Madrid activa este lunes 15 de enero las sanciones de tráfico de varios sistemas de vigilancia cuya instalación y periodo de prueba, con avisos pero sin multas económicas, se ha alargado varios meses. La más significativa atañe a los vehículos especialmente contaminantes, catalogados como categoría A o sin etiqueta, que circulen por el interior de la M-30 o por la propia vía sin estar registrados en la ciudad.

Los turismos con clasificación ambiental A (los de diésel matriculados antes del año 2006 o de gasolina previos al año 2000) pertenecientes a las categorías por criterio de utilización 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno) tienen prohibido desde enero de 2022 circular por todos los barrios de Madrid situados en el interior de la M-30. Es la conocida como almendra central, catalogada como Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Dicha prohibición se extendió a la propia M-30 el 1 de enero de 2023. Pero, en la práctica, faltaban dispositivos para controlar de forma más eficiente todas las entradas y salidas indebidas.

El área de Movilidad del Ayuntamiento no culminó hasta el pasado mes de septiembre la activación de las 257 cámaras que velan por el cumplimiento de estas limitaciones a vehículos contaminantes dentro de la M-30 y en la propia vía. Una vez completada su colocación y su encendido, el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida concedió una moratoria de otros cuatro meses en la que todavía no se ejecutaban multas. Los conductores de los vehículos cazados susceptibles de sanción recibían, eso sí, una notificación informativa y si eran interceptados por agentes sí estaban ya sujetos a multas.

Así, la materialización de las sanciones llega dos años después del inicio de la prohibición en el interior de la M-30 y un año después en el caso del paso por la autovía de circunvalación. Su puesta en marcha se ha retrasado considerablemente respecto a los plazos previstos para el primer contrato (el de las cámaras del interior), licitado en 2021. El segundo contrato, para los sistemas de la M-30, se firmó el pasado diciembre y debería haber estado operativo en marzo, según los pliegos del acuerdo. Pero finalmente va a entrar en periodo de pruebas medio año después. Dicho periodo se extendió cuatro meses en lugar de los dos habituales por la “complejidad” del sistema, según el Ayuntamiento.

Desde Cibeles han defendido que se estaba controlando la entrada de coches contaminantes al interior de la almendra central mediante 15 cámaras colocadas en semáforos, instaladas hace años para evitar que los conductores se saltaran el disco rojo. Lo hizo desde mayo de 2022, cinco meses después de la entrada en vigor de las primeras restricciones. Este sistema fue tachado de “coladero” por Más Madrid, ya que los vehículos de etiqueta A podían evitar fácilmente pasar por estos puntos y circular por el resto de calles de la capital.

En la actualidad, estos semáforos estaban imponiendo en torno a un centenar de multas diarias, según datos aportados por el concejal de Movilidad, Borja Carabante. Durante los primeros meses de sanciones esta cifra llegaba a los 267 vehículos altamente contaminantes cazados al día, según cifras aportadas por el mismo edil. El consistorio no ha facilitado cifras sobre el número de sanciones interpuestas por efectivos de la Policía Municipal en controles sobre el terreno. Las multas son de 200 euros, que se quedan en la mitad si el infractor se acoge a la modalidad del pronto pago.

El pasado año transitaron por la M-30 un total de 374 millones de vehículos, un 3,8% menos que en 2022. Se trata de una media de más de un millón de trayectos al día: 1.140.000 los días laborables y cerca de 788.000 los festivos. El descenso coincidió con el récord de usuarios registrados por EMT Madrid, que superó los 454 millones de viajeros transportados en 2023 (un 21,8% más que el año anterior); el encarecimiento del precio del combustible y la incidencia del teletrabajo en los patrones de movilidad.

Todavía sin multas en las cámaras fuera de la M-30

Donde sí continúa el periodo de aviso es en el resto del término municipal madrileño. Desde este 1 de enero de 2024 está vigente la prohibición de que los coches de etiqueta A no registrados en Madrid circulen por el conjunto de la la ciudad, pero más allá de la M-30 no habrá sanciones económicas hasta el próximo 1 de julio (salvo en controles policiales).

El Gobierno de Almeida trabaja en desplegar otras 207 para controlar la circulación fuera de la almendra central, para un total de 464 de estos aparatos. A esta cifra que hay que sumar los 37 fotorrojos (sistemas de control instalados en semáforos) que se distribuyen por toda la capital. El 1 de enero de 2025 llegará la última fase de esta normativa para reducir los niveles de contaminación cuando estas restricciones se extiendan también a los vehículos de clasificación A registrados en Madrid.

La adquisición e instalación de las cámaras y el resto de elementos del sistema han sido financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Se ha contado con una subvención de 5,7 millones de euros provenientes de las ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones del Plan de Recuperación y Resiliencia. La financiación se ha obtenido a través del Ministerio de Transportes.

Pero la ejecución del proyecto ha despertado críticas en la oposición. El concejal socialista Ignacio Benito lamenta los problemas con los avisos de esta ZBE generalizada en toda la ciudad, con señales que han permanecido tapadas hasta esta misma semana: “Muchos días después de su entrada en vigor, todavía existía un grave problema con la señalización vertical al acceder al término municipal procedente de autovías o carreteras autonómicas. En su gran mayoría no estaban instaladas o se encontraban tapadas. Los conductores que accedían irregularmente a la ciudad podían hacerlo desconociendo que están vulnerando una norma vigente. Aunque las cámaras no sancionen hasta mediados de año, la Policía Municipal puede multarles ya por acceder indebidamente, dejando a estos conductores en una situación de indefensión”.

“Teniendo en cuenta que estos plazos fueron aprobados en la Ordenanza de Movilidad Sostenible del 13 de septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido dos años y cuatro meses para anticipar una correcta señalización de la ZBE. Que cada entrada a la periferia de Madrid tenga o no señales, y estas se encuentren tapadas o no, demuestra que Almeida y Carabante son los Pepe Gotera y Otilio de la gestión municipal”, añade el edil del PSOE.

El radar de tramo más largo de la ciudad, a pleno rendimiento

El mecanismo de control que sí está ya operativo es el radar de tramo (más bien un conjunto de radares) en la calle Sinesio Delgado, situada en el distrito de Mocloa-Aravaca. Instalado el pasado 15 de septiembre en seis puntos de ambos sentidos de la vía a lo largo de 1,8 kilómetros, tiene como objetivo reducir la velocidad en el recorrido controlado para disminuir la siniestralidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La velocidad límite en la zona es de 50 kilómetros por hora, con multas de entre 100 y 600 euros en caso de que se rebase esa cifra, además de la pérdida de entre 2 y 6 puntos del carné.

Desde el momento de su puesta en marcha, el número de infracciones se ha reducido un 66,7%. Entre el 15 y el 30 de septiembre, la media de infracciones diarias fue de 843, mientras que en diciembre esa cifra se quedó en 281.

Además de ser el dispositivo de esta índole más largo de Madrid, es el único que cuenta con controles de velocidad intermedios para captar los vehículos que entran por las vías de acceso. La cámara de inicio en sentido Ciudad Universitaria está ubicada a pocos metros de la glorieta Piedrafita de Cebrero, a la altura de la zona deportiva de Ganapanes. El final del tramo está localizado poco antes de la intersección con la avenida de Miraflores, mientras que el punto de control intermedio se ubica a la altura de la intersección con la calle Valdeverdeja.

Respecto al sentido de la calle que va hacia Castellana, el inicio del radar de tramo se encuentra poco después de la intersección de Sinesio Delgado con la avenida de Miraflores. El final se sitúa antes de llegar a la glorieta de Piedrafita de Cebrero y el punto de control intermedio se ha instalado en la intersección de Sinesio Delgado con la calle Doroteo Benache.

La medida atiende a una demanda expuesta por los vecinos del distrito y ha supuesto un gasto de 95.000 euros, de los que 80.000 han sido financiados por la Unión Europea también con los fondos Next Generation EU. Como en el caso de las cámaras que controlan a los coches contaminantes, estos últimos cuatro meses las multas se habían postergado en favor de notificaciones informativas dirigidas a los domicilios de los conductores. Pero el periodo de gracia ya ha terminado.

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