Los once magistrados del Tribunal Constitucional han acordado este lunes, tras hora y media de debate, suspender la resolución por la que la semana pasada el Parlamento de Cataluña dio inicio al proceso de secesión unilateral y han dado el primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas solicitadas por el Gobierno, como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria.
Según informa Europa Press, el tribunal de garantías ha requerido a la presidenta del Parlament Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la cámara a que, en el plazo de 20 días, informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas por el propio Constitucional en diciembre y el pasado 19 de julio «a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas» en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.

El Pleno del TC ha acordado además notificar personalmente a Carme Forcadell y al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán, su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignorasen esa suspensión. Así, ha advertido que a todos ellos «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

Ruptura unilateral

El pasado miércoles, el Pleno del Parlament aprobó, con los únicos votos de Junts pel Sí y la CUP, las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. Ese texto fue pactado una semana antes por los grupos independentistas y reitera la apuesta por una desconexión del Estado con carácter unilateral. El documento subraya que el «marco jurídico constitucional y legal español» no deja margen para «el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán», de modo que la única vía para ejercerlo es la «desconexión» y la «activación de un proceso constituyente propio».

El informe aprobado describe, además, tres fases hacia la independencia: el proceso participativo, la «desconexión con el Estado español» y la «convocatoria de elecciones constituyentes» para formar una asamblea que redacte una constitución que fuera finalmente aprobada en un referéndum. Esa Carta Magna catalana comenzaría a trabajarse en un «foro social constituyente» con participación directa de la ciudadanía, mientras que en la fase de desconexión las conclusiones establecen que se hará caso omiso del «control, suspensión o impugnación» de cualquier otro «poder, juzgado o tribunal».

Advertencia del TC

El Tribunal Constitucional, por su parte, ya advirtió en un auto el pasado día 20 de julio que las instituciones catalanas debían paralizar cualquier iniciativa que conculcara la Constitución española, e indicó que las conclusiones de la comisión«contravenían claramente» anteriores resoluciones del tribunal de garantías. En concreto, el auto recordaba a «los poderes implicados» y «sus titulares», y en especial a la Mesa del Parlament, que tenían la «responsabilidad» de «impedir o paralizar cualquier iniciativa» que, como esta, diera continuidad a la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015, también en suspenso.

El Gobierno central, por su parte, abrió el pasado viernes la puerta a que Forcadell se enfrente a responsabilidades penales por tramitar la resolución sobre la «desconexión» de Cataluña, pues suya fue la decisión de aceptar incluir en el orden del día del Pleno del Parlament la votación sobre las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. El Ejecutivo también solicitó al Constitucional que remita a la Fiscalía las «vulneraciones» que se han cometido sobre resoluciones anteriores, y que declarara nula y dejara en suspenso de forma inmediata la decisión de la Cámara autonómica.