La amnistía no está aplicándose al ritmo previsto y sigue sin liberar a Carles Puigdemont, el hombre para quien se hizo la norma a medida. El Tribunal Supremo sigue sin creer que el expresidente catalán se pueda beneficiar de ella, ya que el delito de malversación, estima el Alto Tribunal, no es amnistiable. Moncloa espera que el Constitucional termine resolviendo y arreglando el criterio del Supremo. Pero el tiempo que tarde el tribunal de garantías en posicionarse es todo un misterio. Y, todo parece indicar que no será pronto.

Mientras, Puigdemont, enormemente cabreado por la investidura de Salvador Illa en Cataluña tras el pacto entre el PSC y ERC que incluye un concierto fiscal, amaga con volar todo y convertir la legislatura del PSOE en el Gobierno en un espectáculo más de su circo. Si su visita relámpago a Barcelona sin ser detenido fue toda una función. Lo que sus siete diputados pueden hacer en el Congreso es toda una obra dramática.

Moncloa es consciente de las consecuencias de su pacto con ERC. La más importante, de momento, es la convicción, cada día más fuerte, de que este año, por segunda vez, será imposible dotar al país de unos nuevos presupuestos. El presidente del Gobierno confía en que los procesos de renovación internos que afrontarán este verano tanto ERC como Junts permitan cambiar las caras de sus cúpulas para conseguir una interlocución política desprovista de la tragedia del procés que les permita pactar. Ya sabe, esa competición eterna entra ambos socios para ser más catalán que nadie.

Por todo ello, consideran en el Ejecutivo, no es previsible que los independentistas catalanes se puedan permitir apoyar de nuevo a Pedro Sánchez. El líder socialista ha logrado su gran objetivo este verano: situar a Illa al frente de la Generalitat. Pero los efectos de ese movimiento se notarán en los próximos meses. Es más, en menos de tres semanas, el próximo 11 de septiembre, se celebrará la primera Diada sin un president independentista por primera vez en una década. Cómo se comporte el independentismo radical será un buen test sobre la viabilidad de la legislatura.

Así las cosas, el presidente afrontar también el desarrollo de la causa judicial que investiga Juan Carlos Peinado y que trata de dilucidar si su esposa, Begoña Gómez, cometió o no los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En el PSOE crece el convencimiento de que lo que queda por delante será un infierno si los socios independentistas no se templan y si la causa abierta contra su mujer sigue horadando la credibilidad del presidente del Gobierno, ya de por sí tocada por sus cesiones al independentismo.

Ante ese escenario, en el PSOE se empieza a vislumbrar la posibilidad real de que la salida de la legislatura del callejón sea una nueva convocatoria de elecciones. Moncloa, no obstante, confía en poder evitar la llamada las urnas. El núcleo duro del presidente sabe que un adelanto electoral debe obedecer a un criterio de beneficio político. Y en estos momentos, con Pedro Sánchez acorralado, no es buena idea concurrir a unos comicios. Pero no es, desde luego, nada fácil integrar dentro del bloque de investidura a ERC y Junts. Los enemigos íntimos no van a darse tregua.

Y el pacto fiscal catalán ha abierto la caja de Pandora, porque hay varios partidos en el Congreso que no lo ven con buenos ojos -incluidos socios regionalistas del PSOE-. No es de extrañar, pues, que el resto de comunidades quieran emular el estatus catalán en caso de que se modifique la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Por mucho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se desgañite diciendo que no hay concierto, sino singularidad. En estos momentos, la única singularidad clara es la situación política de Pedro Sánchez.