Por ahora no hay nada definitivo. En estos momentos la información que llega a la prensa es que el Tribunal Supremo está haciendo una revisión a fondo de si es adecuado o no que los ordenadores de cualquier contribuyente sean espiados. En el caso de tomar una decisión favorable a este recurso, tanto Hacienda como los jueces del orden contencioso-administrativo tendrían la oportunidad de bucear en tus equipos y espiar tu actividad.

Una sociedad que evoluciona

Los españoles cambian con el paso de las décadas la forma en la que hacen su vida, gestionan su día a día y almacenan sus datos. Hacienda no se quiere quedar atrás y es consciente de que un giro de volante en cuanto a las leyes de privacidad podría favorecer a que tengan más control sobre las actividades económicas de los contribuyentes. De ahí que se haya solicitado al Tribunal Supremo que tome cartas en el asunto, para lo cual, de momento, se ha admitido un recurso de casación. El resultado de ello será una decisión que determinará si es posible o no que los dispositivos que hay en los domicilios de los ciudadanos sean espiados.

Pero, eso sí, es importante tener en cuenta que, sea cual sea la decisión del Tribunal Supremo, no se dará libertad absoluta para que se espíe ni analice el contenido de los ordenadores. Solo será en aquellos casos en los que pueda resultar de interés dentro de una investigación relacionada con un procedimiento tributario. Al margen de este tipo de situación, la ley seguiría tal y como se encuentra establecida en estos momentos. No obstante, todavía hay más cosas que se tienen que explicar.

Espionaje justificado o sin justificar

Esta es una de las claves de las decisiones que tiene que tomar el Tribunal Supremo. En el caso de que se acepte la medida solicitada por parte de Hacienda, todavía habrá que ver si el acceso a los ordenadores, a los datos que hay dentro de los mismos y a los datos a los que se puede acceder desde ellos, tiene que estar justificado o no.

En el caso de mantenerse lo estipulado actualmente en la Constitución, más exactamente en los artículos 18.1 y 18.3, las autoridades tributarias no podrán hacer una revisión de los ordenadores sin presentar una justificación que cumpla con tres factores: que sea un razonamiento individualizado, específico y que, además, resulte totalmente explícito. Si se aprueba la medida de espionaje con esta condición, significaría que las investigaciones es probable que avancen con más lentitud y que, en muchos casos, Hacienda no llegue a tener la oportunidad de analizar los datos de los ordenadores.

Los magistrados insisten en remarcar la importancia que tiene la forma en la que la sociedad evoluciona y cómo ahora los ciudadanos deberían tener unos derechos digitales privados que se respeten. Eso garantizaría que, por ejemplo, las autoridades no solo no podrían consultar los discos duros de los ordenadores, sino que tampoco podrían conectarse a los servicios en nube conectados a ellos. Ahora que cada vez se vive más confiando en la nube para muchos de los datos privados, se hace especial hincapié en cómo el Tribunal Supremo debería actualizar la forma en la que se establece la protección de los ciudadanos.

Pero todavía es pronto para saber cuál es la decisión que va a tomar el Tribunal Supremo sobre si se mantendrá la privacidad de las comunicaciones que se refleja entre los derechos de la Constitución o si habrá un cambio para favorecer a que Hacienda lleve a cabo sus investigaciones tributarias. Tampoco habría que descartar un punto medio como sería que se permitiese la revisión de los equipos, aunque aportando esa justificación explícita de la que hemos hablado antes.