Evolución de los usuarios de Internet en América Latina, país por país, entre 2006 y 2013. Crédito: Cepal
– Italia finalmente se unió al club restringido de países que eligieron la vía legislativa para regular Internet, o que por lo menos dieron un paso significativo en esa dirección, al adoptar la Declaración de Derechos en Internet.
Ahora se prepara para presentar la declaración en el Internet Governance Forum (Foro para la Gobernanza en Internet), que se realizará en noviembre en João Pessoa, Brasil.
El proceso de redacción demoró más de un año, bastante rápido para los estándares burocráticos habituales de este país y, de hecho, sorprendió a algunos analistas que haya visto la luz pues, según dicen, representa el retraso de Italia en materia de infraestructura digital.
Algunos medios de comunicación progresistas italianos elogiaron la declaración porque consideran que tiene un “significado histórico” dada la visibilidad y el prestigio que le dará a Italia en cuestiones de gobernanza a escala global.
A diferencia de otros países, donde las propuestas de declaraciones o cartas de derechos fueron promovidas principalmente por académicos, asociaciones, coaliciones dinámicas, empresas o diversos actores, los promotores de la declaración italiana remarcaron que el proceso de redacción se caracterizó por una “relación de pares entre instituciones y ciudadanos, por lo que toda la construcción se volvió horizontal”.
De hecho, la declaración es el resultado de un proceso complejo y abierto con múltiples actores, que terminó con la participación directa de la ciudadanía italiana mediante una consulta pública que duró cuatro meses en Internet.
Entre sus impulsores destacan Laura Boldrini, presidenta de la Cámara de Diputados y exportavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y Stefano Rodotà, jurista y dirigente que desde hace tiempo aboga por una Carta Magna para la sociedad de redes, y quien encabezó el comité de expertos que redactó el documento.
Al explicar su contenido, Rodotá dijo que a diferencia de otras iniciativas similares, la Declaración italiana: “no contiene términos detallados y específicos de los diferentes principios y derechos ya establecidos en documentos internacionales y constituciones nacionales”.
En cambio, pretende “identificar los derechos y los principios específicos del mundo digital subrayando no solo sus peculiaridades, sino la forma en que suelen contribuir a la redefinición de toda la esfera de derechos”.
La declaración cubre un abanico de temas, desde “el derecho fundamental al acceso a Internet” y la neutralidad de la red hasta la noción de “autodeterminación informativa”.
También incluye disposiciones respecto de la seguridad, la integridad y la inviolabilidad de los dominios y sistemas informáticos, el control masivo, el derecho al anonimato y el desarrollo de la identidad digital. También trata con la muy controvertida idea de otorgar a los ciudadanos en línea el “derecho al olvido”.
La declaración pone en entredicho la opacidad de los términos del servicio concebido por los operadores de plataformas digitales, a los que se les “exige comportarse con honestidad y de forma justa” y, por encima de todo, otorgar “información clave y simple sobre cómo operan las plataformas”.
Rodotà puntualizó que el grupo de derechos reconocidos en la declaración “no garantiza la libertad general en Internet, sino que específicamente procura prevenir la dependencia de la gente del exterior” a través, por ejemplo, de la “expropiación del derecho al libre desarrollo de personalidad e identidad de la persona como puede pasar con el amplio y creciente uso de algoritmos y técnicas de probabilidad”.
La importancia de las necesidades vinculadas a la seguridad y al mercado se toman en cuenta, pero según los promotores de la iniciativa, no puede haber un equilibrio en términos de igualdad entre esos intereses y las libertades y los derechos fundamentales.
En particular, las “necesidades de seguridad no deben determinar la creación de una sociedad de vigilancia, de control y de clasificación social”.
Renata Avila, de Guatemala, quien encabeza la campaña la “Web We Want” (la web que queremos, en español), lanzada por la Fundación World Wide Web, expresó su satisfacción con la sección de la declaración dedicada a la neutralidad de la red y el software libre, pero dijo que debió ser más explícita y reconocer con mayor énfasis el “derecho de las personas a comunicarse en privado y el derecho al anonimato”.
El próximo paso para la declaración italiana tiene que ver con su estatus. Por ahora es solamente un documento político sin valor legal, aunque Boldrini dijo que formará parte de una “moción” parlamentaria en los próximos meses.
Como base para un documento legalmente vinculante, tiene mucho en común con la legislación nacional relativa a Internet de Brasil y de Filipinas. Sin embargo, sus impulsores señalaron que la declaración italiana fue creada teniendo en mente un marco internacional.
El fundamento, según dicen, es que las “muchas cuestiones relacionadas al acceso y al uso de Internet van más allá de las fronteras nacionales por su naturaleza misma y, por lo tanto, requieren de un esfuerzo coordinado en el ámbito internacional”.
Según sus promotores, el principal objetivo de la declaración no es ser un mero texto para la creación de una nueva legislación nacional, sino que procura contribuir al debate público sobre los posibles desarrollos legislativos en todos los niveles, “de la legislación nacional a los tratados internacionales”.
Por su parte, Rodotà espera que la Declaración de Derechos en Internet sirva como instrumento para la “consolidación de un debate internacional y de una cultura que destaque la dinámica común en diferentes sistemas legales”.
Editado por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme
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