«No solo me debe más de 23.000 euros de alquiler, sino que es que encima los propietarios tenemos que seguir pagándoles los suministros mientras se ríen en nuestra cara, y esto no puede ser —dice indignada—. Como decimos aquí en Galicia, no se puede desnudar a un Santo para vestir a otro. No es mi responsabilidad lo que haga esta señora, porque a nadie le importa si yo tengo para comer«.

Al igual que otros tantos afectados, Pilar insiste en que es el Estado el que debe decidir si quiere ayudar o no a quienes considere vulnerable, pero «no puede convertir a los particulares en su escudo social». Por eso, exige al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios que deroguen el polémico decreto antidesahucios cuanto antes; un decreto que, además, tampoco atiende a injusticias que claman al cielo.

«Mi inquiokupa ha rechazado hasta tres viviendas que le han ofrecido los Servicios Sociales —explica mientras nos muestra el documento que así lo corrobora—. ¿Y eso no es razón más que suficiente para que el juez la eche de mi casa? ¿De verdad tengo que seguir aguantando que se ría de mí? ¿Qué tengo hacer? ¿Encadenarme en el juzgado? ¿Pegarme un tiro? Porque es que ya se te pasa de todo por la cabeza, porque esto, psicológicamente y emocionalmente, te deja hecha una mierda —dice sin rodeos—. ¿Quién va a querer alquilar su piso en estas condiciones? Ya se lo digo yo: nadie»

Cuando la solidaridad sale cara

Su historia se remonta al año 2019. «Apareció esta señora con su hija, que de aquella tenía 11 años, y nos dijo que, como era marroquí, nadie le alquilaba una vivienda, así que como mi marido era muy sensible, decidió alquilársela por 370 euros al mes«, recuerda Pilar. El precio era irrisorio para un piso situado en el centro de La Coruña, y más si se tiene cuenta que, como apunta la propietaria, acababan de reformar el piso por completo. «Calefacción y todo. Todo nuevo», subraya.

En enero de 2020, sin embargo, se quedó sin empleo y empezaron los problemas. «La Xunta de Galicia le pagó tres meses, pero luego dejó de pagar», explica Pilar, que incluso cuando su marido falleció —en mayo de ese mismo año—, le dio una segunda oportunidad. «Como el contrato lo había firmado con él, me pidió que le hiciera yo uno a mi nombre y accedí», lamenta. Lejos de agradecérselo, se aprovechó de la situación e incluso que se enfrentó a ella. «Yo siempre traté con tu señor, tu señor ya no está y yo ahora no puedo pagarte y no me voy a ir debajo de un puente con mi hija«, le dijo.

Pilar, que se acababa de quedar viuda y solo tenía su pensión para salir adelante, trató de hacerla entender que su situación tampoco era fácil. «Mira, yo ahora estoy sola, necesito el piso o que me pagues, pero si no, te tienes que ir«, le explicó de la mejor manera posible. La propietaria contaba con que se resistiera, pero no con lo que realmente sucedió: «Me dijo literalmente ‘te voy a joder la vida y no te voy a pagar y no me voy a ir’, y así llevamos camino de cinco años».

¿Una persona vulnerable?

Desesperada, ya en 2021, Pilar la denunció por impago. Entre tanto, descubrió que sí estaba trabajando y se puso en contacto con ella para preguntarle si iba a empezar a pagarle todo lo que le debía, pero aquello solo sirvió para empeorar las cosas. «Su respuesta fue que, si la volvía a llamar, me denunciaba y que, mientras el juez no lo ordenase, no me iba a pagar nada».

Finalmente, la Justicia le dio la razón a Pilar y fijó una fecha de lanzamiento. Sin embargo, su ya inquiokupa se declaró vulnerable, acogiéndose al polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. En 2022, hasta los Servicios Sociales constataron que ya estaba trabajando y cobrando un sueldo de 1.100 euros y que, por tanto, no se encontraba «en la misma situación de exclusión social», pero tampoco eso sirvió de nada.

Ni siquiera el hecho de que estos mismos profesionales certificasen que le habían facilitado todo tipo de ayudas económicas y hasta varias alternativas habitacionales hizo cambiar de opinión al juez. «Fueron varias las viviendas ofertadas, visitadas y vistas y todas fueron rechazadas por la interesada», reza el informe al que ha tenido acceso Libre Mercado.

Arruinada y desesperada

«Y nadie lo obliga a irse. Nadie la echa. El juez no hace nada y yo ya no puedo más», insiste Pilar entre la rabia y la desesperación. Ella misma ha presentado un informe que certifica que su propia situación también ha cambiado y que, por motivos de salud, necesita el piso para vivir cerca de sus hijos, pero tampoco eso para ser una razón de peso. «Yo tengo reconocida la Ley de Dependencia y tengo un informe de Servicios Sociales en el que dice que mi hijo sería mi cuidador y vive a 50 kilómetros de mí, pero el juez ni lo mira», denuncia.

Por si fuera poco, además de no poder recuperar su piso ni percibir ni un solo euro por él, la propietaria tiene que seguir pagando la tasa de basuras y el agua que consume su inquiokupa, unas facturas que le han costado el embargo. «Me debe más de 23.000 euros solo de alquiler, pero es que, además, hay una deuda de más de 1.000 euros de agua que me negué a pagar, porque estoy hasta el moño de no cobrar nada y pagar todos los gastos de ese piso: comunidad, seguro, agua, basura, derramas… Todo. Todo a cambio de nada. Y yo nunca tuve deudas a mi nombre, siempre fui una persona cumplidora, pero es que llega un momento en el que ves que se están riendo de ti», se justifica indignada.

El problema es que las consecuencias no las sufre su inquiokupa, sino ella: «El Concejo de La Coruña me obliga a pagar el canon del agua, que lo han separado del recibo, así que en diciembre me ha llegado el primer embargo de la pensión». La inquiokupa le pide ahora 10.000 euros para irse, pero Pilar ni siquiera se lo plantea: «Para empezar, porque no los tengo, y no voy a pedir un préstamo para pagar a esta sinvergüenza que lleva cinco años riéndose de mí».

El mensaje al Gobierno

Con todo, la propietaria se dirige directamente al Gobierno para que se ponga en su lugar y se de cuenta de que, lo sea o no, el peso de ayudar a una persona vulnerable nunca puede recaer sobre un particular: «Yo soy una persona mayor que vive de una pensión, una pequeña propietaria que tan solo tiene un piso en alquiler que me lo llevan confiscando cinco años. He tocado todas las puertas y todo son buenas palabras, pero nadie hace nada y yo no tengo por qué cargar con una familia que no es la mía ni mantener a una señora que tiene 40 años y que está en edad de trabajar y de buscarse la vida. ¿Por qué la tengo que mantener yo? Y, además, es que en todo este tiempo nunca ha tenido voluntad de pagar, porque podía haber dicho ‘no te puedo pagar todo, pero te voy a ir pagando’ y jamás lo ha hecho«.

En este sentido, Pilar recuerda, además, que, a pesar de que el Gobierno asegura que hay una partida para compensar a los propietarios, el dinero nunca llega: «Yo lo he pedido y me dicen que no hay dinero para pagarme, ¿pero sí hay dinero para pagar a esta mujer todas las ayudas que recibe? De verdad que esto es indignante. Precisamente por eso, esta gallega ha fundado junto a otros afectados Aprovij, la Asociación de Propietarios contra la Inseguridad Jurídica, algo que no solo arruina a cientos de propietarios en toda España, sino que también dificulta cada vez el acceso a una vivienda en alquiler. «Porque yo insisto: ¿quién va a querer alquilar su piso en estas condiciones?».