En estos días iniciales de setiembre, diferentes medios de comunicación han informado de que la Interpol buscaba a un niño británico «al que sus padres sacaron del hospital sin consentimiento médico». Así expresada, la noticia producía, al menos, cierta perplejidad; hasta donde uno conoce de estos asuntos, el «consentimiento médico» es imprescindible para ingresar en un hospital, pero la salida de él -salvo en los hospitales penitenciarios o en caso de riesgo para la comunidad- puede producirse por simple voluntad del enfermo o sus representantes, incluso en contra del criterio médico. El nombre técnico de esta salida hospitalaria es de suyo bastante expresivo: «alta voluntaria».

Parecía pues tratarse del rapto de un niño por alguno de sus progenitores que, por alguna razón, no gozarían de su custodia. Ante el hecho delictivo y, peligrando la salud del niño, los médicos del hospital habrían cumplido con su obligación, denunciando el rapto a la policía o a la autoridad judicial, quien habría dictado orden internacional de búsqueda y detención.

Sin embargo, algunos elementos claramente sensacionalistas en la información inducían a la desconfianza. Según el comunicado de la policía inglesa, la vida del niño corría grave peligro en horas si se agotaban las baterías del sistema de alimentación, lo cual es, sencillamente, una tontería. Tal vez sólo se trataba de una estratagema policial para motivar la colaboración ciudadana pero, en todo caso, la casi inmediata localización del niño y su familia en un hotel de Vélez-Málaga no cuadraba en absoluto con la actuación esperable en unos delincuentes raptores. O bien se trataba de unos majaderos o, simplemente, no habían considerado necesario esconderse, como así resultó ser.

La reacción de los presuntos delincuentes y su versión sobre los hechos han terminado configurando un suceso totalmente diferente al del hipotético rapto. El caso es que los King, padres de una numerosa familia entre la que se cuenta el pequeño Ashya, no parecen en absoluto unos irresponsables.

Angustiados, como cualquier padre responsable cuyo hijo padece un cáncer cerebral, no se resignaban al único tratamiento que le ofrecían -con pocas perspectivas de éxito, es de suponer- en el hospital de Southamton donde era asistido. Se informaron de otras posibles terapias y estimaron que el tratamiento con positrones era preferible a la radioterapia convencional a la que estaba siendo sometido Ashya. Según la versión de los King, el pequeño sufría un rápido deterioro y el médico responsable no sólo no consideraba adecuada la terapia con positrones, sino que al parecer mantenía una relación conflictiva con los padres: «el doctor me repite que si sigo cuestionando sus procedimientos llamará a seguridad y no podremos estar ni su madre ni yo junto a mi hijo». A la vista de lo actuado con posterioridad por ese médico, parece bastante verosímil que así hubiera ocurrido en efecto.

Es en estas circunstancias en las que los King decidieron sacar a su hijo del hospital «sin permiso médico», permiso que en todo caso no habrían conseguido, visto lo visto, para -sin dejar de proporcionarle personalmente los cuidados generales que recibía en el hospital para lo que, como han demostrado, se habían pertrechado de todos los elementos necesarios, incluidas las baterías- desplazarse a la costa andaluza con el objetivo de vender una propiedad y obtener los recursos necesarios para costear, fuera de Inglaterra, la terapia en la que confían.
Los hechos revelan una actuación evidentemente a favor del niño por parte de sus padres y, también hay que decirlo, una actuación médica de tinte claramente soberbio ante unos padres que osan «cuestionar sus procedimientos» y piden una terapia -no la intervención de un curandero o similar- que ese hospital no está en condiciones de ofrecer por el momento, pero que no debe ser descabellada toda vez que el Servicio Nacional de Salud inglés (NHS) ha previsto tenerla disponible para 1.500 pacientes en 2018 mediante una inversión de 316 millones de euros.

Los padres de Ashya, que no puede esperar a 2018, han pretendido simplemente sufragar con su propio patrimonio lo que el NHS ni les financia ni pone a su disposición. Y sin embargo, esta conducta, meritoria incluso, ha terminado dando con ellos en la cárcel de Soto del Real, separados de su hijo que, a buen seguro, si todavía es capaz de experimentar sentimientos, estará triste, confuso y más abatido aún por ello. Tal vez tenga alguna explicación procedimental pero no puede encontrarse fácilmente la razonabilidad de una decisión judicial que, pretendiendo supuestamente el bien de un menor, lo separa de sus padres en un momento crítico en que el mundo a su alrededor ha cambiado completamente de la noche a la mañana. ¿Acaso pensó el juez que esos padres se fugarían abandonando a su hijo en el nuevo hospital para eludir la acción de la justicia?

Intencionalmente, no he sacado a colación la condición de Testigos de Jehová de los King. Me resisto a pensar que haya tenido alguna influencia en los hechos, pero no ignoro que para demasiados miembros de las sectas dominantes -léase religiones verdaderas– los de las minoritarias, especialmente los Testigos de Jehová, son radicalmente sospechosos de fanatismo.

Ignoro si habrá sido la motivación profunda de alguno de los intervinientes en este penoso asunto; desde el médico al juez español que ha procedido al encarcelamiento. Lo que no dudo es que el obstáculo que ha terminado por impedir el derecho que moral y legalmente asiste a los King para decidir libre y razonablemente lo que consideran mejor para el hijo del que son responsables, es la actuación de un médico autoritario, que se cree claramente en posesión de una moral superior y más interesado en el bienestar de un niño que sus propios padres.

Este tipo de médico, que en un artículo reciente he descrito como «médico a caballo», está logrando últimamente una enorme capacidad de hacer daño provocando la intervención judicial en asuntos que no presentarían ningún conflicto si tales médicos se limitasen a cumplir las leyes y la misma deontología. El peligro no es teórico: los jueces no suelen tener, lógicamente, criterios para valorar situaciones médicas y no suelen cuestionarse la petición de un médico para actuar a favor de un enfermo.

No hace tanto tiempo desde que, en nuestro país, la familia de María Antonia Liébana tuvo que soportar la intervención de un juez, a instancias de la médica encargada, ordenando la colocación de una sonda a una paciente en coma. Tanto la crónica periodística como el relato de uno de sus hijos deberían servirnos como toque de atención para la movilización ciudadana.

Semejantes médicos deberían sentir claramente en sus personas el rechazo social; empezando por el de sus colegas. Y, ya puestos a pedir, sería muy de desear que los jueces se informasen adecuadamente antes de tomar decisiones que producen, por un lado, daño y, por otro, un efecto de refuerzo de tales conductas médicas aberrantes. Espero que la resolución de este desgraciado caso termine con la denuncia y condena de ese médico a caballo inglés.

Nota final: al concluir este artículo me llega la noticia sin confirmar de que Ashya y sus padres han podido reunirse en el hospital en que se encuentra actualmente. Parece que de algo ha servido la movilización ciudadana de apoyo.

http://www.huffingtonpost.es/fernando-soler-grande/los-padres-de-ashya_b_5764120.html?utm_hp_ref=sociedad