El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, acudió en la mañana de este martes a la sede de la Policía Judicial, en Nanterre, en las afueras de París, para ser interrogado sobre los supuestos delitos de tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción.

La investigación se centra en la financiación de la campaña electoral de 2007 del líder de la derecha francesa, representada por el partido Unión por el Movimiento Popular (UMP). A la UMP se le acusa de haber recibido dinero del exdictador libio, Muammar el Gadafi, y de haber obtenido fondos de la multimillonaria Lilianne de Bettencourt, dueña del imperio de cosmética L’Oréal.

Los jueces franceses pusieron al exmandatario bajo escucha telefónica durante meses. Sarkozy utilizó, según la acusación, sus contactos en la Magistratura para conocer cómo se desarrollaban las pesquisas sobre su persona. En concreto, los investigadores creen que Sarkozy prometió un puesto en Mónaco al juez del Tribunal Supremo francés Gilbert D’Azibert si éste obtenía detalles sobre la información  obtenida por la policía. Por ello los investigadores intentan determinar si él y su entorno crearon una «red» de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazaban al político conservador y jefe del Estado francés entre 2007 y 2012.

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Una medida inédita para un antiguo mandatario

Sarkozy, que sabía que sus conversaciones  privadas estaban intervenidas por orden judicial, utilizaba un teléfono con nombre falso para poder comunicarse con su abogado y sus contactos en la judicatura. Precisamentesu abogado, Thierry Herzog, fue detenido el lunes y se encuentra todavía en la sede de la policía judicial, junto a dos altos magistrados del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust,

Los agentes han puesto al expresidente en régimen de «garde à vue», una medida inédita para un antiguo mandatario y durante la cual está bajo la jurisdicción de la Policía judicial y con asistencia letrada, lo que permite interrogarle hasta 48 horas.

Se sospecha que Azibert, cercano al letrado del expresidente, recababa información de consejeros del Tribunal Supremo sobre los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó a Sarkozy al Palacio del Elíseo.

Imagen de la comisaría donde Sarkozy se encuentra detenido de forma provisional (Efe).

El enseñamiento de la Justicia

Tal y como publicó este diario, El “ensañamiento” judicial contra el expresidente se había convertido en un bumerán que ha impactado en plena frente del Gobierno de François Hollande. En marzo, el diario Le Mondepublicaba que la Policía había pinchado los teléfonos de Sarkozy y de su abogado, Thierry Herzog, por orden de un juez. El magistrado investigaba la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007 del candidato de la derecha por parte de Gadafi.

La izquierda se las prometía muy felices. Su principal enemigo para las presidenciales de 2017 era ya investigado por otros “escándalos”: su papel en el arbitraje que otorgó a Bernard Tapie 405 millones de euros de dinero público, en su conflicto con el banco Crédit Lyonnais; lassupuestas comisiones en la venta de armas a Pakistán cuando era responsable de Hacienda; o el caso Bettencourt, del que salió exonerado de haberse aprovechado de la anciana propietaria de L‘Oreal para financiar a su partido.

Muchos casos abiertos pero, hasta la fecha, ninguna prueba en su contra, como subraya Le Monde, lo que deja en evidencia la manía de algunos medios, entre ellos el propio Le Monde, por querer establecer paralelismos entre Sarkozy y Silvio Berlusconi.

El argumento del “ensañamiento” por parte de algunos jueces que denuncia la derecha francesa se vio reforzado con la revelación de las escuchas telefónicas al expresidente y a su abogado ordenadas por los magistrados. Destinadas a saber algo más sobre el asunto de la financiación libia, los policías encargados del espionaje descubrieron un supuesto tráfico de influencias. El juez Azibert habría informado al abogado de Sarkozy sobre los pasos judiciales en el affaire L’Oreal. A cambio, siempre supuestamente, Azibert habría pedido un enchufe para ocupar un puesto en el Consejo de Estado de Mónaco.

Pero lo que ha indignado a los abogados y a muchos otros jueces no es sólo que las escuchas duraran meses, como si se tratara de investigar a miembros de peligrosas bandas de delincuentes, terroristas o capos de la droga. Los despachos, el domicilio privado del abogado Herzog y el de sus familiares fueron registrados por los sabuesos lanzados por los jueces.

Periodistas ante las puertas de la comisaría donde está declarando Sarkozy (Reuters).

Desde un primer momento, el presidente socialista, Hollande, y su Gobierno dijeron no saber nada sobre la investigación. Querían así hacer ver que no existía persecución política en las decisiones de los jueces. La izquierda pretendía demostrar que los encargados de investigar los supuestos “escándalos” de Sarkozy lo hacen de manera independiente y no tienen que informar al Ejecutivo de cada decisión que toman.

Después de días negando conocer los detalles de las pesquisas y las escuchas, el exprimer ministro, Jean-Marc Ayrault, admitió que el Gobierno estaba al tanto de todo desde el principio. Contradecía así los solemnes desmentidos de la responsable de Justicia, Christiane Taubira, y de otros líderes de la mayoría. La propia Taubira, un día después, seguía insistiendo en que ella no era informada de cada trámite judicial. En esa rueda de prensa blandió dos documentos que se volvieron en su contra: los periodistas hicieron un zoom sobre los papeles que, precisamente, demuestran que la ministra mentía. La palabra mentira ya no fue sólo utilizada por los voceros de la derecha, sino por toda la prensa. El semanarioLe Canard Enchainé publicó documentos que invalidaban también la defensa de Taubira y demostraban que la ministra no decía la verdad.