Una manifestación de 14.000 personas elevó este sábado su voz de protesta contra la ley antiinmigrante HB87 de Georgia, capital de Atlanta, al sur de Estados Unidos, instrumento que entró en vigencia este viernes y cuyo contenido criminaliza a los indocumentados.
La iniciativa denominada HB87 persigue a los empresarios que contratan trabajadores sin papeles y permite a la policía averiguar el estatus migratorio de cualquier persona detenida por otro delito.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes consideran esta normativa más represiva que la aprobada por las autoridades de Arizona (sureste) hace un año, y que generó gran controversia en el estamento político estadounidense.
Los organizadores de la manifestación calculan que cerca de 14 mil personas se dieron cita para demandar sus derechos, no sólo latinos sino también inmigrantes asiáticos.
“Nuestra esperanza es que los legisladores escuchen nuestro mensaje y que se abstengan en un futuro de presentar medidas antiinmigrantes y que revoquen la medida HB87 y otras leyes antiinmigrantes que han aprobado en años recientes”, aseveró la directora del proyecto de derechos de Inmigrantes y Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
La puesta en marcha este viernes de esta polémica norma coincidió con una singular protesta convocada por organizaciones civiles. Bajo el lema de un “día sin inmigrantes”, la comunidad afectada por esta iniciativa no salió a hacer compras, tampoco abrieron sus negocios ni ofrecieron sus productos y una gran mayoría tampoco acudió a sus trabajos, con el fin de mostrar el “poder económico” de la comunidad hispana en este estado.
Hasta ahora promulgaron medidas contra indocumentados en Carolina del Sur, Arizona (suroeste), Utah (sureste), Georgia (sur) y Alabama (centro sur), argumentando entre otras razones la falta de acción de las autoridades federales.
Muchas de estas normas permiten a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse directamente con oficiales del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.
Esta semana el Senado en Washington (capital) realizó la primera audiencia en 10 años de la propuesta conocida como DREAM Act que legalizaría a cerca de medio millón de jóvenes indocumentados bajo determinados requisitos, con fines educativos.
El gobierno federal estadounidense insistió en la necesidad de lograr una reforma integral de las leyes, pero los republicanos en la oposición se niegan a avanzar en el tema.
Telesur/PL/EFE