En Baleares un alto cargo autonómico precisa como en cinco ocasiones entregó 20.000 euros de dinero sucio de la corrupción al consejero Cardona, en actos delictivos que sucedían en el despacho oficial del Gobierno balear de Jaume Matas. Cardona se enfrenta a una posible condena de 21 años de cárcel, una de las penas más altas solicitadas para un político en España por corrupción. Da igual: Matas sigue libre, aunque haya sido condenado. Hoy es Baleares, ayer Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, La Mancha… Quien esté libre de pecado… Pero las autonomías, aún quebradas por sus desmanes, seguimos pagándolas entre todos gracias a la respiración asistida que les brindan Rajoy y Montoro, con la complicidad de Rubalcaba y los nacionalistas, claro.
El ciudadano tiene derecho a saber a quienes paga, cuanto y por qué. Es lo mínimo exigible en una supuesta democracia. Listas de personas, sueldos y función, como en cualquier empresa con dos dedos de juicio. El Tribunal de Cuentas protege con el anonimato los abusos, en RTVE no se conocen los sueldos públicos de la plantilla porque al parecer hay periodistas con sueldos tan escandalosamente altos, fuera de mercado, que supondría un shock saberlo… Sobre todo a sus compañeros, claro. Ese mercado que tanto dicen defender no vale para ellos. Abusos delictivos con dinero público que quedan impunes de forma permanente, no hay manera de echar a un funcionario corrupto, desleal o irresponsable. ¿Entienden ahora por qué naufraga la democracia? Las élites se la han cargado y recuperar la decencia va a ser tarea hercúlea de los ciudadanos honrados.