«Hay que cambiar el concepto de servicio público que hay en España como algo gratuito y que es prestado por funcionarios. Lo que hay que garantizar es que los servicios púlbicos sean asequibles y accesibles para el conjunto de los ciudadanos».

¿Se imaginan tener que pagar por escolarizar a su hijo en una escuela pública? ¿O entregar dos euros a su médico de cabecera cada vez que le visiten por el típico resfriado? Pues ése es el escenario hacia el que España debería caminar si quiere reducir el déficit y hacer sostenibles sus cuentas públicas en opinión del Círculo de Empresarios.

Esta organización es una suerte de laboratorio de ideas empresarial que nació en plena transición para defender las ideas de libertad de mercado y de empresa. Desde entonces sus planteamientos, documentos y manifestaciones siempre se han movido en el segmento más liberal del pensamiento económico.

Desde ese posicionamiento, el responsable del Comité de Presupuestos de la organización, Manuel Pérez-Sala, ha invitado al Gobierno a plantearse la implantacion generalizada del copago en los servicios públicos, incluso en los más fundamentales como la sanidad y la educación.

Recuerda que España es ya prácticamente el único país de su entorno más inmediato que aún se resiste a implantar el copago en servicios sanitarios.En relación a la educación, sostiene que el modelo gratuito actual ha resultado ser tan costoso como ineficaz, como demuestran los resultados de los test europeos sobre resultados académicos.

Entiende que se deberían cerrar universidades y encarecer la tasas universitarias.La opinión del Círculo de Empresarios es que no se volverá al crecimiento y  a la creación de empleo en tanto no se reduzca la deuda pública. Y ésta no se reducirá mientras no se controle el déficit. Y para controlar el déficit es absolutamente central reducir el gasto público.Y para reducir el gasto, el Círculo plantea una de sus reivindicaciones más tradicionales: la reducción del tamaño del sector público.

Empezando por el sector público empresarial. Pérez-Sala opina que la gran mayoría del universo de 4.000 empresas, consorcios y fundaciones públicas que hay en España son potencialmente privatizables o, como mínimo, susceptibles de actuar en un entorno competitivo con la empresa privada.Aunque, en su opinión, la gran reforma pendiente es la de las administraciones territoriales.

«El sector público debería limitarse a prestar determinadas funciones muy concretas: justicia, seguridad, relaciones internacionales; el resto es susceptible de ser gestionado por operadores privados». En este esquema sobrarían buena parte de los más de tres millones de empleados públicos que refleja la Encuesta de Población Activa.El Círculo anima al Gobierno a flexibilizar el régimen de los empleados públicos para poder «adaptarse a las necesidades coyunturales del momento tal y como hacen las empresas privadas».

Vamos, que se permita despedir a funcionarios cuando no le sean útiles.Otro eje de actuación debería ser, siempre según el plantamiento del Círculo, la reducción de ayuntamientos. Algo que, recuerdan, ya han hecho países como Dinamarca, Grecia o Italia.

En España hay cerca de 9.000 ayuntamientos de los cuales sólo 750 tienen más de 10.000 habitantes, el umbral que la Comisión Europea considera como mínimo para una prestación eficiente de los servicios, subraya el analista de Presupuestos del Círculo.El ajuste también sería posible en las Diputaciones Provinciales. «Con la mitad de las que existen hoy se podrían prestar los mismos servicios».

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