A principios de 2009, el pueblo islandés, al borde del colapso económico y financiero, se echó a la calle y dijo basta. El Gobierno dimitió y la pequeña isla nórdica se entregó a la difícil tarea de responder ante una crisis capitalista sin precedentes haciendo justo lo contrario de lo que estaban haciendo los demás.

Los islandeses se negaron a rescatar a la banca y votaron en contra de pagar sus deudas con dinero público, persiguieron judicialmente (y, en algunos casos, llegaron a encarcelar) a los banqueros y políticos responsables, hicieron caso omiso de las amenazas de los mercados internacionales y de las malas notas de las agencias de calificación de riesgo, redactaron una nueva constitución a través de las redes sociales y, quizá lo más importante, consiguieron negociar con el FMI una salida adaptada a sus propios planteamientos.

¿El resultado? Tres años después de lo que se vino en llamar la “revolución islandesa”, el país no solo no ha regresado a la Edad Media convertido en un paria del sistema, sino que está empezando a ver, lentamente, la luz al final del túnel. En 2011 la economía islandesa creció un 2,5% (la eurozona solo el 1,6%), y, según las previsiones de la Comisión Europea presentadas el pasado mes de noviembre, Islandia crecerá en 2012 un 1,5%, el triple que los países de la zona euro (1,8%), llegando a alcanzar en 2013 incluso el 2,7%.

Eso no significa que todo sea de color de rosa. El paro, que se situó el pasado mes de diciembre en el 7,3%, sigue en tasas que resultan escandalosas para un país en el que a principios de los años noventa tan solo el 2,5% de la población estaba sin trabajo, después de décadas de pleno empleo. La deuda exterior bruta supera el 330% del PIB y la mayoría de los islandeses arrastra préstamos que difícilmente podrán pagar (según el banco central islandés, 25.000 propietarios están atrasados con sus pagos, lo que supone un cuarto de los propietarios de la isla). Los acreedores internacionales, además, no han renunciado a cobrar, y siguen dispuestos a pasar por los tribunales internacionales si hace falta. Y miles de jóvenes, muchos de ellos muy preparados, siguen emigrando.

Pero Islandia ha conseguido mantenerse a salvo de recortes draconianos y proteger la mayoría de sus logros sociales, y el estado del bienestar no se ha desmoronado. Tal vez no pueda hablarse aún de “milagro islandés”, pero el país está asomando la cabeza, y lo está haciendo sin aplicar las recetas que los organismos europeos e internacionales han impuesto a otros países machacados por la crisis de la deuda, como Grecia, Italia, Portugal, Irlanda o España.

También es cierto que el sector público en Islandia es reducido, con salarios más bajos que en el sector privado, con lo que es más fácil reestructurarlo. Y además está el factor fundamental de que, al no pertenecer a la zona euro ni estar sometida a los dictados del Banco Central Europeo, Islandia pudo devaluar su moneda para hacer frente a la crisis y controlar el movimiento de su capital, asumiendo el riesgo de una inflación que alcanzó el 5,2% en 2011, solo por debajo de la de Turquía entre los países miembros de la OCDE.

Y probablemente sea también más fácil conseguir que resulte eficaz una democracia a base de referendums en un país de 103.000 kilómetros cuadrados cuya población es de 318.452 habitantes.

En cualquier caso, Islandia parece haber demostrado que hay otra forma de enfrentarse a la crisis. Estas son, paso a paso, las claves de cómo lo ha hecho:

Del paraíso neoliberal al infierno de la deuda

A principios de 2008 Islandia fue elegida por la ONU como el mejor lugar del mundo para vivir. Era, sin embargo, el final de una época. Tras años de bonanza económica, con créditos a mansalva (dentro y fuera del país), permisividad total en el sistema financiero, deudas cada vez mayores en las familias, burbuja inmobiliaria y gasto descontrolado, el sobrecalentamiento de la economía islandesa provocó un colapso total en octubre de ese mismo año, debido al hundimiento del sector bancario, que tuvo que ser nacionalizado.

Los bancos, no obstante, aún siendo los principales culpables, no fueron los únicos: Sus excesos habían sido apoyados por las políticas económicas de gobiernos neoliberales que, votados democráticamente por los ciudadanos, se mantuvieron en el poder durante una década, y, además, buena parte de la propia sociedad islandesa no solo no se opuso sino que aprovechó la expansión financiera para vivir y gastar muy por encima de sus posibilidades.

La rebelión

En enero de 2009 conmenzaron las protestas de miles de islandeses contra el Gobierno y el Banco Nacional, mientras se derrumbaba la economía, la inflación y el paro se disparaban, y la moneda alcanzaba mínimos históricos.

Las negociaciones entre Islandia, Holanda y el Reino Unido para que Reikiavik indemnizase a los ahorradores de estos dos países que perdieron sus inversiones con la quiebra del banco Icesave fracasaron en febrero de 2010, y, por dos veces, en marzo de ese mismo año y en abril de 2011, los islandeses rechazaron en referéndum la ley que habría permitido una indemnización de 3.700 millones de euros a los ahorradores británicos y holandeses.

Las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída del gobierno de coalición conservador-socialdemócrata. La izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y “rojiverdes”, gobierna con mayoría absoluta desde 2009 un país que negocia su entrada en la Unión Europea, complicada por la disputa que mantiene con el Reino Unido y Holanda.

Que cada palo aguante su vela

A diferencia de lo ocurrido en otros países europeos, con rescates millonarios de dinero público a la banca, en Islandia, cuando los bancos se desplomaron, se les dejó quebrar. En realidad, sus deudas eran tan grandes que tampoco había muchas más opciones.

Pero la cosa, sin embargo, no quedó ahí: Los responsables de la crisis, financieros y políticos, incluyendo al ahora exprimer ministro, Geir H. Haarde, fueron llevados ante la justicia, y cuatro banqueros, que ahora están libres a la espera de juicio, fueron encarcelados. Haarde se arriesga a una pena de dos años cárcel, después de que el Parlamento islandés diera luz verde al proceso, siguiendo el consejo del informe de una comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.

La receta del FMI, a la carta

En octubre de 2008, invitado por el Gobierno de Islandia, llega a al país el subdirector del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional, Poul M. Thomsen, para ofrecer al Ejecutivo la asistencia de este organismo. Como escribiría después el propio técnico, “la sensación de temor y el estado de shock eran evidentes; pocos países, o ninguno, había experimentado jamás un colapso económico tan catastrófico como ese”.

La primera preocupación del FMI fue, como de costumbre, la inflación. El Fondo temía que una depreciación desordenada del tipo de cambio fuese ruinosa para los hogares y las empresas, y que la retirada masiva de depósitos paralizara lo poco que quedaba del sistema financiero.

Finalmente, sin embargo, el FMI renunció a imponer sus recetas habituales y acordó con el Gobierno islandés, por un monto de 2.100 millones de dólares (casi 1.528 millones de euros), un programa que, en palabras del propio organismo internacional, “proporcionó el margen de maniobra necesario a las autoridades para determinar la mejor manera de hacer frente a los enormes desafíos y tareas pendientes, con la ayuda de los compromisos de préstamo de los países nórdicos y de Polonia”.

“Las autoridades -explicó Thomsen- se comprometieron a implementar las medidas acordadas, pero quisieron hacerlo a su manera. Uno de los objetivos primordiales del gobierno era proteger el estado de bienestar, y ese objetivo se ha cumplido”. Según dijo recientemente el ministro islandés de Economía, Árni Páll Árnason, “la cooperación con el FMI ayudó a preservar el modelo nórdico de bienestar de mi país”.

Medidas “poco convencionales”

El FMI admite que tuvo que utilizar “herramientas de política al margen del conjunto de herramientas tradicionales”, aunque, eso sí, se cura en salud y aclara que “esta combinación ecléctica de políticas ha sido eficaz en el caso de Islandia, pero no está claro si las enseñanzas aprendidas en este caso podrían aplicarse a otras regiones, como a la zona del euro afectada actualmente por la crisis”.

El plan acordado entre el Gobierno islandés y el FMI incluyó cuatro puntos fundamentales:

– Asegurar que las pérdidas de los bancos no sean absorbidas por el sector público (el Estado sí ha intervenido para garantizar que los nuevos bancos creados estén suficientemente capitalizados, pero quedó al margen de las enormes pérdidas del sector privado).

– Estabilizar el tipo de cambio, incluyendo “medidas no convencionales”, como controles temporales al movimiento del capital (una especie de ‘minicorralito’ financiero, para controlar el flujo de moneda y evitar la evasión de grandes fortunas).

– Retrasar el ajuste fiscal (consistente en tratar de recuperar la estabilidad económica mediante subidas de impuestos y recorte del gasto público), con el fin de “apuntalar la economía en un momento de grandes tensiones” (en 2009 se subieron finalmente algunos impuestos, como el de las personas físicas o impuestos especiales -alcohol, gasolina-, pero también se bajaron otros, como el de sociedades, para fomentar la inversión y la creación de empleo. Por otra parte, también ha habido recortes de gasto en sanidad, educación, pensiones y administración del Estado, aunque comparativamente mucho menores que en otros países afectados por la crisis).

– Reconstruir desde cero el sector financiero.

Los resultados

Las primeras consecuencias fueron muy duras: La mayoría de los productos que se consumen en Islandia son importados, de modo que cuando la moneda se devaluó, los precios (coches, comida, materiales para la construcción) se dispararon, al tiempo que disminuían los salarios, los cajeros automáticos no daban dinero y crecía el desempleo hasta niveles históricos. Y el grifo del crédito internacional se cerró.

En junio de 2011, sin embargo, el Gobierno islandés logró emitir bonos soberanos por un valor de 1.000 millones de dólares, lo que marcó el regreso del país a los mercados financieros internacionales.

Además, aunque el nivel de deuda pública (100% del PIB) es mucho mayor que antes de la crisis (28%), la aplicación de un programa de consolidación ha vuelto a poner a la situación fiscal del país en una trayectoria sostenible, según el propio FMI, y se ha reducido el nivel de endeudamiento privado (empresas y familias). Con respecto a los bancos, el valor de sus activos se ha reducido desde un 1000% a un nivel equivalente a alrededor del 200% del PIB, y ahora están totalmente recapitalizados.

Por otra parte, el paro, aunque sigue alto, empieza a frenarse y, lo que tal vez sea lo más importante para muchos islandeses, su red de seguridad social ha permanecido intacta.

Islandia ha sufrido una importante pérdida de nivel de vida, pero, de momento, ha logrado salir a flote y empezar a nadar sin que la parte más vulnerable de su población haya sido la principal víctima del esfuerzo. Y lo ha hecho a su manera.

Miguel Máiquez / 20 minutos

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