La compra de otra casa provoca un nuevo escándalo en torno al patrimonio del presidente de México, Enrique Peña Nieto

El diario estadunidense The Wall Street Journal reveló este martes la identidad del empresario que vendió al mandatario mexicano su residencia de descanso ubicada en el balneario de Ixtapan de la Sal, al sur del Estado de México.

Se trata de Roberto San Román Widerkehr, quien según el periódico ha recibido contratos de obra pública por más de US$100 millones.

El nuevo escándalo se suma al reciente de la compra de una mansión por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera a otro contratista del gobierno.

Varios medios mexicanos republicaron las historias de la mansión, llamada Casa Blanca.

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La misma empresa de la casa de la primera dama vendió una propiedad al actual secretario de Hacienda Luis Videgaray en el pueblo de Malinalco, también en el Estado de México.

«Pública y notoria»

Como en todos esos casos, la Presidencia de la República rechaza que en la compra de la casa de descanso exista conflicto de interés, pues asegura que no hay nada irregular en su compra, ni tampoco en la asignación de los contratos a la compañía de San Román.

«Dicha casa la ha utilizado de forma pública y notoria», se señala en un comunicado de la Presidencia, en el que se recuerda que la propiedad fue incluida en las declaraciones patrimoniales del mandatario, incluso desde que fue gobernador.

El centro del escándalo no es la casa -cuya existencia es efectivamente conocida en México desde hace varios años- sino la relación de los gobiernos que ha encabezado Peña Nieto y el empresario que se la vendió.

La familia San Román y Peña Nieto mantienen una relación personal desde hace varias décadas, reconoce la Presidencia, e incluso algunos medios señalan que un hijo del empresario es padrino de primera comunión de la hija mayor de Enrique Peña.

Apenas se conoció de la propiedad se publicaron descripciones del sitio donde se encuentra, en el Club de Golf del pueblo de Ixtapan de la Sal, un tradicional balneario de aguas termales.

De acuerdo con la información de prensa el complejo donde se ubica la casa tiene 400 hectáreas de terreno. La propiedad presidencial mide 2.138 metros cuadrados de construcción.

El lugar tiene un club de golf profesional con 18 hoyos, helipuerto, parque de montaña, un lago artificial y villa para invitados.

Asuntos de transparencia

Más allá de la polémica, especialistas como Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ven un nuevo caso de conflicto de interés, pero también un problema grave de transparencia en el gobierno.

«Habla mucho de la debilidad de las instituciones mexicanas para obligar a los gobernantes a rendir cuentas, transparentar sus activos», dice a BBC Mundo.

De acuerdo con The Wall Street Journal la casa fue adquirida en 2005, cuando Peña Nieto tenía unas semanas de asumir el gobierno del Estado de México.

En ese tiempo una de las empresas de San Román Widerkehr, Constructora Urbanizadora Ixtapan, sólo había obtenido contratos menores con el gobierno estatal.

Luego ganó varias licitaciones para construir carreteras, hospitales y el estacionamiento del aeropuerto de Toluca.

Desde 2012, cuando Peña Nieto asumió la presidencia del país, la compañía ha obtenido contratos de obra pública con el gobierno federal.

The Wall Street Journal asegura que antes de esa fecha el consorcio de San Román nunca había ganado licitaciones federales.

Pero el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, dijo a medios locales que el consorcio sólo ganó doce licitaciones de entre miles que se han realizado desde el inicio del gobierno.

Aclaraciones

En respuesta al diario estadunidense la Presidencia de México aclara que la asignación de contratos de obra pública no es responsabilidad directa del mandatario.

«Las empresas mexicanas o extranjeras que cumplan los requisitos legales pueden participar en los procesos de contratación con el Gobierno Federal», indica.

«La constructora a que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos», dice el comunicado.

«Al Presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos».

Una explicación que no le parece suficiente a Ernesto Villanueva, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

«Es cierto que el presidente no asigna las licitaciones pero es el jefe de quien lo hace de manera directa, es decir los titulares de la administración federal que tienen esas actividades», dijo a BBC Mundo.

¿Corrupción?

«Más que un problema de corrupción, que la hay en muchos países del mundo, lo que marca a México es un régimen de impunidad», afirma Juan Pardinas.

Y el investigador Villanueva completa: «No tenemos una ley que regule la corrupción y el conflicto de interés. Lo que existe es la Ley de Servidores Públicos con dos problemas: primero que es regulada por un subordinado del vigilado, el secretario de la Función Pública que nombra el presidente», explica.

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«Y segundo que las sanciones que contempla son de risa: amonestación privada o pública, e inhabilitación temporal o definitiva».

Por eso es que no se ha investigado el aparente conflicto de interés sobre el origen de las propiedades de Peña Nieto, coinciden los especialistas.