ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón suspenderá por decreto los desahucios que afecten a personas en situación de vulnerabilidad y que no dispongan de un techo alternativo y destinará a familias necesitadas las casas desocupadas que pasen a manos de los bancos, la Sareb y las empresas inmobiliarias.

Estas son las dos principales novedades del decreto-ley de Medidas Urgentes de Emergencia Social en Materia de Vivienda, cuyo borrador ha presentado este jueves el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (Cha), al Foro de la Vivienda, un órgano sectorial en el que ahora tienen representación entidades como Stop Desahucios o la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), los jueces de la capital, los colegios de abogados, trabajadores sociales, arquitectos, notarios, registradores y administradores de fincas y, también, las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales.

La modificación de la normativa sobre la vivienda para darle una orientación social, que incluirá medidas para paliar la pobreza energética –solo el Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido este año 4.750 ayudas a familias que no podían pagar la luz y/o el gas–, fue uno de los compromisos de investidura de Javier Lambán y tiene el apoyo de los cuatro partidos que le auparon a la presidencia del ejecutivo autonómico: PSOE, Podemos, Cha e IU.

Suspensión de los lanzamientos

“Hasta que se ofrezca una alternativa habitacional por parte de la Administración, quedarán en suspenso los lanzamientos cuando la vivienda habitual se adjudique al acreedor o a un tercero por él propuesto” en procesos de ejecución hipotecaria y cuando los afectados sean personas que, de buena fe, hayan caído en un “supuesto de especial vulnerabilidad”, señala el borrador. El texto también prevé que los juzgados notifiquen las demandas de desahucio a los Servicios Sociales para “proporcionar una alternativa habitacional” a los afectados. “Excepcionalmente, y para evitar el desahucio, la Administración autonómica podrá hacerse cargo del pago de la renta” cuya deuda dio lugar al pleito.

Los nuevos planteamientos del ejecutivo autonómico, que prevén mantener la posibilidad de negociar convenios con entidades financieras, inmobiliarias y el Sareb para “incrementar la oferta de alternativas habitacionales”, contemplan que las casas desocupadas que esas empresas adquieran mediante ejecuciones hipotecarias sean “puestas a disposición” de la comunidad autónoma a través de cesiones para que esta asigne su uso a personas que las necesitan.

Nueva política de vivienda

El borrador del decreto prevé, por último, crear dos instrumentos para gestionar la nueva política habitacional. Uno será el Fondo Social de Vivienda de Aragón que integrará las viviendas de titularidad pública y las que bancos, inmobiliarias, la Sareb o “cualquier otra persona física o jurídica” hayan cedido a alguna Administración, incluidos ayuntamientos, comarcas y diputaciones. Tendrá “carácter único” en la comunidad e incluirá, como eventuales destinatarios de los inmuebles, a “las personas o únidades de convivencia con necesidad de vivienda de estas características”.

El segundo es el Registro de Viviendas Desocupadas, en el que “se inscribirán las viviendas desocupadas cuya titularidad corresponda a entidades financieras o sociedades inmobiliarias y provengan de un proceso de ejecución hipotecaria”.

Paralelamente a este decreto, el Departamento de Vertebración del Territorio está trabajando en la elaboración de una Ley de Vivienda que completará el marco jurídico de este derecho en Aragón y que Soro espera remitir a las Cortes autonómicas en el segundo semestre de 2017.

Trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Zaragoza

El ejecutivo autonómico considera que, tras las consecuencias que la crisis ha tenido en el ámbito habitacional –los bancos iniciaron el año presentando 120 ejecuciones hipotecarias al mes–, es necesario “reorientar” la política en este campo y “cubrir el vacío legal existente” tras el viraje de la UE y el Gobierno central, que “ya no financian ni promueven la vivienda protegida”.

El Gobierno de Aragón ha conseguido frenar en los últimos meses 34 de los 63 desalojos de los que ha sido informado, según explicó hace unos días en las Cortes Soro, que añadió que la solución de otros 25 se encuentra en trámite. El ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan de manera coordinada en esta materia.

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