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Uribe Velez con uno de sus candidatos »eunucos» Oscar Ivan Zuluaga
De manera increíble aún se encuentran quienes piden a gritos que regrese la ‘’seguridad democrática’’.
Se les olvida que él es solamente un vil instrumento de la burguesía transnacional capitalista que ha dominado el mundo con su método imperialista de expansión, dominación y explotación.
Este imperialismo que no le ha importado masacrar miles de contradictores que puedan resultar o presentar amenazas para su expansión.
Recordemos al dictador de Indonesia Suharto 1965-66 en donde con el apoyo de los EE.UU principalmente, fueron asesinados más de 500.000 opositores la mayoría simpatizantes y militantes comunistas, como un método para prevenir la ‘’expansión comunista’’ en el lejano oriente cuando la guerra de Vietnam se encontraba en su plenitud.
Venían los EE.UU. de apoyar el golpe que sube al Sha en Irán en 1953.
El impulso y apoyo a los golpes militares en Grecia, Turquía y Chipre entre 1964-68. También por el apoyo a las dictaduras militares en Suramérica: Argentina 1966-83, Brasil 1964, Paraguay 1989 y 2012, Uruguay 1973, Perú 1992 autogolpe de Fujimori, Ecuador 2010 intento, Bolivia 56 golpes desde 1934, Guatemala 1954, Honduras 2009, El Salvador 1979, Nicaragua con Somoza desde 1937 y Chile con Pinochet en 1973.
En 1968 el 62% de Latinoamérica, África, Medio Oriente y Asia Sur Occidental, estaban gobernadas por dictaduras militares.
Todas ellas patrocinadas y apoyadas por los EE.UU y la CIA. En Latinoamérica de manera especial, se implementó el ‘’Plan Cóndor’’, para coordinar las cúpulas de los regímenes dictatoriales del cono sur de américa -Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador- y con la CIA de los EE.UU. llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. Resaltemos la actividad en torno a Chile, por su apoyo a la derecha chilena, quienes días antes del golpe militar en septiembre 11 de 1973, pintaban las paredes de las ciudades chilenas con la frase: ‘’Ya viene Yakarta’’ en alusión a la masacre en Indonesia casi diez años atrás.
Álvaro Uribe Vélez es resultado de este sector de clase emergente producto del anticomunismo clerical, unido al narcotráfico y que se vinculan a la burguesía capitalista tradicional en Colombia, los cuales no escatiman esfuerzos, métodos, ni recursos para mantener su hegemonía de clase.
Es nuestra obligación recuperar la memoria histórica para impedir que la memoria de papel que nos ha acompañado, que ha sido maquillada por unos medios al servicio de la burguesía capitalista, quienes abiertamente han convertido a este ex-presidente reaccionario, corrupto, violento, intransigente, asesino, dictadorzuelo, ligado directamente al narcotráfico y paramilitarismo, en otro personaje para canonizar, muchos colombianos creen que es otra Madre Laura, que castiga sólo para salvar almas.
Regularmente, en los noticieros de la TV y a diario por sus tuiteres se ve al presidente Uribe en sus peroratas en contra de todos y todo lo que no le guste.
Ayer contra Pastrana o Santos, hoy contra Maduro pero siempre en el sentido de ganar audiencia y mantener el protagonismo que le impidió su fracasada segunda reelección, a los cuales hacen eco los medios con el fin de que se siga impidiendo reconocerlo como el enemigo de clase de los obreros, trabajadores y pueblo colombianos.
Colombia es el único país en el mundo en donde casi cien parlamentarios uribistas y exfuncionarios de sus 8 años de gobierno están en la cárcel, o investigados por participación en actividades con bandas terroristas paramilitares, corrupción, clientelismo, negocios ilícitos y el Estado sigue funcionando de lo más de bien.
Y lo ilógico para cualquier ciudadano sensato desde el mismo Estado y su Congreso se están tramando leyes para seguir bloqueando la acción Judicial, el ocultamiento de los negociados, los desmanes de los militares y evitar la restitución de tierras a más de 4 millones de desplazados o la reparación de las familias los cientos de miles asesinados.
Hasta el momento han evitado el juzgamiento por crímenes de lesa humanidad a los paramilitares, quienes en EE.UU. o en Colombia solamente están siendo acusados de narcotráfico o de enriquecimiento ilícito, mientras sus bandas criminales continúan realizando las tareas cotidianas de negocios de narcotráfico y asesinando a los líderes en las restituciones que intenta la justicia, junto a la extorsión, chantaje, secuestro y asesinato de integrantes de organizaciones de derechos humanos, dirigentes sindicales, populares y periodistas que les denuncien.
Hugo Martínez Poveda, ex general de la policía, estuvo al frente de la persecución y muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Por tal acto es considerado héroe nacional. El 3 de septiembre 2008, en la emisora bogotana W Radio fue entrevistado. Aunque bastante cuidadoso en sus respuestas, afirmó:
“Sería bueno repasar la historia y mirar los organigramas del cartel de Medellín, cómo eran, quiénes eran los que apoyaban a Pablo Escobar (…) en la prensa, en la política, en el gobierno, en la policía, en el ejército, porque los apoyos venían de todas partes.”
El periodista le pregunta “¿dónde está ese organigrama, quién tiene esos papeles?”
– Pídale eso al servicio de inteligencia de la policía. Si aún conservan los archivos, eso está ahí.
– ¿Y usted recuerda el nombre de alguno de esos personajes que apoyaban a Pablo Escobar, que eran enlaces de él?
– Sí, claro que los recuerdo, pero prefiero mantenerlos en mi mente.
– ¿Y están activos en la vida política de hoy?
– Por supuesto.
Al preguntarle si esos “personajes” están cerca al presidente Uribe, responde:
– Hay mucha gente al lado de él, que de alguna manera estuvieron muy activos en eso.
-¿Está diciendo usted, general Martínez Poveda, que hay gente en el gobierno del presidente Uribe que está en ese organigrama?
– Sí señor.
– ¿Gente que hoy está en el gobierno?
– Sí, claro.
El periodista le insiste al general para que le entregue nombres, hasta que es directo:
– ¿General, incluye usted al presidente Uribe en ese organigrama?
– Ya casi le he dicho “blanco es, gallina lo pone”.
Entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿O falta decir que frito se come y Uribe se llama?
Utopía la Palabra Samir Alí Hassan مير علي حسن
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Circula desde el año 2008 en castellano el libro “Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado”, del periodista y escritor colombiano, residente en Paris, Hernando Calvo Ospina. El prólogo tiene la firma de Ignacio Ramonet, director del prestigioso mensual francés Le Monde Diplomatique.
Hernando Calvo Ospina
La violencia en Colombia, consecuencia de la intransigencia política del Estado y de las enormes desigualdades sociales, es investigada en esta obra a través de múltiples documentos y enmarcada en una historia que se remonta al siglo XIX.
Se suceden los acontecimientos más determinantes en los que la voraz burguesía nacional, Estados Unidos y ciertas potencias europeas, están intentado subyugar a un pueblo con el objetivo de apoderarse de sus inmensas riquezas naturales.
Sin embargo, un importante sector de sus gentes ha reaccionado adoptando las más diversas formas de lucha y convirtiendo la violencia en una especialización, en un pretexto.
Si en un pasado fueron las tropas oficiales las que arrasaban y sembraban la barbarie, ahora son los paramilitares, hijos de aquéllas.
El poder y la economía del narcotráfico, sombra del presente, convive en matrimonio permanente con un Estado que dice combatirlo.
Como asegura el ex funcionario del Departamento de Estado e investigador William Blum, «el libro describe perfectamente la complicidad de Washington en la utilización del terrorismo y el tráfico de drogas para que el gobierno colombiano lleve la verdadera guerra: combatir el ‘comunismo’».
A continuación presentamos el prólogo de Ignacio Ramonet que acompaña al libro.
Ignacio Ramonet
Según la historia, a partir de la segunda mitad del siglo XIX existen en Colombia dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador. No es falso. Pero ello no es suficiente. En realidad, desde esa época, el país está dividido entre aquellos que lo poseen todo y aquellos que nada tiene.
No entraré en los detalles de la tragedia colombiana, que Hernando Calvo Ospina desarrolla aquí ampliamente y con gran talento. A modo de introducción, me contentaré con recordar algunos hechos significativos, emblemáticos de esta penosa historia.
Elegido al Congreso en 1929, el liberal Jorge Eliécer Gaitán decidió combatir a lo que él llamó la oligarquía: los ricos de ambos partidos. Con el paso del tiempo sus discursos se hacen incendiarios. Desde la tribuna, en mangas de camisa, él remata sus arengas con “¡Contra la oligarquía, a la carga!”. A pesar de ello, aboga por un cambio pacífico. Cuando se le daba como favorito a la presidencia de la república, el 9 de abril de 1948 es asesinado en Bogotá.
Un detalle insólito: La ley estadounidense permite a sus ciudadanos examinar, después de ciertos años, los documentos que poseen organismos públicos como la CIA, el FBI, o el Departamento de Estado. La CIA tiene información sobre la muerte de Gaitán pero hasta el día de hoy se niega a revelarla.
El asesinato de Gaitán provoca una insurrección generalizada -que Washington atribuye al “comunismo internacional”-, y una guerra civil a la que se ha llamado “La época de la violencia” (1948-1957): unos 300 mil muertos quedan tirados en los campos. En ese tiempo de horror y Apocalipsis los liberales y comunistas, señalados como objetivo, son destinados al suplicio.
Como complemento del poder, políticos y terratenientes utilizan a policías que, en uniforme o en civil, demuestran una crueldad sin límite. Se les conoce como chulavitas. También a sueldo de los mismos, los llamados pájaros van “volando” de región en región haciendo del terror su compañera.
Condenados a muerte, casi vencidos, y dispersos en un primer tiempo, los opositores entienden que una lucha gigantesca ha empezado. Han sido abofeteados, tratados de hez de la sociedad, perseguidos como a vagabundos importunos. Los miles de miserables que no poseen nada, y para quienes el respeto a la vida y un pedazo de tierra es suficiente, se suman a otros perseguidos que, armados de escopetas y machetes, se están organizando en incipientes grupos.
Esos, que en realidad sólo tratan de subsistir y defender la vida de sus pequeñas comunidades, ahora van a combatir. Influidos por la revolución cubana, varios intelectuales y estudiantes los apoyan.
En 1964, para acabar con esta revuelta, la de esa guerrilla de campesinos insumisos a los cuales se les denominó “moscovitas”, Estados Unidos dona 300 millones de dólares, envía asesores y armamento. Se implementa la Operación Marquetalia. En 1999, Estados Unidos aportó 1.600 millones de dólares para impulsar el llamado “Plan Colombia”. Hasta el 2006 ya había gastado 4 mil millones de dólares en el Plan. Sin más resultados que en 1964.
Se sigue diciendo que la inmensidad de las llanuras, los obstáculos naturales, la presencia de selvas inexploradas, hace imposible aniquilar a los guerrilleros. Pero no a la población civil.
Al año siguiente, 1965, para luchar contra esos “subversivos”, los consejeros militares estadounidenses sugieren la creación de organizaciones civiles armadas. Ya no se les llama pájaros o chulavitas, sino “autodefensas”, legalmente reconocidas.
En una fecha tan lejana como es el 2 de septiembre de 1958, esos campesinos guerrilleros le hacían llegar una carta al presidente Alberto Lleras Camargo: « la lucha armada no nos interesa, y estamos dispuestos a colaborar por todas las vías a nuestro alcance en la empresa pacificadora que decidió llevar este gobierno. » Entre los firmantes, Manuel Marulanda Vélez, actual jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En carta al Parlamento, con fecha del 20 de julio de 1984, y mientras negociaban con el presidente Belisario Betancur, las FARC anuncian el lanzamiento de un movimiento político nacional, la Unión Patriótica, UP. La intención de esa guerrilla era, junto a otros partidos y movimientos democráticos, ir ingresando a la vida política legal. Este trabajo de Hernando Calvo Ospina cuenta en detalle cual fue su destino. Una tragedia para tres mil militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP, víctimas de escuadrones paramilitares… Pocos, realmente, pertenecían a las FARC. Una intransigencia política total de la clase dirigente.
Se dice que Colombia constituye una excepción notable en América Latina: sólo ha vivido cinco golpes de Estado desde su independencia de la Corona española. En 1958 se depuso al general Gustavo Rojas Pinilla, y desde entonces el gobierno ha estado siempre en manos de civiles. Rige cierto modelo democrático. Sin embargo, tan solo en cuatro años fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo (1990). Con sus particularidades, todos reclamaban reformas. Extraña concepción de lo que es una democracia…
Es que, sobrealimentados y avaros, incapaces de confrontar la realidad, ricos y poderosos piensan que los civilizados dignos de ese nombre pueden, para reducir y acabar con los “bárbaros”, utilizar bárbaros más bárbaros que ellos. Así lanzan las hordas de paramilitares, que son las mismas “autodefensas”, y les permiten que hagan alianza con los barones de la cocaína para que ayuden a financiar “su” guerra. Las Fuerzas Armadas los convierten en parte de su cuerpo, corazón y alma. Por eso los equipa, los instruye, los informa, los apoya… Con el pláceme de un gran sector de la clase política y de los gremios económicos.
Los paramilitares se ensañan con la población civil rural. Sistemática y calculadamente van acabando con la oposición política legal. Así estos seudo clandestinos, que se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajan uno a uno todos los escalones que separan lo humano de la bestia. El terror tiene que golpear en el corazón de quien pueda ser enemigo en potencia. Asesina a uno y asustarás a mil.
En diciembre de 1997, el presidente Ernesto Sámper Pizano anuncia la creación de un “bloque especial de búsqueda” para capturar a los jefes paramilitares. Promete que esos grupos “serán perseguidos hasta en el infierno.” Todo queda en intenciones. Tres años después, Phil Chicola, jefe de la oficina de Asuntos Andinos en el Departamento de Estado, estima que “según la ley de Estados Unidos, estos grupos deben cometer actos que amenazan los intereses nacionales estadounidenses para poder ser incluidos formalmente en la lista [de grupos terroristas].” [1]
En cambio, en 1982 el embajador estadounidense en Bogotá, Lewis Tambs, sin pruebas, trató de “narcoguerrilla” a las FARC. Por decisión del presidente George W. Bush, esa guerrilla y el otro grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se convierten en “narcoterroristas” después del 11 de septiembre 2001. Dos pesos, dos medidas.
¿“Narcoguerrilla”? ¿“Narcoterroristas”? ¿Ex revolucionarios descarriados? Provocando el empobrecimiento de importantes sectores de la población, los sucesivos gobiernos han favorecido el cultivo de la coca y las actividades ligadas al tráfico de cocaína. Pero son muchos los que tienen las manos metidas en el “negocio”: los militares, bastantes políticos de derecha y los sectores económicos. Bien metidas las tienen los paramilitares. Y aunque en una muy mínima medida, algún sector de la guerrilla también se ha untado con el pretexto de ayudar a financiar la causa.
Me conformaré con citar las palabras de Daniel García Peña, quien en 1997 dirigió una Comisión exploratoria para definir los términos y condiciones de posibles conversaciones de paz, bajo la presidencia de Sámper: “El discurso mil veces repetido sobre una guerrilla sin ideales y convertida en organización mafiosa es falso. Se trata de una organización político-militar que, como la guerra cuesta caro, impone su impuesto revolucionario sobre la cosecha [de coca], pero no tiene ninguna participación en el tráfico. Si se tratara de un cartel, no tomaría pueblos ni adelantaría operaciones militares.” Un poco más tarde, el 18 de mayo de 2003, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, James Lemoyne, afirma: “La columna vertebral de la principal guerrilla del país se compone de personas comprometidas ideológicamente.”
Todo conflicto político se termina en una mesa de negociaciones. Y por qué no, ya que son necesarias, con reformas sociales. Eso no sucede en Colombia. Con un empecinamiento en extremo sorprendente, cada gobierno le ha declarado la guerra a las guerrillas; ha multiplicado los gastos militares; les ha subido el sueldo a las Fuerzas Armadas… Y cada presidente, desde mediados de la década de los sesenta, ha prometido acabar con la guerrilla antes del final de su mandato. Para constatar, al partir, ¡qué la oposición armada es más fuerte que cuatro años antes! La injusticia social la ha nutrido. Y, también, sin duda, la represión indiscrimada y ciega.
Nada. Aquí nada se debe al azar. La “limpieza” política realizada por el ejército y los paramilitares ha vaciado de campesinos pobres a muchas regiones colombianas. Hombres y mujeres que cometieron uno de estos “errores”, o todos juntos: vivieron en territorios inmensamente ricos; se organizaron para exigir sus derechos; militaron o dieron su voto a formaciones políticas de oposición; o quizás -quizás- simpatizaron con las guerrillas. Sus tierras pasaron a manos de terratenientes, jefes paramilitares, y de representantes de poderosos intereses económicos.
El azar no existe. En 1997, evocando el futuro de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, el embajador estadounidense Myles Frechette declaraba:
“Mi gobierno invita con insistencia al gobierno colombiano a que abra lo más ampliamente posible el mercado de las telecomunicaciones en el marco de la ley colombiana, o de ser necesario que cambie la ley para adoptar las reglas adecuadas y efectivas de competencia.” [2] Luego reclamó lo mismo para el petróleo, la energía y la agricultura.
Dos años más tarde, una de las exigencias de la enmienda al Plan Colombia que imponen algunos senadores estadounidenses, es que se les dé la prioridad a las inversiones extranjeras, y en particular al sector de la industria petrolera.
El Consortium US Columbia Business Partnership –Occidental Petroleum Company, BP, Caterpillar, Bechtel & Pfizer- defendía con toda fuerza la adopción del Plan.
Todo fue aceptado. Y más: las Fuerzas Armadas y sus paramilitares se encargaron, con el apoyo del Plan y de los asesores estadounidenses, de incrementar el vaciado de campesinos e indígenas en las extensas zonas petroleras.
Dando también entera satisfacción a quienes “ordenan”, el presidente Álvaro Uribe Vélez, “negocia” desde el 2006 un Tratado de Libre Comercio con Washington. Su firma será como un asesinato a la economía colombiana…
Este mismo presidente le ofrece una reinserción “suave” a los paramilitares. Washington no se opone, aunque ya los tiene incluidos en su lista de organizaciones terroristas. Al contrario, sus diplomáticos participan en varios actos públicos con jefes paramilitares, cuya extradición pide su gobierno por narcotráfico.
Es que no sólo han masacrado poblaciones: los paramilitares se han convertido en el cartel de droga más poderoso de Colombia. Washington se contenta con hacer esporádicas declaraciones. Los paramilitares no han atacado ni el mínimo de sus intereses estratégicos en Colombia: los han cuidado como si fueran suyos.
Entonces el presidente Uribe Vélez ha tenido manos libres para firmar la ley de Justicia y Paz, 21 de junio de 2005. Esta les otorga a los “paras”, también acusados de crímenes de lesa humanidad, una casi impunidad, la legalización de sus fortunas y una jubilación dorada. A pesar de que en cuatro años, desde que firmaron un “cese al fuego” el 15 de julio de 2003, hayan cometido unos 3 mil asesinatos más.
Pero, ¿este gobierno hubiera podido ser menos bondadoso con el paramilitarismo? Fue este gobierno, como los que le precedieron, quien derramó esa plaga sobre el pueblo. Fue el Estado quien formó, fomentó, animó y protegió al paramilitarismo. Porque el paramilitarismo es una estrategia estatal, avalada y apoyada por Washington, para el beneficio de los poderosos conglomerados económicos. Han sido aliados en la destrucción y la muerte para compartir el botín.
Pero se dejó que los paramilitares se convirtieran en poderosos señores de la guerra. Y esos jefes mafiosos, que casi ni aceptan el mínimo castigo, y menos aún ser los únicos en cargar con toda la culpabilidad, lanzan una amenaza a quienes los criaron y dirigieron: si la justicia se “encarniza” con ellos, podrían revelar sus inmensos secretitos.
A partir de documentos confiscados a uno de ellos, “Jorge 40”, marzo 2006, se llevó a cabo la detención de varios diputados y senadores de la costa atlántica, todos ligados a los partidos que apoyan al presidente Uribe Vélez. Desde ese momento el fuego se extendió sobre hierba seca, porque comenzó el escándalo conocido como la “Parapolítica”. Por culpa de su padre y hermano, inculpados de relaciones con los paramilitares, la ministra de Relaciones Exteriores, Maria Consuelo Araujo, ha debido renunciar. Por las mismas razones Jorge Noguera, ex jefe de la policía política -Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que depende de la presidencia de la República-, uno de los protegidos del presidente, fue encarcelado.
Son unas muestras. Pero la lista que señala acusadoramente a la clase política tradicional colombiana, en especial a los aliados del presidente Uribe Vélez, es muy grande. La hecatombe judicial continúa, y toca a senadores, diputados y muchos altos funcionarios de Estado. Sin dejar por fuera a mandos militares y de policía.
Cierta cantidad de “personalidades” tiene cada día más dificultad en tragar saliva. Han descubierto que el perro que los cuidaba ayer, los amenaza hoy. Para impedir posibles revelaciones, 59 jefes paramilitares fueron trasladados, de repente, del centro vacacional donde habían sido concentrados, hacia una prisión de alta seguridad. Entonces anunciaron, el 7 de diciembre 2006, que consideraban el “proceso de paz” como terminado. El presidente Uribe dice que debe seguir.
Acorralado por las constantes revelaciones, el presidente Uribe responde con ataques, y se ensaña en quienes no debe. Acusa a los movimientos de defensa de los derechos humanos y a la izquierda legal, como al Polo Democrático Alternativo, de pactar “con los terroristas”. Parece que no le importa que con ello haga correr a sus miembros inmensos peligros: Al menos que sea algo deliberado. Desde hace algunos meses nuevos escuadrones de la muerte surgen por todo el país, que ya amenazan y van asesinando a los opositores…
Sin parar la arremetida, el jefe de Estado se fue contra la Corte Suprema de Justicia. Su presidente, Cesar Julio Valencia, se vio obligado a reaccionar en octubre 2007, rechazando acusaciones de Uribe Vélez. Le dijo al presidente que con ellas pretendía obstruir la acción de la justicia, en el cuadro de las investigaciones adelantadas sobre “parapolítica”. Es que los jueces estaban pisando huellas profundas de las relaciones existentes entre jefes narco-paramilitares y demasiados parlamentarios: 17 presos y más de 40 judicializados, todos pertenecientes a grupos políticos pro-Uribe. Sin contar a gobernadores y alcaldes presos “uribistas”.
No cabe duda que apenas comienza el forcejeo. ¿Quién sabe si las importantes revelaciones hechas en este libro por Hernando Calvo Ospina, sobre los mecanismos del terrorismo de Estado en Colombia, no serán a corto o mediano plazo confirmadas por los propios implicados? Por tanto este trabajo es sumamente valioso. Más aun, su atenta lectura es indispensable para entender la tragedia del pueblo colombiano.
En castellano:
«Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado».
Editorial Akal-Foca. Madrid. «El terrorismo de Estado en Colombia».
Fundación Editorial El Perro y la Rana. Caracas.
En francés:
Colombie, derrière le rideau de fumée, histoire du terrorisme d’État. Editeur: Le temps des cerises, París.
Notas:
[1] El Tiempo, Bogotá, 1 de mayo 2000.
[2] Apolinar Díaz Callejas, «Colombia bajo doble fuego: crisis interior y señorío de EE UU». Papeles de cuestiones internacionales, N° 62, Madrid, 1997.
Firmado por, Ignacio Ramonet.
Con la autorización del autor y la editora publicamos el Capítulo XVI del libro:
Salvatore Mancuso y paras informando ante el Congreso
El narco-paramilitarismo al Congreso Fue como un “parte de guerra”. Acababan de pasar las elecciones legislativas del 10 de marzo de 2002, y el líder narco-paramilitar Salvatore Mancuso se congratulaba por Internet de que un importante porcentaje de los elegidos comulgaba con los “ideales” paramilitares.
“Podemos afirmar con los datos a la mano, que la meta original del 30% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC (…)
Es motivo de inmensa satisfacción que los candidatos de nuestras preferencias, surgidos en su mayoría de nuestras bases sociales y políticas, y como tales, fruto de un vasto y firme esfuerzo formativo por parte de las Autodefensas, hayan alcanzado un masivo respaldo de los electores.” A pesar de nunca haberse opuesto resueltamente al paramilitarismo, el dirigente liberal Carlos Lemos Simmons dijo ante tales resultados electorales:
“Eso significa que hoy la mayor parte y la fuerza más importante en el Congreso la constituyen las Autodefensas (…) Pero lo que más asombra de todo este asunto es la indiferencia con que ha asumido tal anunció el país.
Un hecho de tanta gravedad no ha suscitado en los medios, en los gremios, en el Gobierno, en la Iglesia, en la llamada sociedad civil, en las ONG o en la comunidad internacional la menor reacción (…)
Por bastardas consideraciones electorales, lo que ayer era vitando y malo se volvió útil y bueno hoy…”. (1)
El ministro del Interior de entonces, Armando Estrada Villa, confirmó lo dicho por Mancuso pero ninguna medida anunció: “el análisis de esas personas, su votación y los sitios donde fueron elegidos, por ser sitios de influencia paramilitar, se llega a la conclusión de que los paramilitares ordenaron votar por ellos o llegaron a acuerdos para que éstos presionaran a las comunidades para que votaran por determinados nombres.” (2)
No era un secreto que los políticos de las regiones donde los paramilitares mandaban les pagaron 100 millones de pesos por lograr la curul al Senado.
“A cambio de ese dinero, los señores de la guerra garantizaron a sus protegidos que durante la campaña no tuvieran competencia en sus jurisdicciones, y el día de la elección que el pueblo votara masivamente por ellos.
A cambio de ese ‘aval’, los elegidos se hacen los de la vista gorda ante sus actividades, e incluso han llegado a adjudicarles contratos públicos para sus empresas…” (3)
El stablishment sabía que el paso decisivo de paramilitarización del Estado se volvería realidad en esas elecciones, pues todo venía preparándose para ello.
El mismo día de las votaciones Francisco Santos Calderón, que unos meses después sería elegido vicepresidente de Colombia, había escrito en su periódico El Tiempo: “… lo cierto es que el Congreso que vamos a elegir va a ser aún peor que el que ahora tenemos.
Va a ser, con algunas excepciones, un Congreso al servicio de los caciques políticos tradicionales, de los “narcos” y de los paramilitares.” No lo dijo por visionario, sino por conocimiento de causa.
No se abrió ni una simple investigación oficial para verificar las relaciones de estos congresistas con el paramilitarismo.
Y al contrario de los elegidos de la Unión Patriótica, de otras formaciones políticas de izquierda o simples críticos del sistema, no se vieron confrontados a un plan de exterminio, pues los defensores del sistema rara vez se matan entre ellos.
– Uribe Vélez, un pasado entre narcotraficantes
Carlos Castaño Lider de las AUC
Un columnista de El Espectador, Fernando Garavito Pardo, debió exiliarse en marzo del 2002 por amenazas a su vida, luego de haber publicado una serie de investigaciones sobre presuntos nexos del entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo. (4)
Esas denuncias coincidieron con las de Ignacio Gómez Gómez, quien también debió irse del país por la misma causa. Cuando en el 2002 el Comité Mundial para la Protección de los Periodistas, CPJ, le entregó el Premio Internacional de Libertad de Prensa, explicó que tal galardón lo recibía “Por el trabajo de los antecedentes que relacionan a Álvaro Uribe Vélez con el Cartel de Medellín. Es una investigación que se hizo en cinco partes. Una de ellas tenía que ver con la coincidencia cuando Pablo Escobar era miembro del Congreso y tenía muchísima actividad política o proselitista en los barrios pobres de Medellín, y por entonces Álvaro Uribe era el alcalde de Medellín y hacía programas muy paralelos a los de Pablo Escobar.
Después Álvaro Uribe fue director de la Aeronáutica Civil. Antes de él, desde 1954 hasta 1981, el Estado había concedido 2.339 licencias, y durante los 28 meses que él ejerció, concedió 2.242 licencias, muy poco menos que en los 35 años anteriores, con el agravante que muchísimas de esas licencias, como 200, quedaron en manos del Cartel de Medellín (…) Cuando el helicóptero [del padre] era objeto de la herencia, fue encontrado en un laboratorio famosísimo de Pablo Escobar llamado Tranquilandia. El helicóptero pertenecía a [Álvaro] Uribe y su hermano. Además había una estrecha relación entre el papá de Uribe y el clan de los Ochoa, que era una familia muy importante en el Cartel de Medellín. Y la última parte [de la serie] fue cuando Pablo Escobar escapó de la cárcel y trató de hacer un nuevo acuerdo con el gobierno, y el encargado de llegar a ese acuerdo fue Álvaro Uribe Vélez. (…) De las cinco historias Nosotros sólo alcanzamos a publicar una, que es la relacionada con el helicóptero. Y el día que la publicamos el presidente se puso demasiado bravo, me insultó a mí por la radio…”
Empezaron, entonces, las amenazas contra él, el director del noticiero y sus familias. La serie se suspendió y ninguna televisión quiso difundirlas, en Colombia ni en el exterior…
Así se ha conocido que el actual presidente de Colombia vivió sus primeros años de vida en el seno de una familia de clase media con regulares problemas financieros. Un día cualquiera la situación empezó a cambiar radicalmente a partir de los negocios del padre Alberto Uribe Sierra como agiotista, aunque por las investigaciones se puede decir que la palabra exacta para las actividades del padre es “testaferro”. O sea dueño ficticio de propiedades de narcotraficantes, algo que había iniciado con el clan de los capos Ochoa, familiares de su esposa. Los Uribe empezaron la acumulación de su propio capital y de extensas propiedades rurales: “Uribe Sierra vivía tan inmerso en ese mundo de negocios alucinantes, que, relataba un amigo, hoy podía tener 23 fincas o 10 y amanecer mañana con 41.” (5) Eso sólo lo puede lograr un mago. Y, casualmente, a los ‘narcos’ en Colombia se les dice ‘mágicos’.
A pesar de su alta envestidura, el presidente Uribe Vélez nunca ha dado una aclaración objetiva sobre la procedencia de su gran fortuna. Cuando se ha visto obligado a tocar el tema, las frases dicen de todo sin precisar nada. Si un periodista le insiste aparece su agresividad. Ninguna autoridad se ha decidido a investigar.
El padre del presidente murió en un asalto que realizaron las FARC a su hacienda en junio de 1983. Los Uribe dicen que los guerrilleros pretendían secuestrarlo y él se atrincheró para impedirlo; que el ataque se hizo para desbaratar el campo de entrenamiento paramilitar que ahí existía, aseguró el grupo guerrillero. Esa es la parte trágica de la historia. Cuando Álvaro Uribe Vélez supo del ataque, utilizó un helicóptero para llegar hasta el lugar e intentar el rescate de su padre y hermanos.
Al preguntársele sobre esto, el presidente de Colombia ha respondido: “Me monté casi de noche en el primer helicóptero que consiguieron (…) El periódico El Mundo dijo al otro día que el helicóptero era del hacendado Pablo Escobar.” (6) Según informó la prensa, la aeronave era una de las más modernas del país en cuanto a tecnología de navegación, por lo tanto el “hacendado” no la iba a prestar a cualquiera.
Siendo alcalde de Medellín, con gran despliegue mediático Uribe Vélez presentó en Bogotá el programa “Medellín sin tugurios”. Muy poco después se conoció que era un plan con aparente sentido cívico financiado por Escobar Gaviria, quien buscaba la solidaridad social y la aceptación política. El referido programa consistía en construir mil casas para donarlas a pobladores que dormían en casuchas cerca de un basurero.
Las extrañas “casualidades” del presidente Uribe Vélez con algunos capos del narcotráfico no se detienen. En marzo de 1984 la policía llegó hasta lo que se consideraba el laboratorio de procesamiento de cocaína más grande y moderno del mundo, conocido como ‘Tranquilandia”, cuyo propietario principal era Escobar Gaviria. Ahí se hallaron varias aeronaves, tres de las cuales tenían licencia de funcionamiento expedidas por la Aeronáutica Civil cuando su director era Álvaro Uribe Vélez (marzo 1980, agosto 1982) También se encontró un helicóptero que por herencia pertenecía a los hermanos Uribe Vélez…
A pesar de todo ello, el presidente insiste en afirmar: “no tuve relaciones con Escobar, ni cuando se usaba.” (7)
Después de dejar la dirección de la Aeronáutica, el futuro presidente de Colombia fue elegido gobernador del departamento de Antioquia. Desde ese cargo se convirtió en el principal promotor e impulsor de las Cooperativas de Seguridad Rural, “Convivir”. El jefe narcoparamilitar Carlos Castaño Gil diría que Uribe Vélez logró “sacar adelante cooperativas de seguridad, con las cuales nunca estuve de acuerdo. No voy a negar que a las autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los narcotraficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas…” (8)
El 30 de julio del 2004 la Presidencia de Colombia rechazó públicamente un documento desclasificado en mayo, y proveniente de la Defense Intelligence Agency, DIA, uno de los servicios de seguridad más secreto y poderoso de Estados Unidos, dependiente del Pentágono. El informe dice en su aparte: “Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano, colabora con el cartel de Medellín desde altos cargos en el gobierno. Uribe estuvo implicado en actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Asesinaron a su padre en Colombia por conexiones con el tráfico de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria…” (9)
El comunicado de la Presidencia no da ningún argumento que desmienta con severidad tan grave señalamiento, pero pretende que se desestime el documento porque “se trata de información que no fue evaluada”, pues el texto dice, efectivamente, “Not finally evaluated”. Lo llamativo es que contra muchos de los numerosos narcotraficantes que se encuentran ahí descritos sí se utilizó esa información en investigaciones y juicios.
– Familiares del presidente…
“No tengo idea, no me he enterado de eso”, respondió el presidente Uribe Vélez ante la pregunta del periodista. Ni una palabra más. El día anterior, 21 de junio de 2005, el congresista Gustavo Petro Urrego había afirmado en una sesión parlamentaria que el hermano del presidente colombiano, Santiago, había sido investigado penalmente por la creación de un grupo paramilitar y el asesinato de varios campesinos. “En los procesos judiciales del pasado aparece sindicado el hermano del presidente de la república como conformador, auspiciador y erector de grupos paramilitares”, sostuvo Petro Urrego.
El grupo paramilitar “Los doce apóstoles” habría tenido sede en la hacienda “La Carolina”, en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por “Los doce apóstoles” entre 1993 y 1994.
El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La misma noche que el congresista hizo la denuncia, el fiscal Luis Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario había sido objeto de una investigación en 1999, pero también indicó que se había declarado “un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo” ese mismo año.
Petro Urrego insistió en que Álvaro Uribe Vélez, por ser el presidente de la nación, debe “explicarle a toda Colombia qué pasó con el proceso judicial que se seguía contra su hermano, que lo vinculaba directamente al paramilitarismo y a delitos de lesa humanidad…”
El parlamentario también denunció que tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron otra banda paramilitar conocida como “Los Erre”, señalada de haber asesinado a otro medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia.
Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar que no había pruebas suficientes contra los acusados. Los parientes del mandatario son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, también familiares del clan de los capos Ochoa.
“Le reclamo a Uribe que, sabiendo que sus familiares directos están procesados por paramilitarismo, se atreve a llevar una ley que declara la impunidad para los paramilitares…” Fue la especie de acusación lanzada por Petro Urrego durante esa sesión del Congreso colombiano, que culminó con la aprobación de la llamada “Ley de Justicia y Paz”, la cual confiere estatus político a los narco-paramilitares que se encuentran en “negociación” con el gobierno del presidente Uribe Vélez. Con la ley se beneficiarían sus familiares.
Por fin, el 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo.
NOTAS:
1) El Tiempo. Bogotá, marzo 28, 2002.
2) El Colombiano. Medellín, abril 24, 2002.
3) “Los tentáculos de las AUC” Semana. Bogotá, julio 10, 2005.
4) Garavito, junto al corresponsal para América Latina de la revista estadounidense Newsweek, Joseph Contreras, publicaron “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. (El señor de las Sombras)”. Ed. Oveja Negra. Bogotá, 2002.
5) El Mundo. Medellín, 16 de junio 1983.
6) El Tiempo. Bogotá, abril 21, 2002.
7) El Tiempo, abril 21, 2002.
8) Aranguren Molina, Mauricio. “Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos”. Ed. Oveja Negra. Bogotá, 2001.
Corea del Norte denuncia que EE.UU. ha llegado a la fase extrema de sus intentos para llevar a cabo un ataque nuclear preventivo contra Pyongyang.
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