La Fiscalía General del Estado presentó el martes su memoria, en la que analiza los delitos cometidos en el Estado español durante el pasado año.

 En el ámbito de la violencia de género, los datos reflejan ha habido 129.292 denuncias por violencia machista en 2015. De ellas, solo el 0,0015% han resultado ser falsas.

El número de denuncias ha aumentado en un 1,9 % respecto a 2014.

Han sido 354 denuncias por agresiones machistas cada día. Y según la memoria, de esas 130.000 denuncias se declararon falsas por condena un total de dos.

 Ocho más están en proceso de tramitación y otras ocho se sobreseyeron.

Estos datos acreditan que el mito de las denuncias falsas es eso, un mito, una falsedad que se lanza para crear confusión y para cuestionar a las mujeres.

Además, el informe refleja que en 2015 murieron más mujeres por violencia de género -62 frente a las 58 en 2014-.

De las mujeres asesinadas, 48 no habían presentado ninguna denuncia previa. Respecto a la nacionalidad de las víctimas, 39 fueron españolas y 23 extranjeras.

 La Fiscalía asegura que se ha incrementado la «brutalidad» de los medios empleados o en la forma de dar muerte a la víctima, consecuencia de que el agresor busca «infligir un daño intenso y profundo».

Además, las personas fallecidas en el entorno de la víctima el pasado año ascendieron a 11, siete de ellas menores de edad, y 53 niños y niñas quedaron en situación de orfandad, «otra manifestación más de los graves daños que ocasiona la violencia sobre las mujeres».

El 68,82% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima y sólo un 2,4% por parte de familiares. Según la Fiscalía, «llama la atención el escaso porcentaje de denuncias por servicios sanitarios y terceros en general».

La Fiscalía pide analizar las causas por las que se producen «tantas» denegaciones de órdenes de protección y pone de relieve «las diferencias tan exageradas» que existen entre comunidades autónomas e, incluso, entre los partidos judiciales.

El informe pone de manifiesto la existencia de reticencias entre los jueces y las juezas a considerar casos de violencia de género como tal.

 “Se ha constatado que la violencia se produce tanto en relaciones de pareja de hecho, como en los matrimonios, en relaciones afectivas sin convivencia, escenarios en los que se producen semejantes situaciones de dominio, control, humillación y maltrato psicológico y físico del varón sobre la mujer, que constituye la esencia de la VG y que sin embargo los jueces con frecuencia no consideran que sea posible la aplicación de la agravante de parentesco, resistiéndose a nuestro entender a interpretar los preceptos del CP y el propio espíritu de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, LOMPIVG) a las nuevas realidades que se presentan, posiblemente a estas situaciones límites podrá serles aplicada la agravante de género recientemente introducida en nuestro CP”.

Otro aspecto que ya se había ido apuntando años anteriores y este se ha manifestado de forma evidente es la “violencia de género digital”, especialmente entre adolescentes y jóvenes pues las redes sociales constituyen el principal medio de comunicación entre ellos y este instrumento también es muy útil para controlar, vigilar, presionar o desprestigiar a una persona, aprovechando además el anonimato y la gran repercusión que la red tiene.