Campesinos que se oponen al proyecto Conga hacen vigilia en una de las lagunas que serán afectadas en las alturas de Cajamarca Crédito: Cortesía del diario La República

LIMA, 26 dic (IPS) – El rechazo popular de la norteña región de Cajamarca al proyecto aurífero Conga revivió un debate postergado en Perú: la debilidad de los estudios de impacto ambiental de la actividad minera.

En respuesta a esa polémica, el nuevo ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, anunció un plan para enfrentar el problema, mientras despidos de técnicos en la cartera de minería ponen en duda el alcance de los cambios.

«El sistema de evaluación ambiental debe ser fortalecido para que genere más confianza», dijo a IPS el ministro Pulgar. Su cartera debe cumplir un rol más activo, estimó y ofreció para los primeros días de enero una propuesta inicial para mejorar el proceso.

En las zonas mineras de este país, las protestas por daños ambientales o por el temor a que sucedan tienen costos sociales muy elevados.

El reporte de noviembre de la Defensoría del Pueblo señala que existe 151 conflictos sociales activos en las 25 regiones del país, y más de 57 por ciento están vinculados a problemas socioambientales.

La misma Defensoría contabilizó 191 muertos en conflictos sociales durante el gobierno de Alan García (2006-2011).

Pulgar dijo que aún se está analizando en qué parte del proceso de evaluación ambiental debe tener participación su cartera. Es que, en Perú, es el Ministerio de Energía y Minas el que está encargado, a la vez, de promover las inversiones mineras y de evaluar y aprobar los estudios de impacto.

El presidente Ollanta Humala, investido en julio, anunció el 18 de diciembre que se reestructurarían las oficinas de evaluación de estudios de impacto ambiental para evitar protestas como las que estallaron contra el proyecto Conga en Cajamarca.

El contundente rechazo de los pueblos cercanos al área del proyecto de la minera Yanacocha, alegando que arruinaría cuatro lagunas de agua dulce, obligó al gobierno a comprometerse con un peritaje internacional del estudio de impacto ambiental que había sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en octubre de 2010.

Yanacocha –que ya explota la mina homónima, considerada la más grande de América del Sur– pertenece en 51,35 por ciento a la estadounidense Newmont Mining Corporation, en 43,65 por ciento a la peruana Compañía de Minas Buenaventura y en cinco por ciento a International Finance Corporation.

Debido a las protestas, el Ministerio del Ambiente revisó nuevamente el estudio ambiental de Conga y concluyó que solo dos de las cuatro lagunas que desaparecerían serían vaciadas para extraer el oro, y las otras se usarían como depósito de desmonte.

El proyecto tampoco contaba con un estudio hidrológico e hidrogeológico detallado, fundamental para prevenir filtraciones tóxicas ocasionadas por la actividad minera. Tampoco se hizo un análisis integral de las microcuencas que podían ser impactadas y no se informó sobre Conga a todos los pueblos que se verían afectados.

Pese a los anuncios de reforma del proceso de evaluación, el Ministerio de Energía y Minas acaba de despedir a tres técnicos de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros que habían declarado improcedentes varios estudios presentados con graves deficiencias.

Estos técnicos rechazaron un estudio de impacto ambiental de un proyecto de depósito de relaves de la minera Cobriza, que opera la compañía estadounidense Doe Run. En su informe final del 3 de octubre, fundaron la decisión en que la empresa había iniciado la construcción del depósito antes de presentar el estudio para su evaluación, lo cual es ilegal.

Doe Run es responsable de la grave contaminación de la central ciudad andina de La Oroya.

Este mismo equipo despedido declaró improcedentes otros estudios ambientales de un proyecto de expansión de una planta de la compañía peruana Volcán en la región central de Pasco. Análisis médicos realizados en 2005 y 2007 habían determinado que más de 80 por ciento de los niños vecinos de la empresa tenían más de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Fredesbindo Vásquez, que condujo la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros entre 2007 y 2009, dijo a IPS que la falta de respaldo y seguridad laboral de la mayoría de técnicos que evalúan estudios ambientales entorpece «el trabajo ético y transparente», imprescindible para controlar la actividad económica más rentable de este país.

La minería es la principal fuente de divisas de Perú y deja grandes utilidades a las compañías. Entre 2007 y 2010 las principales firmas del sector lograron ganancias por encima de los 31.000 millones de dólares, según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.

Vásquez aseguró que la Dirección General recibe muchas presiones políticas y empresariales. Por eso, opinó, lo más conveniente es que sea transferida al Ministerio del Ambiente.

Ahora, unos 20 técnicos se encargan de analizar los estudios ambientales del sector minero, mientras 41 consultores externos son pagados directamente por las empresas. Esta modalidad fue adoptada para agilizar el proceso de revisión. Pero, en opinión de expertos como Vásquez, todo debería quedar en manos de profesionales del propio ministerio.

Hasta junio de 2010, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros tenía 378 estudios ambientales congelados que ingresaron entre 1993 y junio de 2010. Posteriormente, sus directores anunciaron avances en el descongestionamiento del «cuello de botella».

Vásquez, un ingeniero agrícola con 40 años de experiencia en el manejo de agua en la minería, asegura que el mayor riesgo son las filtraciones tóxicas subterráneas que pueden alterar las fuentes de agua, muy frágiles y de las dependen la mayoría de las poblaciones de los Andes.

«Estos ecosistemas son de alta vulnerabilidad. La gente vive en condiciones adversas en la sierra, donde usualmente el Estado no le garantiza los servicios básicos, y solo tiene el agua como único bien para desarrollar sus actividades y sobrevivir», describió Vásquez.

«Si ven que hay otra actividad que les quita la única opción que les queda, van a defenderla como un sobreviviente en el desierto», aseguró.

Un informe de la Dirección General de Asuntos Ambientales, presentado en julio de 2010 a unos 80 empresarios, reveló que varios estudios de impacto ambiental subestiman los daños al agua y el aire.

En el documento, difundido por el equipo de investigación IDL-Reporteros, se señala que las evaluaciones de impacto ambiental no suelen incluir un inventario de manantiales, puquiales (nacientes de agua andinos) o bofedales (humedales de altura) que podrían ser afectados, y tampoco analizan los efectos acumulativos en las fuentes hídricas.

Pero el informe oficial reveló algo más grave: varios estudios ambientales elaborados por las consultoras que contratan las compañías, tienen párrafos íntegros copiados de otros informes.

En su entrevista con IPS, el ministro del Ambiente estimó lógicas las observaciones a los estudios, pues analizan proyectos, no cuestiones definitivas, y sostuvo que la cartera de energía y minas está evaluando a las consultoras que trabajan para las empresas mineras.

Para Vásquez, no debe aprobarse ningún estudio ambiental que no garantice la prevención de riesgos y no cuente con análisis hidrogeológicos detallados, como sucedió con Conga y con Tía María, en la región sureña de Arequipa, que dejó varios muertos y heridos antes de que las autoridades lo declararan inadmisible.

El estudio de impacto ambiental del proyecto cuprífero Tía María recibió 138 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

La no gubernamental Red Muqui evaluó también ese estudio y alertó sobre el manejo hídrico, debido a que la propuesta de la empresa Southern Peru Copper de extraer agua del acuífero de la playa El Sombrero, ha sido «poco estudiada», aseguró a IPS la ingeniera agrícola Mirella Gallardo, quien participó en esa revisión de la sociedad civil.

Pero, en forma paralela a la elaboración de estudios ambientales sólidos, Vásquez estimó que ya es hora de que empresas y Estado actúen con respeto y consideración hacia las poblaciones que rodean millonarias explotaciones y que, paradójicamente, viven en extrema pobreza.

«Esa es la única forma» de que «se instale la confianza en la población y se gestionen los conflictos», apuntó.

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