La Compañía de Jesús, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, es una de las órdenes religiosas cristianas que más han sufrido los reveses de la historia. Preferentemente ocupada de las misiones y de la enseñanza, su labor misionera empezó con San Francisco Javier como nuncio del Papa en la India, y en 1588 ya disponía la orden de 144 colegios repartidos por toda Europa. Pero a mediados del siglo XVIII los acontecimientos cambiaron esa brillante trayectoria. La Compañía de Jesús, la mayor y más influyente orden religiosa de entonces, comenzó a verse salpicada por intereses socioeconómicos y políticos, propiciados por la preocupación que levantaba tanto en las esferas políticas como en la propia Iglesia, el desmesurado poder que la Compañía había alcanzado a todos los niveles.

Los jesuitas estaban demasiado informados de lo que ocurría como para no olfatear su próxima desgracia. En una sola noche, la del 2 al 3 de abril de 1767, todos los colegios, casas, residencias e iglesias pertenecientes a los jesuitas en España y en los dominios españoles de América fueron invadidos por las tropas del rey Carlos III. Los consejeros del monarca, el conde de Aranda y el futuro conde de Floridablanca, tuvieron que ver mucho en ello. Unos 6.000 jesuitas fueron detenidos, amontonados como sardinas en las bodegas de los buques de guerra españoles y transportados como ganado a los Estados Pontificios, donde fueron arrojados a la playa sin contemplaciones. El conjunto de la operación española, que había requerido catorce meses de preparación, fue un triunfo del espionaje secreto burocrático y la sutil precisión militar. Años antes, en 1759 y 1764, Portugal y Francia, respectivamente, ya habían hecho lo mismo. Poco después que España, los gobiernos borbónicos de Nápoles y Parma siguieron el ejemplo de nuestro país, y algo más tarde, también Austria. Todos expulsaron a los jesuitas y confiscaron sus posesiones. Ahora sólo faltaba que el papado liquidase la Compañía.

Cuando se reunió un cónclave para elegir a un nuevo Papa, la familia de los Borbones dejó claro que sólo aceptaría a alguien que se comprometiese a liquidar a los jesuitas. El cardenal Lorenzo Ganganelli, que dio garantías sobre este punto a los embajadores de las distintas cortes, fue elegido con el nombre de Clemente XIV, y como consecuencia de una presión sin precedentes terminó por expedir un documento papal titulado Dominus ac Redemptor en el que suprimía por completo la orden.

Los jesuitas fueron apelotonados como fardos en los muelles de los puertos de embarque. La pena de muerte pendía sobre sus cabezas si osaban regresar a España, y sólo les fue permitido llevar consigo sus objetos personales y un libro. Las naves estuvieron navegando muchos días sin rumbo fijo, al no ser aceptadas en los Estados Pontificios. El comandante de la ciudadela de Cività Vechia había recibido órdenes expresas del Papa de abrir fuego sobre las naves españolas si estas aparecían por el horizonte. Ante esto, los barcos tuvieron que amarrar en Génova.

Aquella orden de expulsión tardaría 51 años en ser revocada. Concretamente en 1814, mediante la bula Sollicitudo omnium Eclesiarum, promulgada por el Papa Pío VII, ya en tiempos del monarca español Fernando VII.

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