Desde la tribuna del Congreso, el Presidente del Gobierno puso el problema de la okupación en España en primer plano de lo que él considera bulos de la prensa crítica. Unos bulos que cuestionan, entre otras cosas, que, como él dice, nuestra economía vaya precisamente como un cohete.

El número de denuncias presentadas por okupaciones ilegales de viviendas en España en 2022 (16.726) apenas equivale al 0,06% del parque de inmuebles, mientras que los juicios verbales posesorios ingresados por esta causa (2.785) representan el 0,01% del total, según los datos que ofrecen las estadísticas del Poder Judicial. Y justo esta es la cifra que empleó el presidente del Gobierno cuando se quejó de que el 34% de los españoles tenga miedo a que su casa sea okupada «cuando es un problema que afecta a menos del 0,06% del parque de vivienda de España», decía sorprendido.

Sin embargo este argumento es falaz, por no decir directamente engañoso, por muchísimos motivos.

En primer lugar, porque esta estadística sólo recoge las denuncias por la vía penal de okupaciones de vivienda. Es decir, aquellos propietarios que, ante la okupación de su propiedad, deciden acudir a las autoridades y dejar el caso en manos de la justicia. Pequeño detalle, porque, según reconoce el CGPJ, el tiempo medio que tarda un propietario en recuperar su vivienda cuando es usurpada es de media de 18 meses.

Este motivo preocupa y mucho y es por eso que en muchas ocasiones se evita la vía penal y se acude a empresas como Deokupa para resolver el asunto con mayor celeridad y menos costes y problemas. Esta compañía ya habla de más de 7.600 desokupaciones.

Finalmente, otra trampa: Una de las okupaciones más habituales y crecientes es la inquiocupación, es decir, inquilinos que dejan de pagar su alquiler y se quedan como okupas en la vivienda. Una modalidad que no deja de crecer. Es más, según datos de empresas especializadas, desde 2019 los impagos en los alquileres se han disparado más de un 60%. Es más, en Libertad Digital y Libre Mercado hemos dado buena cuenta de algunos casos especialmente sangrantes.

¿Y por qué esta modalidad de okupación no figura en los datos del presidente? Muy sencillo. Cuando un inquilino deja de pagar y el propietario denuncia, ésta entra por la vía civil al considerarse un incumplimiento de contrato, y actualmente el tiempo más habitual de recuperación de esa vivienda es de dos años.

Dicho esto, el problema trasciende las propias cifras de afectados. El problema fundamental es la vulneración de los derechos de propiedad de los titulares de vivienda. Si en España cuando te okupan la vivienda, las autoridades tardan unas pocas horas en devolvérsela a su propietario, no existiría ni problema ni preocupación.