Un total de 35.456 inmigrantes han entrado de forma irregular en España entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año. De ellos, 25.524 lo ha hecho por Canarias, lo que supone un incremento de su afluencia en las costas del archipiélago de nada menos que el 123% respecto al mismo periodo de 2023, unas cifras que han convertido la ruta canaria en la más frecuentada por los extranjeros decididos a alcanzar territorio de la UE para situar a las islas en el epicentro de un drama humanitario que rebaja casi a la anécdota el hito de la crisis de los cayucos de 2006.

Durante el pasado julio, la inmigración ha escalado hasta sexto puesto entre las principales preocupaciones de los españoles, cuando, según datos del CIS, solo un mes antes ocupaba la posición diecisiete. En el ínterin, se produjo un aumento exponencial de las llegadas de pateras y, sobre todo, la ruptura de los gobiernos autonómicos del PP y Vox motivada por el reparto en la península de 347 menores no acompañados procedentes de Canarias, un problema que todavía sigue varado debido al fracaso parlamentario de la reforma de la ley de Extranjería que pretendía el Gobierno con objeto de regular la distribución autonómica de la acogida de los menores en situación ilegal.

Transcurridas unas semanas, la encuesta elaborada entre los pasados días 3 y 6 de septiembre por Hamalgama para Vozpópuli da cuenta de que nada menos que la mitad de los ciudadanos parecen haber pasado de la inquietud al hartazgo, al mostrarse favorables a la aplicación de medidas más restrictivas encaminadas a atajar la llegada de irregulares y a contribuir, de paso, a frenar el efecto llamada.

Entre los votantes de Sumar, el número de los que aprueban aplicar un registro más expeditivo en materia migratoria es solo 1,3 puntos menor que entre los simpatizantes del PSOE

Según los datos del sondeo, por encima del 50% de los entrevistados (50,7%) considera que incrementar las deportaciones serviría tanto para poner coto a la inmigración irregular como para diluir el efecto llamada. Por el contario, un 38,5% de los participantes de la encuesta, realizada a partir de un millar de entrevistas, rechaza un endurecimiento de la legislación sobre inmigración, mientras uno de cada diez no tiene una opinión al respecto o prefiere no revelarla.

El trabajo de campo de la encuesta fue realizado pocos días después de la gira del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Senegal, Mauritania y Ghana, en un viaje que eludió otros estados del África occidental, como Guinea, Malí, Chad, Burkina Faso y Níger, en los que la corrupción institucional y una clamorosa laxitud legislativa dan alas a las mafias de la inmigración.

Los bandazos de Sánchez

La visita, concluida el 30 de agosto, generó también un nuevo encontronazo en Sumar, el socio de coalición del PSOE, tras haber pasado Sánchez en pocas horas de alentar una «inmigración ordenada» a ver «imprescindible» el retorno de los irregulares a sus países de origen.

Por edades, el segmento situado entre los 65 años o más secunda en mayor número (532%) el endurecimiento de las políticas de inmigración. Sin embargo, entre los más jóvenes, aquellos que tienen entre 18 y 29 años, es ligeramente mayoritaria (54,8%) la idea de no aumentar los controles. En los grupos de edad entre 30 y 44 años y de 45 a 64 años el criterio sigue muy dividido, con un apoyo a aumentar las deportaciones de un 49,3% y un 50,6%, respectivamente.

Por preferencia de voto, el sondeo de Hamalgama refleja entre los encuestados la línea de los partidos sobre un asunto de extrema sensibilidad electoral. Pero hay datos que indican un escaso respaldo a una gestión del problema, la del Ejecutivo de Sánchez, que se ha revelado ineficaz para resolverlo. Es el caso de ese 37,3% del electorado socialista que no comulga con el buenismo detectable en algunas de las políticas desplegadas en los últimos seis años, en los que se ha pasado de la escenificación solidaria en clave de campaña de imagen (el recibimiento del Aquarius en el puerto de Valencia el 17 de junio de 2018) a tener las islas Canarias al borde del colapso.

Entre los votantes de Sumar, el número de los que aprueban aplicar un registro más expeditivo en materia migratoria es solo 1,3 puntos menor que entre los simpatizantes del PSOE.

En el espectro del centro-derecha, la diferencia porcentual respecto a la valoración sobre si conviene aumentar el control normativo sobre la inmigración irregular es de casi diez puntos: mientras aquellos respaldan en un 64,4% medidas más severas, el caso de los seguidores del partido que lidera Santiago Abascal el porcentaje se eleva al 73%.