España y Portugal se echan en cara, por escrito, el uso del agua de dos de los ríos que comparten: el Tajo y el Guadiana. La preparación de los planes hidrológicos portugueses ha revelado una serie de agravios que ambos países esgrimen sobre la gestión del agua, según los documentos redactados por la Agencia Ambiental Portuguesa y contestados por el Ejecutivo español. En medio de la disputa, los perjudicados son los propios ríos.

Ambos países se acusan mutuamente de abusar del agua que después tiene que fluir tras la frontera. Portugal señala en su informe ambiental como «principales problemas» la «muy elevada tasa de uso en la cuenca española del Tajo sobre todo por la intensificación del regadío» y subraya particularmente el trasvase Tajo-Segura.

La Confederación Hidrográfica del Tajo –dependiente del Ministerio de Medio Ambiente– replica a Portugal: «No puede afirmarse que en la parte española, considerada de forma global, se dé una muy elevada tasa de uso de agua». Solo admite un «estrés hídrico alto» en el área cercana a Madrid.

Sobre el trasvase al Segura, España admite que puede suponer una tensión para la cuenca alta pero que, como está situado mucho antes de la frontera, «dicha presión en la parte portuguesa requiere de una evaluación más amplia».

Otra de las quejas que plasma el documento luso es la falta de aportaciones que le llegan una vez que el río cruza a su territorio. Estiman que el volumen de agua es entre un 30% y un 50% inferior al cauce natural. Medio Ambiente vuelve a negar esos cálculos. Se pregunta cómo han llegado a esa conclusión las autoridades portuguesas y los reduce a un 29% de media.

Sobre la contaminación del agua, Portugal se atreve a insinuar que está preocupada por el riesgo de radiación: «Controlar cualquier eventual radiactividad (…) potencialmente originada en la central nuclear situada cerca de la frontera», redacta. No la nombra pero se trata de Almaraz, en Cáceres.

Aquí, la Confederación del Tajo se pone menos diplomática en sus alegaciones. Sugiere que, como Almaraz está «a más de 100 kilómetros de la masa de agua portuguesa más cercana (…) se elimine cualquier referencia» a que la central supone un problema.

«Crimen ecológico»

El responsable de Aguas de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, considera que esta pelea se deriva del convenio de Albufeira firmado por España y Portugal en 1998 para distribuir las aguas transfronterizas. «Es bastante negativo para Portugal ya que, básicamente, reserva mucho para España a cambio de que se llevara adelante el proyecto del embalse portugués de Alqueva sobre el Guadiana».

Alqueva es la presa más grande  de la península y la segunda de Europa. 4.300 hm³ de capacidad. El mayor en España, La Serena, se queda en los 3.200. Para Martín Barajas, se trató de un «crimen ecológico» porque anegó 35.000 hectáreas de suelo de dehesas de encinas e incluso una cola se comió 3.500 hectáreas de territorio español. «Había incluso una colonia de cigüeña negra pero como Portugal quería construir el Alqueva…», se queja el ecologista.

Lo curioso es comprobar cómo se vuelven las tornas cuando se leen los documentos relativos al Guadiana. La confederación española se queja de que la evaluación del plan redactada por Portugal no reconoce «como relevantes las presiones principalmente cuantitativas y cualitativas del uso del recurso en Portugal sobre unas aguas que retornan a España». Porque el Guadiana discurre 140 kilómetros por el país luso antes de dibujar la frontera entre ambos estados.

Las alegaciones españolas repiten el concepto «alta tasa de utilización del agua» que, esta vez, achacan a Portugal. El Gobierno menciona, precisamente, el embalse de Alqueva, al que se le adscriben 160.000 nuevas hectáreas de regadío y el abastecimiento del desarrollo turístico del Algarve y el Alentejo portugueses. A esta presa le atribuye la Confederación del Guadiana problemas de volumen de agua río abajo, en el estuario.

Discrepancia más política que técnica

Para el investigador del Instituto Imdea Agua y director académico del Foro de la Economía del Agua, Gonzalo Delacámara, «las discrepancias son muy políticas, más que técnicas». Delacámara, que considera el convenio de Albufeira «razonable», explica que «la serie de agravios» que se tiran unos a otros reflejan «los problemas internos no resueltos».

Se refiere a que «si los portugueses se quejan de la captación de agua en el acuífero 23 del Guadiana o del Trasvase Tajo-Segura pueden tener razón pero son cuestiones que derivan de una perspectiva tribal del agua que se vincula a un territorio. Y el agua es de la cuenca entera».

En este sentido, el investigador analiza que la política, por ejemplo, del Tajo en España es «esquizofrénica» porque «tiene que aportar agua hasta Lisboa pero, al mismo tiempo, tiene que enviar aportaciones a la cuenca del Segura».

En lo que sí coinciden Martín Barajas y Delacámara es en que los mayores perjudicados de esta manera posesiva de gestionar son los propios ríos. Para el ecologista, «la Administración portuguesa es tan ambientalista como la española», dice irónicamente. Delacámara subraya que es preciso aceptar que existen conflictos no resueltos para «abordar los desafíos que plantea este tema». Si no, añade, salen perdiendo «tanto los ecosistemas como los ciudadanos que dependen de ellos».