En concreto, una de las disposiciones obliga a los empleadores a proteger a sus trabajadores del acoso no sólo por parte de compañeros, sino también de clientes y otros usuarios. Las empresas que no cumplan con estas normas pueden enfrentarse a demandas legales, en una propuesta que ha alarmado a los propietarios de bares y pubs, que temen tener que supervisar y censurar conversaciones privadas entre clientes.

Así, según la nueva norma, una conversación entre clientes puede considerarse acoso si se trata de una «conducta no deseada que tiene el propósito o el efecto de violar la dignidad del destinatario o crear un ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo». Esta limitación será mayor si se trata de una opinión sobre un asunto protegido por la Ley de Igualdad británica, entre los que se encuentran las creencias religiosas, puntos de vista sobre los derechos de las mujeres y las personas transgénero, filosofías políticas e, incluso, veganismo ético.

La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC por sus siglas en inglés) ya ha advertido de que la nueva norma puede «limitar desproporcionadamente» la libertad de expresión e incluso abarcar las «conversaciones escuchadas por casualidad» en estos establecimientos. «Clasificar el debate político como un tipo de acoso por parte de los clientes plantea cuestiones complejas», ha explicado el director ejecutivo de la Comisión, John Kirkpatrick.

En concreto, avisa de que ese control sobre el acoso cometido «por terceros» puede involucrar la censura de creencias personales, debido a que muchos propietarios de negocios no comprenden que estos temas están protegidos por la legislación de igualdad. «La definición legal de lo que constituye una creencia filosófica es compleja y no es bien entendida por los empleadores. Es discutible que estas dificultades puedan llevar a una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión que recoge el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos», ha explicado la Comisión.

Los críticos de la reforma también destacan que muchas empresas, sobre todo pequeños negocios como pubs, no cuentan con los recursos ni con la capacitación para interpretar las complejas leyes de igualdad. «Cualquier legislación debe redactarse con cuidado para evitar consecuencias no deseadas, como esperar que los empleados decidan si una conversación privada viola la ley», ha denunciado un portavoz de la Asociación Británica de Cerveza y Pubs.

Y los empresarios también advierten de las consecuencias que estas regulaciones pueden tener en el empleo y la economía. El presidente de la Confederación de la Industria Británica (CBI) considera que la nueva medida puede desalentar la contratación y llevar a despidos anticipados.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, ha reaccionado a la propuesta con un mensaje en vídeo publicado en su cuenta en X. «Si no podemos ir al pub a tomar una pinta para hablar lo que queramos, casi que no tiene sentido ir. La guerra del Partido Laborista contra los pubs y la libertad de expresión continúa», ha denunciado.