La medida quiere garantizar que el consumidor que vaya a firmar un contrato hipotecario disponga de toda la información al respecto.

El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado hoy la modificación de la ley del código de consumo, que pretende aumentar la protección de los consumidores al contratar un crédito o préstamo hipotecario u otros productos financieros y prevé sanciones de hasta 100.000 euros a las entidades que cometan abusos.

El proyecto de ley impulsado por el Govern, que será remitido al Parlament para su tramitación, pretende poner coto a las prácticas abusivas y garantizar que el consumidor que vaya a firmar un contrato hipotecario disponga de toda la información al respecto.

Una de las novedades que introduce el proyecto es la tipificación de infracciones, que en el caso de las consideradas «graves» pueden acarrear una sanción de hasta 100.000 euros por cada caso concreto en que una entidad financiera no haya cumplido las obligaciones que marca la ley, por lo que la suma de casos pueden comportar sanciones «millonarias», ha señalado el portavoz del Govern, Francesc Homs.

Homs ha explicado que las medidas contenidas en este proyecto afectan de manera muy directa a créditos y préstamos hipotecarios, pero también a otros tipos de productos financieros que puedan ofrecer las entidades bancarias.

No obstante, ha puntualizado que la aplicación de estas nuevas medidasno puede hacerse con carácter retroactivo para todos los casos que han ocurrido hasta ahora, sino que su aplicación empezará con los contratos que se firmen a partir de la aprobación de la ley.

Otra de las novedades del proyecto es que, en el caso de las hipotecas, se establece por ley un interés de demora máximo que no puede superar en 2,5 veces el interés legal del dinero, por lo que cualquier cláusula que incluya un tipo de interés superior a eso se considerará abusiva.

Además, se introducen medidas para mejorar y ampliar el contenido de la información previa que se entrega al consumidor, en referencia a la posibilidad de incremento de los tipos de interés, el riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimiento de los compromisos que estipula el contrato, los servicios adicionales que el cliente está obligado a contratar o las cláusulas que contengan un mayor riesgo.

También se pretende evitar la publicidad engañosa de préstamos y créditos hipotecarios a través de comunicaciones publicitarias que levanten falsas expectativas entre los clientes.

Por otra parte, Homs ha celebrado que el Tribunal Constitucional (TC) haya desestimado el recurso que presentó en 2001 el gobierno de José María Aznar sobre el impuesto a los grandes establecimientos comerciales que había aprobado el Parlament un año antes.

Para Homs, el anuncio es una «buena noticia» porque «avala» la política comercial que aplicaba entonces el Govern de Jordi Pujol y que «mantiene» el ejecutivo de Artur Mas, si bien ha «lamentado» que el TC haya tardado tanto en resolver el recurso.

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