Andalucía ha llevado a cabo en las últimas décadas, y bajo gobiernos de PSOE e IU, procesos de privatización de la sanidad, más sibilinos que en otras comunidades autónomas, pero privatización al fin y al cabo.

En el ámbito hospitalario se ha utilizado un modelo muy perverso, que podríamos denominar de “cesión” de localidades y barrios enteros a empresas privadas, para que sean ellas las que presten la asistencia sanitaria de la seguridad social.

La estrategia ha sido la de no construir hospitales “públicos” en estas zonas, lo que ha dejado el campo abierto a las empresas privadas para que ocupen ese espacio y construyan hospitales privados (solo en la provincia de Cádiz hay tres centros: Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín). A continuación se concierta la asistencia sanitaria de la población “cautiva” de esas localidades con esas empresas privadas de forma indefinida como ha demostrado la realidad en estas décadas. No es en sí un modelo de concesión de obra pública o administrativa por 20-30 años como es el caso del proceso de privatización puesto en marcha en otras comunidades del estado, sino que es una concesión, en la práctica “indefinida”, ya que subsisten las razones que la han permitido: la inexistencia de centros construidos por la Administración.

La principal empresa beneficiaria, de la que llevamos décadas escuchando que mantiene “excelentes relaciones” con el PSOE, es Clínicas Pascual. Y estas “excelentes relaciones” han quedado de nuevo demostradas: ante la no renovación del concierto para prestar asistencia sanitaria a la población de las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, Clínicas Pascual puso en marcha una campaña publicitaria para presionar al Servicio Andaluz de Salud (SAS), para forzarle a renovar el concierto. La campaña consistía en publicidad engañosa ofreciendo “reducir rápidamente los tiempos de espera” de aquellos pacientes en lista de espera del SAS, cuando en ese momento no existía concierto alguno. Concierto que finalmente fue suscrito, por un importe de 380 millones de euros, para la atención durante cuatro años en los hospitales de la empresa en El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín.

A pesar de que FACUA denunció el asunto, y la propia Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Salud calificó de “inadmisible” la propaganda, e instó a Clínicas Pascual a retirarla (lo que no hicieron), la Consejería de Salud ha terminado archivando las actuaciones contra el grupo y ha desestimado la solicitud de FACUA de abrir expediente sancionador a la empresa.

CAS.

http://kaosenlared.net/andalucia-inmenso-poder-clinicas-pascual-s-dentro-del-servicio-andaluz-salud/