La ley de Bienestar Animal lleva dos semanas en vigor y los primeros efectos que ha provocado no son los deseados por los impulsores de la norma, sino todo lo contrario. Las adopciones de mascotas se han paralizado, los abandonos han aumentado, se ha registrado una matanza de gatos callejeros y varias autoridades locales y autonómicas ya han anunciado que, pese a lo que diga la ley, no van a multar a los ciudadanos por dejar al perro atado en la puerta del supermercado.

La primera multa de 500 euros a una viguesa por dejar al perro atado «unos minutos» frente a la farmacia, una multa que finalmente quedó en aviso, despertó todas las alarmas entre los propietarios de mascotas, así que los ayuntamientos rápidamente se lanzaron a tranquilizar a los ciudadanos preocupados por los aspectos más punitivos de la ley.

En Baleares, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ya ha dejado claro que aplicarán la ley de Bienestar Animal, con la que no están de acuerdo «en muchos puntos», de la manera en la que «genere la menor problemática» a los ciudadanos. También anunció que no se dedicarán a hacer un «control» de los animales de compañía ni «patrullará» buscando situaciones que no cumplan la ley.

El Ayuntamiento de Burgos también ha señalado que, en la media de lo posible, se tratarán de evitar las sanciones a los ciudadanos. Además han dejado claro que la labor policial se limitará de momento a informar o apercibir a posibles infractores.

El caos y la falta de información se extiende entre las propias administraciones. Muchas todavía no tienen muy claro qué aspectos de la ley han entrado en vigor y cuáles están pendientes de desarrollo reglamentario (como el curso de formación y el seguro obligatorio). De esta forma, los registros autonómicos de animales de compañía no están adaptados a la nueva obligación de inscribir no solo a perros y gatos, sino también a los pájaros. Tampoco existe la figura del criador particular, la única forma que tienen los propietarios para evitar las multas si su perra se queda preñada.

Más abandonos y menos adopciones

Más de la mitad de las protectoras con las que se ha puesto en contacto Libertad Digital aseguran que en los últimos dos meses han percibido un aumento de los abandonos de perros y gatos, precisamente lo contrario de lo que pretende la ley de Bienestar Animal.

Muchos de esos refugios han denunciado que la ley está atemorizando a la gente, que está «echando a los perros de casa por miedo a las multas«. También insisten en que se está produciendo «un efecto rebote» con la nueva ley animalista, que califican como «recaudatoria y prohibitiva».

Alguna de estas protectoras también alertan de que las adopciones se han paralizado como consecuencia de ese miedo que han despertado en la gente las nuevas obligaciones y prohibiciones de la ley.

Matanzas de gatos

La ley de Bienestar Animal tiene un apartado especial para las colonias de gatos callejeros, que ahora pasan a denominarse «comunitarios». La «retirada, reubicación o desplazamiento» de estos gatos por parte de alguien no autorizado legalmente se considera una infracción grave sancionada con entre 10.000 y 50.000 euros de multa. Y matar a un gato callejero supone 200.000 euros de multa, más allá de las consecuencias penales.

Además, los ayuntamientos están obligados a establecer un plan de control y protección para las colonias felinas. La ley establece que deben capturar a esos gatos, desparasitarlos, vacunarlos, esterilizarlos y volver a soltarlos (método CER). También deben designar a un responsable de alimentar a los gatos y cuidar de que estén bien atendidos.

Estos planes de gestión de colonias felinas ya suelen existir en las grandes ciudades, pero no en los pueblos pequeños, donde no cuentan con el presupuesto necesario. Para remediarlo, algunos ayuntamientos ya estarían optando por la vía drástica «haciendo desaparecer» a los gatos de las calles, según ha denunciado una protectora animal que reconoce que de momento no tiene pruebas suficientes como para presentar una denuncia formal.

Y precisamente coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de Bienestar Animal, el alcalde de Ruanes (Cáceres), José Rodríguez Picado, denunció ante la Guardia Civil la muerte de 37 gatos en el pueblo por disparos de bala. Según ha relatado el propio alcalde, un vecino del pueblo se dedicó a salir por la noche armado con una carabina modificada para usar balas del calibre 22 con la que disparó contra todos los gatos que se cruzaron en su camino.

Los hechos se produjeron desde el pasado jueves, 27 de septiembre, hasta el lunes, 2 de octubre, entre las 21:30 y las 23:30 horas. Fuentes de Ruanes han señalado a Libertad Digital que los vecinos tienen mucho «miedo» y no quieren hablar sobre lo sucedido por «temor» a que este vecino pueda herir al alguien. Además, según afirman, el presunto autor de los hechos podría tener problemas de salud mental.

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