• Amnistía denuncia «la prohibición total del aborto por parte del Gobierno salvadoreño»

• Pide a las autoridades que lo despenalicen para acabar con la represión hacia las mujeres

La encontraron tendida en el suelo del aseo de la fábrica donde trabajaba. Estaba sangrando. Pero cuando llegó al hospital, María Teresa Rivera -madre soltera de 28 años- no fue tratada como una enferma sino como una sospechosa. La policía comenzó a interrogarla sin la presencia de un abogado. Había sufrido un aborto espontáneo, aunque ella desconocía que estuviera siquiera embarazada. En julio de 2012 fue declarada culpable de homicidio agravado y condenada a 40 años de cárcel. María Teresa ingresó en prisión cuando su hijo apenas tenía cinco años y recuperará su libertad con su pequeño convertido ya en un adulto.

En El Salvador, donde el aborto está totalmente prohibido, las mujeres y niñas declaradas culpables de interrumpir sus embarazos pueden ser condenadas a entre dos y ochos años de cárcel, aunque en algunos casos, cuando son acusadas de homicidio agravado, la pena puede llegar hasta los 50 años.

«La represiva y desfasada prohibición total del aborto por parte del Gobierno está destrozando las vidas de mujeres y niñas en El Salvador, empujándolas a abortos inseguros y clandestinos u obligándolas a llevar a término peligrosos embarazos», denunciaAmnistía Internacional (AI) en un informe -‘Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador’– presentado este jueves.

El Salvador prohibió el aborto en todas las circunstancias en 1998. Hasta entonces, abortar era posible en los supuestos ético, terapéutico y eugenésico. Tan sólo entre 2005 y 2008 hubo más de 19.000 interrupciones del embarazo en el país centroamericano, según el Ministerio de Salud y más de una cuarta parte de las mujeres que abortaron tenían menos de 18 años.

Aunque estas cifras resultan escalofriantes, el caso que dio la vuelta al mundo tiene nombre propio, aunque éste sea ficticio: Beatriz. Esta joven de 22 años con lupus y una enfermedad renal fue sometida a una cesárea, después de que el Tribunal Supremo de El Salvador le denegara la posibilidad de abortar, pese a que el bebé que esperaba era anencefálico (no tenía cerebro) y terminó muriendo poco después. Su periplo por los tribunales llevó a organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional e incluso a la ONU a pedir al Gobierno salvadoreño que reconsiderara su legislación sobre el aborto.

Severos castigos

«La terrible represión que sufren las mujeres y niñas en El Salvador es realmente espeluznante y equiparable a la tortura. Se les niega su derecho fundamental a decidir sobre su propio cuerpo, y se les castiga duramente si se atreven a hacerlo» asegura Salil Shetty, secretario general de AI. «Lo terrible es que la prohibición se extiende incluso a casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro, lo cual significa que las mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término el embarazo en condiciones de seguridad se enfrentan a un dilema de imposible solución: si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a morir», añade Shetty.

En El Salvador, con la mayor tasa de embarazos de adolescentes de Latinoamérica, el acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos es casi imposible, según denuncia la organización defensora de los derechos humanos.

Cristina sufrió un aborto espontáneo a los 18 años. Sintió un dolor punzante en su vientre y se desmayó. Cuando recobró el conocimiento en el hospital, lo primero que le preguntaron fue: «¿Por qué mataste a tu hijo?» La joven lo negó pero la policía la acusó de haberse provocado un aborto. Aunque en un principio la acusación fue retirada por falta de pruebas en octubre de 2004, la Fiscalía apeló y, en agosto de 2005, fue condenada a 30 años de prisión.

De nada sirvió que la causa de la muerte no quedara clara. «No sabían por qué había muerto el bebé. Entonces, cómo es posible que se me acusara de homicidio agravado por la muerte de mi hijo sin ni siquiera tener pruebas fundamentales». El fiscal argumentó, sin embargo, que Cristina tenía que haber hecho más para salvar al bebé, pese a que perdió el conocimiento. «¿Cómo iba yo ahí desmayada en el suelo a salir corriendo hacia el hospital con mi bebé?», asegura Cristina, a la que se le conmutó finalmente la pena tras permanecer cuatro años en prisión.

Abortos clandestinos

La restrictiva legislación salvadoreña ha llevado a muchas mujeres y niñas a someterse a abortos clandestinos. «Se practican unos 4.500 abortos clandestinos al año según cifras no oficiales», asegura la defensora de los derechos de la mujer, Alejandra Burgos, en una entrevista con EL MUNDO.

De acuerdo a las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 11% de las mujeres y niñas que se someten a un aborto clandestino en El Salvador mueren. Los métodos más empleados para poner fin a los embarazos van desde ingerir raticidas u otros pesticidas, introducir por el cuello del útero agujas de tejer, trozos de madera y otros objetos cortantes y tomar misoprostol, un medicamento empleado para tratar las úlceras que se usa también para inducir abortos. En algunos casos, la desesperación y la falta de respuestas lleva a algunas mujeres embarazadas a atentar contra su propia vida. Un 57% de las muertes de jóvenes embarazadas en El Salvador entre los 10 y los 19 años son por suicidio.

La ley no contempla ningún supuesto en el que el aborto esté permitido, «aunque llevar a término el embarazo pueda tener efectos devastadores para las mujeres tanto física como psíquicamente», denuncia Amnistía, que pide a las autoridades que acaben con una ley que «está matando a mujeres y niñas condenándolas a años de cárcel».

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