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La publicación de la conversación del ministro del Interior conspirando para perjudicar a sus adversarios políticos en Cataluña se produce en el momento más delicado de la transición que Jorge Fernández Díaz ha diseñado para un departamento que esconde cuatro años de maniobras policiales contra los independentistas y Podemos. El mando encargado de investigar la grabación se jubila en tres semanas, los últimos acontecimientos adelantan la salida de Villarejo, se retrasa el anuncio del sucesor del director adjunto operativo y el acto de despedida de Eugenio Pino queda en el aire.
A medianoche de este miércoles concluye por jubilación el mandato de Pino al frente de la Dirección Adjunta Operativa, la estructura que ha cobijado al grupo de agentes dedicados a la guerra sucia. La previsión era que el mismo miércoles, a primera hora, hubiera aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado el nombre de su sucesor, pero horas antes publico.es soltó la bomba del primer extracto de la conversación entre Fernández Díaz y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. El desconcierto se apoderó de la sede del Ministerio, con cruce de llamadas que denotaban lo inesperado de la noticia.
Fernández Díaz se había negado a situar en la dirección operativa de la Policía al subdirector de Recursos Humanos, a quien por ley correspondería ocupar el cargo en funciones mientras se forma gobierno. En una decisión que sorprendió a la escala de mando del Cuerpo, el ministro ordenó convocar el 6 de junio el proceso para dejar colocado al sustituto de Pino, según adelantó eldiario.es, a pesar de que un cambio en La Moncloa haría previsible su cese.
El puesto, al menos hasta el martes por la noche, estaba reservado para José Luis Olivera, actual jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (CITCO) y policía de la absoluta confianza de Fernández Díaz. Olivera no quería presentarse, pero el ministro del Interior en persona se lo pidió, según comparten diversas fuentes de la Policía y el Ministerio del Interior. El proceso abierto es una mera formalidad, habida cuenta que se trata de un puesto de libre designación.
En el caso de que se produzca el relevo tal y como estaba previsto, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía recaerá en un comisario que ha estado al tanto de todo lo que se ha fraguado en el número 5 del Paseo de La Castellana, la sede de Interior, en estos cuatro años. Olivera, de hecho, protagonizó el primer episodio conocido de las maniobras en Cataluña: el viaje que realizó junto al entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, a Barcelona el 29 de octubre. Ambos intentaron convencer a los fiscales de que nuevos indicios obligaban a registrar la sede de CDC a dos semanas de las elecciones autonómicas. El extraño encuentro motivó una queja formal y pública del Consejo Fiscal. Meses después, ambos comisarios fueron condecorados con una medalla pensionada.
La convocatoria para elegir DAO a dos semanas de las elecciones se ha explicado en que la dirección operativa no podía quedar huérfana ni un minuto debido a la proximidad de una cita electoral y la amenaza del terrorismo yihadista. De paso, Olivera pasaría de inmediato a ser el guardián de los secretos de la época de Eugenio Pino.
La salida del hombre fuerte de la Policía tampoco ha sido un camino de rosas. Fernández Díaz le ofreció que permaneciera tras su jubilación como su asesor ejecutivo. Pero después se arrepintió y un informe jurídico concluyó que no es legalmente posible, según fuentes conocedoras del proceso.
La foto improbable de la guerra sucia
Antes de la publicación de la grabación, el Ministerio había preparado un acto reservado para imponer la Medalla de Plata al Mérito al comisario jubilado, pensionada con el 15% de su sueldo de por vida. Al cierre de esta edición, la celebración del acto dependía de una decisión de última hora, según un portavoz de Interior. De producirse, dejaría la imagen del ministro de las grabaciones condecorando al mando que ejecutó su estrategia para Cataluña, con la presencia de su sustituto, implicado en la misma.
En el caso de que repitieran los asistentes a la comida de despedida de Pino, celebrada el 2 de junio, entre el público estaría José Manuel Villarejo Pérez. En plena tormenta de las grabaciones, un juez de Madrid ha imputado al comisario Villarejo por otra grabación, la realizada de forma ilegal a los policías y agentes del CNI que investigaban al Pequeño Nicolás el 20 de octubre de 2014. Los policías encontraron anotaciones sobre Villarejo en el registro del domicilio del joven el día de su detención. Mientras trabajaban en la casa, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, habló más de 15 minutos por su teléfono móvil con el comisario Villarejo, según refleja el sumario.
El comisario Villarejo se iba a jubilar de la Policía el próximo 4 de agosto, cuando cumple 65 años. Pero los últimos acontecimientos han provocado que se dirija a sus superiores en las últimas horas para comunicar su inmediato pase a segunda actividad, una posibilidad para todos los policías a partir de los 60 años.
Su intensa actividad empresarial, 12 empresas con un valor superior a los 16 millones de euros, según El País, anticipa que no será el final de su vida laboral. Entre los negocios del comisario, una agencia de detectives y, a través de su pareja, la web informacionsensible.com, que ayer mismo publicó otro editorial sin firma repartiendo advertencias a policías, políticos y periodistas.
En los dos últimos años, Villarejo ha aparecido como sospechoso de grabar a Ignacio González una conversación de la que se publicó un extracto en varios medios, con la interpretación que el comisario defiende. Después llegó el escándalo de su patrimonio y la acusación de una doctora de Madrid de ser el autor del pinchazo que recibió por orden del amigo de los reyes y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid. Pero ninguno de estos asuntos derivó en una imputación del comisario.
Hasta este miércoles, cuando el juez le citó como investigado para el próximo lunes por otra grabación, la realizada a los policías y agentes del CNI. Según los investigadores, fue obtenida a través de una llamada de un periodista de informacionsensible.com, el medio que controla Villarejo con su pareja, a un comisario al que se había instalado un programa zombi en el teléfono móvil.
Ese comisario es Marcelino Martín Blas Aranda, colaborador de Villarejo y del resto en las maniobras en Cataluña cuando era jefe de Asuntos Internos y se produjo la conversación grabada a Fernández Díaz. Pero un enfrentamiento por investigaciones de su unidad en otras causas a amigos de Villarejo y el hijo del comisario motivaron un odio entre ambos que desembocó en noviembre de 2015 en la destitución de Martín Blas.
La imputación del comisario Villarejo responde a una investigación de Marcelino Martín Blas a las órdenes del juez Arturo Zamarriego. En sus conclusiones, el exjefe de Asuntos Internos también señala a Eugenio Pino y a la mano derecha de éste, José Ángel Fuentes Gago, el policía que menciona el director de Antifrau como su contacto en Interior. En los juzgados de Plaza de Castilla coincidirán los dos enemigos irreconciliables: Villarejo como imputado y Marcelino Martín como testigo. Para rematar la jornada, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, también comparecerá como testigo.
Para investigar la grabación y filtración de la conversación entre Fernández Díaz y De Alfonso, el ministro ha designado al comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, ‘Chati’ para todos en los ambientes policiales. Sánchez Aparicio llegó a máximo responsable de todas las unidades anticorrupción, contra el narcotráfico y el crimen organizado después de que Fernández Díaz cesara en menos de tres años a tres antecesores en el cargo. Policía próximo al PP, y también de la confianza del ministro, Sánchez Aparicio se jubila el 17 de julio. Tiene tres semanas para concluir su investigación.