Llevamos meses viendo cómo el Partido Popular se ha convertido en el máximodefensor de medidas de regeneración democrática. Lo hicieron con una ley de transparencia que dista mucho de lo que se puede esperar de un país desarrollado como España, muy necesitado de recuperación de la confianza de los ciudadanos en los políticos y su buen hacer. Una ley que no garantiza el cumplimiento del principio de transparencia activa publicando toda la información que el ciudadano debe conocer y sancionando a los representantes políticos que lo incumplen.

A Mariano Rajoy le han entrado las prisas para cambiar nuestro sistema democrático, cambios que no buscan que los ciudadanos se sientan representados, ni luchar contra la corrupción, ni garantizar la rendición de cuentas de los representantes ante los ciudadanos. Aunque lo quiera enmascarar en medidas de regeneración democrática, lo único que busca es perpetuarse en el poder, pese a no cuente con el apoyo mayoritario de los ciudadanos para ello. Cualquier cambio que propone el PP va precedido de una simulación para comprobar cuál sería el resultado electoral después de su aplicación, cuando lo que debería llevar es una valoración de la aceptación ciudadana del mismo.

No nos debe sorprender esta actitud de Rajoy, que lo único que hace es seguir los pasos de su secretaria general de partido y presidenta en Castilla la Mancha, que escudándose en la crisis económica ha hecho varias reformas del sistema electoral en la misma legislatura, primero subiendo el número de diputados para posteriormente bajarlo, y siempre con el único objetivo de mantenerse en el Gobierno de la comunidad después de las próximas elecciones. No se puede descartar que, si las encuestas le dicen otra cosa, de aquí a final de legislatura pueda hacer un nuevo cambio.

Las demandas ciudadanas en reformas democráticas pasan por varias cuestiones: un sistema que les permita sentirse representados, la rendición de cuentas sistemática y permanente de sus representantes, una revisión de las instituciones que forman nuestro sistema, la posibilidad de participar activamente en las decisiones políticas, más allá de voto cada cuatro años, y la lucha contra la corrupción, entre otras. Por ello las reformas de nuestro sistema tienen que buscar una mayor implicación de los ciudadanos a la hora de decidir quiénes son sus representantes.

Eso se consigue a través de un sistema electoral con circunscripciones más pequeñas y donde los votantes tengan la decisión de quién les representa; también es necesaria la obligatoriedad del político de rendir cuentas periódicamente ante los votantes, sometiéndose a sus preguntas, críticas y propuestas, además de exponer su gestión; es importante revisar qué instituciones son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro sistema y cuál debe ser su papel en la sociedad en la que nos encontramos; no se puede olvidar la necesidad de modificar nuestro sistema parlamentario, para permitir en determinadas ocasiones la participación directa de los ciudadanos, quitando los muros, tanto físicos como figurados, que impiden a los ciudadanos acercarse a la sede de la soberanía popular, buscando espacios y procedimientos para su participación; y quizá una de las cosas más importantes, ser intransigente con la corrupción, poniendo las medidas adecuadas para que no se produzca y, en caso de darse, detectarlos con celeridad y atajarlos sin dudar.

El cambio que necesita nuestro sistema democrático es mucho más amplio que los pequeños matices que quiere introducir el Partido Popular, y que solo buscan perpetuarse en el poder. Por mi edad, ni yo ni gran parte de la población española pudimos vivir la etapa de la transición española, donde se definió nuestro actual sistema democrático, que apenas ha sufrido cambios en todos estos años de funcionamiento. Mientras, la sociedad ha ido cambiando, y a gran velocidad. Ese diseño, que se hizo con la participación de un grupo reducido de personas que hizo un gran trabajo, ahora necesita una revisión por los cambios que se han producido en nuestra sociedad en este tiempo. Los cambios que incluyamos en nuestro sistema debemos definirlos de una forma distinta a como se hizo en la transición. Ya no es suficiente con el consenso de los principales partidos políticos, ahora debe contar con el consenso ciudadano y su participación en el diseño.

Es impensable a día de hoy hacer cambios importantes en nuestra democracia de espaldas a los ciudadanos, como quiere hacer el Partido Popular. Estos procesos deben llevarse a cabo una vez eliminado el ruido que se produce en la época electoral, y evitando el riesgo de que se haga pensando más en el interés electoral del partido gobernante en cada momento que en el de los ciudadanos.