El impuesto al automóvil sobre el CO2 vuelve a cobrar protagonismo en Cataluña después de varios meses de olvido. Y es que la Generalitat quiere acelerar la puesta en marcha de este nuevo tributo que lleva casi medio año ya de retraso en su puesta en marcha; un impuesto que gravará a todos los vehículos en circulación en función de sus emisiones de dióxido de carbono pero que resulta a todas luces injusto, pues recauda solo en función de las emisiones que tienen homologadas los turismos y no según la utilización que se haga y las emisiones que de ello se derivan.

Porque un vehículo puede estar sin apenas circulación y otro de similares características continuamente circulando, por lo que este impuesto no grava en realidad sobre lo que contaminan por uso, sino que lo hace de forma directa sobre todos los vehículos. Un impuesto directo más que ha puesto en alerta a las diferentes patronales por el impacto negativo que puede tener en las ventas en una comunidad autónoma, la catalana, que es la segunda de España por volumen de matriculaciones.

Y es que las patronales de los fabricantes de coches (Anfac), de los concesionarios (Faconauto) y de los vendedores de Cataluña (Fecavem)han rechazado este nuevo impuesto sobre emisiones de dióxido de carbono de los vehículos en esa comunidad autónoma con el argumento de que podría producir una caída de las ventas. En un comunicado, las patronales citadas, junto a la patronal Foment del Treball y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, han advertido de que este impuesto «perjudica al sector y a la actividad económica de Cataluña, ya que puede producir una sensible reducción de las matriculaciones en territorio catalán».

Estas organizaciones han presentado alegaciones y observaciones en este sentido al anteproyecto de ley de la Generalitat de modificación de la Ley 16/2017 del Impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica, pendiente de aprobación, y que fija un pago por parte de los propietarios de vehículos en función de los niveles de emisión de estos gases.

«Añadirle verdaderos criterios medioambientales»

A su juicio, la mejor manera de conseguir la reducción de emisiones es «transformar el impuesto de circulación para añadirle verdaderos criterios medioambientales, enfocados al uso del vehículo y comunes en todos los territorios». Hasta que no sea posible modificar el impuesto de circulación, las patronales del sector de la automoción plantean que el nuevo impuesto no afecte a los vehículos nuevos, de menos de cuatro o cinco años de antigüedad.

Esta propuesta «no frena la compra de vehículos más nuevos y eficientes» y penaliza a aquellos vehículos más contaminantes, con lo que están convencidos de que se conseguiría una renovación progresiva del parque de automóviles. La vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta Blázquez, ha señalado que «el nuevo tributo no conseguiría los objetivos medioambientales que persigue, ya que penaliza la posesión del coche, y no el uso, cargando además a los catalanes que precisamente han adquirido vehículos más eficientes». En cualquier caso, las diferentes patronales plantean al menos que, si entra en vigor, todo lo recaudado se destine a fomentar la renovación del parque automovilístico.

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