqueo que se le atribuye al partido.
Sin embargo, ante la posibilidad de que finalmente los de Feijóo acaben cediendo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, optaba por ponerse la venda antes que la herida, y advertía sobre un posible pacto: «Nos va la democracia en ello«, decía, mostrando su rechazo absoluto a esa posibilidad. «No podemos fallar en esto», insistía, apelando a la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial.
El Gobierno, positivo
De momento, Sánchez no ha dado muestras de ceder. El pasado jueves, en un acto con el presidente turco, Tayyip Erdogan, el presidente del Gobierno español mencionaba la propuesta del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, como «inspiración», pero evitaba aclarar más pese a la inquietud que ha generado su cambio.
«Lo que queremos es despolitizar el CGPJ«, terciaba Sánchez, quien prometía que su propuesta será «plenamente constitucional» y «acorde con Europa». Para los nombramientos en el Tribunal Supremo, Guilarte propone que sus magistrados sean «nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados» del propio tribunal que estaría presidido por un magistrado del Supremo o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del TS.
Una propuesta un tanto ambigua que podría ser reinterpretada, y que algunos consideran inconstitucional porque arrebata al órgano de poder los jueces la potestad que le otorga la Carta Magna para hacer esos nombramientos. Los socios de Sánchez apuestan directamente por que sea el Ministerio de Justicia el que nombre a los jueces del Supremo.
En el Gobierno se muestran positivos ante las declaraciones del PP y afirman que la negociación «parece» encauzada. Aunque recuerdan que también lo estaba con Pablo Casado, y que sólo faltó la última rúbrica, cuando los nombres ya estaban repartidos. «Hay declaraciones públicas que son difíciles de interpretar», sentencian fuentes próximas al presidente del Gobierno.
García Ortiz ¿pieza de cambio?
En Moncloa apuestan por la discreción para intentar alcanzar un acuerdo entre PP y PSOE. Es también la condición que ha puesto la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, para hacer de mediadora: que ambos acudan con un pacto casi cerrado, dadas las posturas enrocadas que ambos han mantenido hasta ahora.
Hay otra bala que el Gobierno podría ejecutar. Es la del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que está al borde de la imputación por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió su «magnífica» labor, obviando que ha sido condenado por el Supremo en dos ocasiones por «desviación de poder». ¿Un respaldo público para que no dimita o los últimos parabienes antes de su cese?
De momento, García Ortiz ha filtrado que no piensa dimitir aunque sea imputado, en lo que parece un aviso a navegantes. Sánchez ha exhibido plena sintonía con el fiscal en pleno aniversario de la coronación del Rey Felipe VI, con la imputada Begoña Gómez como testigo de la buena relación que une a su marido con el fiscal general del Estado. Sin embargo, podría ser también el preludio de su caída como posible «gesto» para que el PP acabe cediendo para renovar el CGPJ.
Un acuerdo más amplio
En Moncloa no ocultan que les gustaría llegar a un acuerdo más amplio que incluye a otras instituciones pendientes de renovación como, por ejemplo, el Banco de España. El mandato del gobernador, Pablo Hernández de Cos, expiró hace unos meses y ahora al frente del organismo está, de forma temporal, la subgobernadora. Al Gobierno no le gustaría que esta interinidad se extendiese más allá de septiembre.
La otra corporación pendiente de renovar es RTVE. Tras el cese de la presidenta Elena Sánchez, al frente de la radiotelevisión está la militante del PSOE Concepción Cascajosa, que era vocal del Consejo de Administración. La idea de Moncloa es llegar a un acuerdo para acabar con otra interinidad y llegar a un pacto que de estabilidad a RTVE durante unos años.
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2024-06-20/pp-y-psoe-buscan-vias-de-entendimiento-para-renovar-el-cgpj-7138873/
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- Conmoción en Francia por una nueva violación grupal a una cría de 12 años: Tres magrebíes menores de edad violaron con absoluta violencia a la cría tras descubrir que era judía.
- La Jefa de seguridad del Palacio de La Moncloa sabotea las notificaciones del Juez a Begoña Gómez: La comisaria María Marcos responde “no saber la agenda de Begoña” pese a ser la máxima responsable de su seguridad.
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Cataluña pactada entre el
PSOE y ERC costará 780€ a cada español: La cifra no incluye el aumento masivo estatal de inversiones en esa comunidad. - El Gobierno de PP y Vox en el Consell de Mallorca mantiene el requisito del catalán a los médicos: El PP de Galicia ha negado también esta semana a un padre su derecho a recibir las comunicaciones del
colegio de sus hijos en castellano. - El Ejército Español alarma de los dos hubs industriales de Marruecos para producir su propio armamento: El régimen de Mohamed VI gasta ya 11.680 millones de euros en su ejército y capacidad militar.
8. Sánchez regala 250 millones a Marruecos para ‘desaladoras’: El Gobierno afirma que es un gasto ‘clave’ para ‘potenciar el sector agrícola marroquí’: Los agricultores critican que se financie “un mercado enemigo con competencia desleal y que perjudica la agricultura española”
9. El fiscal general del Estado no dimitirá “aunque sea imputado por el Juez”: Los whatsapps en donde ordenó la filtración ilegal de datos a la fiscal superior de Madrid han sido aportados al Juez, y se prepara ya su imputación formal.
- El Español publica como exclusiva que el sicario Ayari grabó a Vidal-Quadras en un acto público 11 días antes del atentado: Alvise Pérez publicó esta información hace más de 6 meses. El analista concede este Domingo una entrevista grabada con ese medio.
- Pedro Sánchez ordenó hace dos semanas que la Corte de Garantías facilitara el borrado penal de la corrupción socialista en Andalucía: El Presidente del Gobierno presionó para que el Tribunal Constitucional perdonara la malversación y condena de 9 años s Magdalena Álvarez. Alvise Pérez declara que “Afirmamos lo evidente cuando decimos que España sufre una partitocracia criminal orientada a la impunidad total del robo, la corrupción y el crimen en este país, y estas decisiones lo confirman cada día”.