David Alandete es licenciado en Comunicación Audiovisual y posee másteres en Periodismo por la Escuela de El País y en Relaciones Internacionales por la Universidad de George Washington. En la actualidad es corresponsal de la Casa Blanca para el diario ABC. Anteriormente, ocupó el cargo de director adjunto en El País y trabajó como corresponsal en Oriente Próximo y Estados Unidos. Ha cubierto conflictos en Afganistán, Siria y Egipto, y ha reportado desde México y Brasil. En 2019, fue reconocido con el Premio Eisenhower a la libertad de expresión por sus investigaciones sobre la influencia rusa en Cataluña.
¿En qué situación está la investigación judicial sobre la trama rusa en el proceso independentista catalán?
Hay una clara labor por parte del poder ejecutivo para que la justicia no haga su trabajo, pero aún así, ha habido tres causas que han intentado aclarar qué ha pasado: La primera fueron los posibles delitos cometidos por parte del independentismo; la segunda investigó la presencia rusa en aquellos momentos; y una tercera sobre determinados contactos de los independentistas con Rusia. La primera causa es la de los supuestos delitos de terrorismo que el juez García Castellón estuvo instruyendo, que imputó a Carles Puigdemont y otros por terrorismo por la organización de “Tsunami Democratic” y que ha sido archivada por un error judicial. La segunda, que investigaba la presencia de espías rusos que fueron identificados en Cataluña en 2017, fue desestimada, aunque hay datos sobre su presencia. Y la última, que es la más importante es la del juez Aguirre en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.
Este caso sale porque en una investigación sobre malversación se encuentra una libreta en la que se apunta a una posible colaboración entre determinados sectores independentistas y gente en Rusia. Víctor Terradellas y algunos más son contratados por el entonces presidente Artur Más para gestionar las relaciones internacionales de Convergencia y siguen haciendo esas funciones para Puigdemont. Hacen varios viajes a Rusia y reciben en Cataluña a personas que vienen de Rusia. En el libro cuento que a Puigdemont le transmiten, por ejemplo, que se trata de “un emisario de Putin”. Ellos hablan en esos términos, lo que es muy llamativo.
¿Esos contactos se mantienen después de la detención de Terradellas?
Cuando Terradellas es detenido en 2018, y se descubre la libreta, los contactos los asume otro equipo. Es decir, pasamos de un presidente a otro y de un equipo a otro, pero se mantienen los contactos y comunicaciones con Rusia. El juez Aguirre está llevando está causa con muchas cosas en contra, sobre todo a raíz del cambio de gobierno. Desde ese momento, la fiscalía deja de colaborar y se cambia al jefe de la policía judicial en Cataluña, el teniente coronel Daniel Baena, que había estado investigando el 1 de octubre y los contactos con Rusia. Esto, lógicamente, ha entorpecido la investigación.
LO QUE QUIERE EL SEPARATISMO DE RUSIA, Y LO QUE LOS RUSOS OFRECEN DE CARA AL FUTURO, ES EL RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA, PORQUE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ES UN FACTOR CLAVE PARA EL PROCESO SEPARATISTA
A raíz de la noticia de que la Audiencia provincial no daba más tiempo al juez Aguirre, los partidarios del Kremlin en España han afirmado que todo el caso era una mentira.
La Audiencia provincial pide al juez que acabe la instrucción del caso, sí, porque ha sido larga, y a su vez el juez pide información a la Audiencia Nacional por el caso de la presencia de espías y le informan de que ese caso está cerrado. Esto ha sido presentado por algunos medios cercanos al gobierno como que se ha cerrado el caso, pero no es cierto. Creo que en poco tiempo veremos al juez haciendo una exposición razonada y pidiendo la imputación de Puigdemont. Sí la malversación no se aplica en la amnistía, un delito de traición tampoco se va a aplicar.
El caso de la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka, que trabajaba para el FSB ruso, ¿no es una prueba del interés de Moscú por el separatismo en España?
Yo empecé a escribir sobre este asunto cuando trabajaba en El País, y en 2019 publiqué un libro “Fake News” en el que dedicaba un capítulo a esta eurodiputada. Zdanoka representaba a la Unión Rusa en Letonia, que era contraria a la independencia de Letonia y al uso del idioma letón en favor del ruso, y al mismo tiempo, estaba a favor del independentismo vasco y el catalán. No tiene mucho sentido. Este año se ha descubierto que lleva veinte años al servicio del FSB, como ha revelado la investigación abierta en Letonia y el Parlamento Europeo. La relación de Zdanoka con el separatismo catalán es anterior a 2017 y hay elementos que indican que ella, como otros personajes en la órbita de Rusia, como Assange y Snowden, han apoyado al separatismo para agitar el avispero de la Unión Europea.
Se ha hablado de soldados, criptomonedas, reconocimiento… ¿Cómo se iba a materializar el apoyo ruso?
La gran cuestión es qué es Rusia. Aquí hay una serie de individuos vinculados al Kremlin y que ofrecen distintas cosas. Lo de los soldados se trata en una reunión en la que está presente un individuo identificado por la inteligencia italiana por su relación con el FSB y el poder ruso, Nikolai Sadovnikov. En una reunión con Puigdemont, Sadovnikov presenta una oferta de máximos: criptomonedas, 10.000 soldados, pago de la deuda catalana, etc. Por otro lado, el abogado Gonzalo Boyé y Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Puigdemont, mantienen contactos con Yevgeny Primakov Jr., que es un hombre muy importante en Rusia. En los mensajes interceptados por la Guardia Civil, ellos mismos dicen que tiene más poder que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y, de hecho, tiene un cargo de confianza concedido por Putin. Lo que quiere el separatismo de Rusia, y lo que los rusos ofrecen de cara al futuro, es el reconocimiento de la independencia, porque el reconocimiento internacional es un factor clave para el proceso separatista. Para Rusia, reconocer el proceso independentista le permitiría disponer de un satélite dentro de la UE, en un territorio en el además hay una fuerte presencia del crimen organizado ruso.
Ha mencionado al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, un personaje con un pasado bastante oscuro. ¿Qué papel juega en todo este asunto?
Boyé se hace abogado en la cárcel, mientras cumplía condena por el secuestro del empresario Emiliano Revilla (secuestrado 8 meses por la banda terrorista ETA), y después ha trabajado con clientes controvertidos, como el narcotraficante Sito Miñanco. Según el juez, Boyé hace mucho más que representar a Puigdemont, se inmiscuye directamente en los contactos con Rusia. En el auto del juez también hay una parte muy llamativa sobre las conversaciones de Boyé y Alay con dos altos mandos del crimen organizado ruso, dos ladrones de ley que es como se llama a los capos de la mafia rusa, Zajar Kalashov y Vasili Khristoforov. Según se publicó en prensa, los contactos fueron para obtener fondos para la defensa del independentismo y mantener el estilo de vida del fugado Puigdemont. Boyé, que acaba de denunciar al juez Aguirre y me han citado para testificar, tiene un papel crucial en esos contactos.
¿En qué se basa Boyé para hacer esa denuncia?
En mi caso, me acusa de coordinarme con el juez y que en mi libro hay publicados párrafos del auto judicial antes de que fuera emitido, lo que es absolutamente falso. Ni Boyé ni Puigdemont entienden el trabajo periodístico, y para ellos cualquier información independiente de sus contactos con Rusia es una conspiración entre el poder judicial y el periodismo. Un periodista tiene sus fuentes y, en ejercicio de su libre derecho a la información, debe citar esas fuentes en sus investigaciones. Boyé ha calificado el libro de libelo, así que parece que les ha molestado. Creo que sobre todo no les gusta por la cronología que hay al final del libro, que es una sucesión de hechos innegables.
¿A qué hechos se refiere?
La cronología empieza en 2006, que es cuando Litvinenko se dispone a hablar con el fiscal José Grinda para contarle, según admite el fiscal, que en algunos negocios de la mafia rusa en España había implicados gente de mucho poder en Rusia, incluso cercanos a Putin. Pero antes de que pueda hacerlo, muere envenenado. Ahí empieza la atención de Rusia sobre España, donde ya hay una gran presencia del crimen organizado ruso en Cataluña, Valencia y la costa este de Andalucía. En una reunión con los americanos, que figura en un cable de wikileaks, el fiscal Grinda dice que está convencido de que Rusia es un Estado que tiene su propio crimen organizado. No es que el Estado combata el crimen organizado, es que una parte del Estado controla el crimen organizado. Cuando Rusia necesita eliminar a alguien, como el caso del piloto ruso que había desertado y vivía en Alicante, el trabajo se encarga al crimen organizado.
Antes del proceso independentista se producen varios hechos muy llamativos. Por ejemplo, Artur Más nombra jefe de los Mossos a Xavier Crespo, alcalde de Lloret de Mar. Crespo no llega a tomar posesión del puesto porque, según investigaciones presentadas en el Senado de Estados Unidos, tenía contactos con el crimen organizado ruso. Posteriormente, fue condenado por esa razón. Iba a ser el jefe de los Mossos, pensemos en cómo habría actuado durante el proceso independentista.
¿Sabe si ha habido más contactos?
En el independentismo hay una clara división respecto a este asunto. Yo creo que ERC se quedó horrorizada de estos contactos de Puigdemont, y ahora el separatismo intenta distanciarse de todo esto o quitarle importancia. Para Puigdemont y los suyos la idea era lograr un reconocimiento que no iba a lograr en la UE o en Estados Unidos. Entiendo que ya no ha habido más contactos, pero sí los ha habido hasta 2020.
¿Por qué en España cuesta tanto aceptar la existencia de una trama rusa?
Todo ha cambiado mucho después de la invasión de Ucrania. Antes nadie creía en las injerencias rusas porque ya no existía la Unión Soviética, pero ahora hemos visto a un régimen autoritario en Rusia que intenta anexionar territorio europeo con un irredentismo claro, y esto ha creado más conciencia. Aunque es cierto que desde fuera esto se ha visto mejor, tanto en el Parlamento Europeo, como en el Senado de Estados Unidos o en la OTAN, que han denunciado las injerencias rusas en España. El problema es que, en España, en este momento no hay voluntad política desde el gobierno para que esto no vuelva a suceder. De hecho, se han amnistiado muchos delitos y parece que se busca que el delito de traición no tenga las consecuencias que tiene en otro país.
Foto: Transly Translation Agency.
“Rusia ha apoyado al separatismo catalán para agitar el avispero de la UE”: David Alandete
Bruselas pasa de puntillas por la amnistía en su informe sobre el estado de derecho y cuestiona la tramitación urgente
La Comisión Europea da la bienvenida al acuerdo para la renovación del Poder Judicial y recuerda que ahora se deben dar los pasos para cambiar el sistema de elección. Muestra preocupación por la presión de políticos sobre los jueces
La Comisión Europea pasa de puntillas por la ley de amnistía en su informe sobre el estado de derecho. A pesar de la presión ejercida por la derecha en Bruselas para que cuestione la medida de gracia para los independentistas, el gobierno comunitario sigue sin expresar su opinión sobre esa medida que ya está en vigor y que siempre ha dicho que estaba analizando. El informe se limita a mencionar que la adopción de la ley de amnistía “suscitó polémica” y que ha sido objeto de un informe de la Comisión de Venecia “que abordaba una serie de cuestiones relacionadas con el estado de derecho”.
Entre las cuestiones que la Comisión Europea menciona, como hicieron los expertos de la Comisión de Venecia, está la tramitación por la vía de urgencia que, recuerdan esas instituciones, “sólo permitía una consulta pública limitada”.
La principal novedad en este informe respecto a los cuatro anteriores es que por primera vez Bruselas ha dejado fuera la que hasta ahora era su principal preocupación sobre la situación del estado de derecho en España: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo sucrito por PSOE y PP precisamente en las instalaciones del gobierno comunitario en Bruselas y que este martes se aprobó en el Congreso lo ha permitido.
Lo que recuerda el informe es que ahora se deben dar los pasos para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para adecuarlo a los estándares europeos, es decir, dar más peso a los magistrados en el proceso.
Ese fue uno de los puntos que formaba parte del acuerdo firmado por Félix Bolaños y Esteban González Pons, pero que lo dejaba para más adelante en contra de lo que había exigido el PP durante años como excusa para el bloqueo. El nuevo CGPJ tendrá que elaborar por mayoría de tres quintos una propuesta para modificar ese sistema que ha estado vigente tres décadas y se remitirá al Congreso. Esa redacción permitió a las partes verderlo como un éxito. Por un lado, el PP aseguraba que los socialistas habían claudicado a su exigencia mientras que el Gobierno dejaba en el aire que esa modificación se fuera a ejecutar. En su informe, Bruselas deja claro que es una de las patas que queda pendiente.
También recoge el acuerdo para la “reforma del estatuto del Fiscal General, que excluirá del cargo a las personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos años e impedirá que el Fiscal General actúe en casos que le afecten personalmente”. “Algunos avances en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General, pero no en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General de los del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía”, señala en las recomendaciones.
Uno de los toques de atención que llega de Bruselas a los políticos en España son las declaraciones sobre la carrera judicial. “El riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos puedan afectar a la confianza de los ciudadanos en la independencia judicial ha suscitado preocupación”, recoge el documento.
Recoge las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es
El informe también advierte de que los periodistas “siguen enfrentándose a retos cada vez mayores en el desempeño de sus actividades profesionales” y menciona las alertas que han llegado en ese sentido al Consejo de Europa. Entre ellas, alude al “acoso e intimidación” a los periodistas con una referencia explícita a un funcionario de la Comunidad de Madrid que “amenaza y reprende” a los periodistas por sus informaciones.
En concreto, se refiere a las amenazas proferidas por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso a elDiario.es por las informaciones sobre la investigación por fraude fiscal a su pareja. “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”, le dijo en mensajes de WhatsApp Rodríguez a la adjunta al director de este medio Esther Palomera.
La plataforma para la defensa de la libertad de prensa del Consejo de Europa lanzó una alerta por esas amenazas y pidió una investigación a España. La Comunidad de Madrid respondió recientemente en ese proceso.
https://www.eldiario.es/politica/bruselas-pasa-puntillas-amnistia-informe-derecho-cuestiona-tramitacion-urgente_1_11545277.html