El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el supuesto desvío de fondos de la Junta de Andalucía por parte de UGT, ha puesto los focos sobre la organización de consumidores Facua como presunto colaborador en la trama fraudulenta. Según fuentes próximas al proceso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, está investigando, en concreto, si el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, podría haber falsificado facturas para que el sindicato obtuviera ayudas. Editorial: Cándido Méndez tiene que dimitir.

«Lo que se está intentando es demostrar el funcionamiento de la supuesta caja B mediante la emisión de facturas falsas o hinchadas, que el sindicato pactaba con sus proveedores de confianza, como Facua, y que posteriormente presentaba a la Junta para justificar subvenciones para formación de trabajadores y otros programas», aseguran estas fuentes.

La Guardia Civil ha hecho ya registros en Chavsa, una empresa dedicada al mobiliario de oficinas, en la agencia Viajes Macarena y en la imprenta Lienzo Grafico, una de las sociedades que imprimía la revista de UGT de Andalucía. Todas ellas, como Facua, están bajo sospecha por la supuesta falsificación de facturas.

Documentación para analizar

En el caso de Facua, la investigación se ha iniciado tras una denuncia presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias. Entre otros documentos, se están analizando correos electrónicos entre Lola Sánchez, responsable del departamento de compras del sindicato, que figura ya entre los detenidos, y el portavoz de la organización de consumidores.

La responsable sindical le habría pedido que modificara el concepto de tres facturas por la elaboración de la revista interna para poder endosar supuestamente el cargo a la Junta. El concepto inicial era «el coste del diseño y distribución de 193.000 revistas sobre Trabajo y Dialogo» y se sustituyó por el de «guías sectoriales y material didáctico», con lo que el sindicato pudo recibir las subvenciones estipuladas en VII Acuerdo de Concertación Social. Rubén Sánchez realizó estos trabajos a través de una empresa de su propiedad, Concepto 19, pero, según las fuentes consultadas, las sospechas de la Guardia Civil apuntan a que el entramado iba mucho más allá y que sería la organización la que estaría involucrada.

Cuando el portavoz de Facua dejó de imprimir las revistas, pasó a ser el encargado del «ensobrado, impresión de destinatarios, preparación postal y entrega en correos» y UGT contrató para la impresión a Lienzo Grafico. Esta última es una de las tres empresas cuyas sedes registró ayer la Guardia Civil en Sevilla.

Rubén Sánchez admitió ayer a este periódico que hizo trabajos para UGT y que le solicitaron cambiar los conceptos de las facturas, aunque desmiente tajantemente que «Facua haya tenido ninguna relación contractual con el sindicato» y niega además haber cometido ninguna irregularidad. De hecho, asegura que va a iniciar acciones legales contra Manos Limpias, tal y como ha hecho ya contra Luis Pineda, que actúa como letrado del sindicato en la causa. «Es lógico que se investigue porque hay una denuncia, pero no ha habido ningún tipo de ilegalidad», aseguró.

Declaraciones

Fuentes próximas a Manos Limpias aseguran, sin embargo, que «aunque Sánchez está intentando levantar una cortafuegos, la relación entre Facua y él es indisoluble y esa es la razón por la que no solamente le hemos denunciado a él, sino a toda la organización».

Por su parte, el juez dictó ayer auto de libertad con cargos para el gerente y un comercial de la empresa Chavsa, para el administrador de Viajes Macarena y para un representante de Lienzo Gráfico Impresores, empresas todas ellas radicadas en Sevilla.

El instructor, que los dejó en libertad después de que la Fiscalía Anticorrupción no solicitara ninguna medida cautelar para ellos, imputó a estos cuatro detenidos dos presuntos delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones.

Los cuatro imputados negaron haber elaborado «facturas falsas» para UGT-A, aseguraron que «actuaron dentro de la legalidad vigente» y que siguieron las «indicaciones, pautas y parámetros» marcados por el sindicato.

También quedaron en libertad con cargos otros tres empresarios: Miguel Ángel González, dueño de la empresa Karonte de Jaén, y Mónica y Diana Corredera, copropietarias de la empresa madrileña Publicar D&M. Esta es la empresa que suministró bolsos falsificados en Asia o facturó caramelos para la cabalgata de los reyes magos de Sevilla como acciones de prevención de riesgos laborales. Ambas han reconocido que por indicaciones de UGT-A cambiaban en ocasiones los conceptos de sus facturas, pero en ningún caso las inflaron.

https://selenitaconsciente.com