Arranca el curso en Francia y regresa la protesta contra la controvertida reforma laboral del gobierno de François Hollande. Este jueves, hay convocadas más de un centenar de manifestaciones en todo el país y un llamamiento a la huelga en parte del sector público (Correos y transportes) y privado (con paros de Air France, los controladores aéreos o los trabajadores del sector audivisual).

Se trata de la décimocuarta jornada de protestas desde marzo, con la diferencia de que, esta vez, la ley ya ha sido aprobada: tras algunas modificaciones que rebajaron el durísimo tono inicial y varios debates agrios en la Asamblea Nacional, el 21 de julio fue adoptada por el gobierno y el 9 de agosto, publicada en el boletín oficial de Estado.

La que empezó siendo conocida como Ley El Khomri ─en referencia a la ministra de Trabajo, Myriam Al Khomri─) se ha convertido oficiosamente en una ley Valls, pues ha sido el primer ministro, Manuel Valls, el que la ha defendido con uñas y dientes ante una sociedad civil mayoritariamente opuesta, unos sindicatos en pie de guerra, un parlamento dividido y una parte del propio partido socialista en contra, haciéndola pasar por decreto no una ni dos, sino tres veces, mediante el polémico artículo 49.3, que exime al gobierno del aval parlamentario.

Pese a este revés, los sindicatos no se dan por vencidos y vuelven a salir a las calles contra una reforma que, mientras para el gobierno galo favorece el empleo y la competitividad, para los actores sociales supone el mazazo definitivo a los derechos de los trabajadores.

Tras pasar por el Consejo Constitucional, que eliminó algunas disposiciones menores, el texto final prevé, entre otros cambios, priorizar los convenios de empresa sobre los acuerdos sectoriales, ampliar de la ─hasta ahora sacrosanta─ semana laboral de 35 horas hasta las 48 e incluso 60 horas semanales, reducir el pago de las horas extras y relajar las condiciones de despido por motivos económicos.

“Una ley que era mala en primavera sigue siendo mala en otoño”, ha repetido hasta la saciedad en los últimos días Philippe Martinez, líder de la CGT, primer sindicato por número de delegados en Francia. Entre los convocantes, que exigen la “abrogación pura y simple” del texto, se encuentran cuatro importantes sindicatos interprofesionales, (CGT, FO, FSU y Solidaires) y los principales estudiantiles (UNEF, UNL y FIDL).

Este jueves, que anuncia lluvia en buena parte de la geografía francesa, pondrá a prueba el poder de convocatoria de los actores sociales, que ya asumen un descenso de la participación. “Esta es una nueva etapa”, admite a Público Céline Verzeletti, dirigente nacional de la CGT, que ve lógica una menor asistencia por la desmovilización del verano.

La última jornada de protesta, el pasado 5 de julio, logró congregar, según los sindicatos, a 45.000 personas en París y 100.000 en toda Francia (unas 7.000 en la capital y 30.000 en todo el país, según las autoridades), cifras, en todo caso, a años luz de las alcanzadas en el punto álgido de las movilizaciones el 31 de marzo, 1,2 millones de manifestantes, según los sindicatos, y 224.000, según la policía.

Las centrales sindicales, especialmente la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO), contemplan recurrir al Consejo Constitucional con cuestiones como la ampliación de la semana laboral y el despido por motivos económicos, que no fueron examinados por ese organismo en agosto. También miran al Tribunal de Justicia Europeo, y por último, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que el Gobierno no les consultó antes de redactar la ley, tal y como prevé la convención de la ONU.

Por otra parte, del texto actual, 127 medidas requieren un decreto que debe ser validado por el Consejo de Estado para ser aprobadas, decretos de aplicación sobre los que también pretenden batallar. “Seguimos presentes en tres frentes: las calles, las empresas y la justicia, y los conjugaremos al mismo tiempo”, afirma Verzeletti.

Las organizaciones sindicales alegan que esta es una ley “ultraminoritaria” y los sondeos están de su parte: según las últimas encuestas de finales de julio, el 70 % de los franceses se muestra en desacuerdo con la adopción definitiva de la reforma.

El lunes, la prefectura de policía autorizó la principal manifestación en París, que partirá de la plaza de la Bastilla a las 14.00 horas y concluirá en la emblemática plaza de République. Fue allí donde se gestó y eclosionó en marzo del año pasado Nuit Debout, un movimiento donde confluyeron sindicatos, estudiantes y ciudadanía, marcando la generalización de las protestas. Hoy en la plaza quedan pocas huellas de ese 15M a la francesa, pero parte de sus promotores pretenden reavivar el movimiento, que vivió su apogeo en marzo y en abril y languideció hasta apagarse en verano.

La amenaza de la violencia, presente en casi todas las manifestaciones de los meses pasados, y la generalización de la represión policial, planean sobre las nuevas movilizaciones en un país que continúa en estado de emergencia desde los atentados yihadistas en París de noviembre de 2015.

Céline Verzeletti arremete contra la criminalización de las protestas por parte del Gobierno destinadas, según la dirigente sindical, a “desactivar la movilización social”. Las cuestiones en materia de seguridad están tomando “demasiado peso” en la política nacional, opina, lamentando que sirvan para ocultar la problemática social.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales, que ya ocupan un espacio importante en el debate público en Francia y con el Ejecutivo galo bajo mínimos de popularidad, “el Gobierno está en una apuesta continua para mostrar su determinación”, ya sea en el plano de la seguridad o en el económico, “mostrándose de paso cada vez más liberal”, considera la sindicalista.

De momento, esta nueva jornada de movilizaciones contra la reforma del trabajo en Francia, la única prevista hasta ahora por los sindicatos, servirá para tomarle el pulso a la contestación social.