La libertad de expresión y la protección de la vida privada en Internet se encuentran cada vez más amenazadas en países reconocidos como democráticos, por una serie de proyectos o de propuestas de ley que los sacrifican en nombre de la protección de la seguridad nacional o la protección del derecho de autor. La vigilancia generalizada no es una solución apropiada, tampoco lo son el bloqueo ni la censura de sitios que revelan información clasificada, pero de interés público. – Reporteros Sin Fronteras

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha expresado su profunda preocupación por el proyecto de ley CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), que se examina actualmente en el Congreso estadounidense.

En nombre de la lucha contra la cibercriminalidad, esta ley autorizaría al gobierno y a las empresas de Internet a establecer una vigilancia desmesurada sobre los usuarios, incluso a censurar la Red. Asimismo, la ley podría ser utilizada para acallar a los sitios informativos que publican dossiers o informaciones clasificadas, como The New York Times o WikiLeaks.

La ley CISPA, recuerda Reporteros Sin Fronteras, busca desarrollar el intercambio de información entre las autoridades y los actores privados de la Web con el fin de facilitar la detección del cibercrimen y la lucha contra él. Pero también permitiría al gobierno estadounidense y a empresas privadas – en especial a proveedores de acceso a Internet e intermediarios técnicos– establecer una vigilancia de las comunicaciones, incluso suspender o bloquear sitios web, pues la ley autoriza a las empresas que se protegen contra “amenazas de ciberseguridad” a utilizar “sistemas de ciberseguridad” para lograr identificar la amenaza en cuestión. Estos sistemas, definidos de una forma demasiado vaga, podrían incluir también sistemas de vigilancia, bloqueo y filtrado.

La definición de las amenazas potenciales es aún más amplia. Reporteros Sin Fronteras advierte que “se contemplan tanto los “esfuerzos para dañar o destruir sistemas o redes”, como el “robo, el abuso o el mal uso de información privada o gubernamental, de propiedad intelectual o datos personales”. Todos los sitios que publican información clasificada, del New York Times a WikiLeaks, podrían verse afectados por esta ley.

Por otra parte, el intercambio de la información recabada suscita verdaderas preocupaciones respecto a la protección de la vida privada y de los datos personales. La ley CISPA permitiría eludir las leyes existentes sobre el respeto de la vida privada.

Consultado por Reporteros sin Fronteras, un portavoz del Center for Democracy and Technology, una ONG estadounidense que defiende la libertad en Internet, explicó que: “bajo su forma actual, CISPA es muy preocupante por la amplitud de su campo de acción. Las empresas sólo deberían estar autorizadas a compartir con el gobierno determinadas categorías de información, las que constituyan precisamente una amenaza real a la ciberseguridad. El intercambio de información debería permitir mejorar la seguridad de los internautas, no la vigilancia del gobierno”.

La ley CISPA (pdf) fue presentada el 30 de noviembre de 2011 por Mike Rogers y Dutch Ruppersberger, miembros de la Cámara de Representantes –como una enmienda de la National Security Act de 1947–, y fue adoptada por el House Intelligence Committee el 1 de diciembre. La próxima etapa: que sea votada por el pleno de la Cámara de Diputados. A finales de marzo de 2012 el diputado Mike Rogers anunció que más de una centena de parlamentarios – republicanos y demócratas – apoya esta propuesta. Contrariamente a lo sucedido con las propuestas de ley “Stop Online Piracy Act” (SOPA) y el “Protect IP Act” (PIPA), con las que se buscaba proteger la propiedad intelectual en línea y contra las cuales se pronunció el Silicon Valley, en este caso, diversos actores de la Web, como Facebook, Microsoft, IBM y AT&T, han manifestado su apoyo la ley CISPA.

En Nación Red | CISPA, todo en nombre de la ciberseguridad

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