BOGOTÁ, 8 dic (IPS) – Colombia saldrá el año entrante de la lista de los “chicos malos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A cambio, el gobierno de Juan Manuel Santos facilitó una visita al país de la delegación de este organismo, parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La transacción diplomática, cuyos pormenores no se conocen, sobreviene en medio del debate en torno a reformas promovidas por varios países sobre los alcances y cometidos de los organismos protectores de los derechos humanos en el marco de la OEA. Colombia ha figurado 12 años seguidos en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH. En 2012 le acompañan Honduras, Venezuela y Cuba, como los países donde más se violan distintas garantías.

Ahora, Colombia será objeto de un informe más extenso que contendrá recomendaciones. En 2014, la CIDH vigilará si estas son atendidas y, en caso contrario, el país podría retornar en 2015 a la poca edificante sección.

En todo caso, “el hecho de que se elabore un informe de país en vez de determinar su inclusión o no en el Capítulo IV no implica un mejoramiento de los derechos humanos”, aclaró el viernes 7 en Bogotá el comisionado Felipe González.

De hecho, los cinco comisionados que viajaron a Colombia constataron una “grave crisis humanitaria” entre los desplazados de sus hogares por la guerra civil, de manera “desproporcionada” si son indígenas o negros y, en especial, si se trata de mujeres, activistas, personas homosexuales o con diversa identificación de género, menores de edad e indigentes.

Las “observaciones preliminares de la CIDH sobre la visita ‘in loco’ a Colombia” recogen que entre 8,6 por ciento y 11,2 por ciento de los 47 millones de habitantes de este país han sido obligados a dejar sus hogares por causa del enfrentamiento armado interno.

La salida de personas de sus lugares de origen aumentó 63 por ciento en lo que va del año hasta el 20 de noviembre, sobre todo en el occidente y en el sur del país, según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Los colombianos huyen de los combates y amenazas, pero últimamente aumentó el desplazamiento de familias que buscan evitar que las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) recluten a sus hijos.

Por otra parte, desarraigados en el sudoccidental departamento de Cauca indicaron a la CIDH que las autoridades no los reconocen como víctimas porque fueron desplazados por grupos que siguieron alzados en armas después de la desmovilización parcial de paramilitares de ultraderecha.

Los comisionados visitaron Bogotá y las ciudades de Quibdó, Medellín y Popayán, capitales respectivamente de los departamentos del Chocó y Antioquia, en el noroeste, y del Cauca.

Comprobaron que hay dos realidades distintas en Colombia. “La sólida institucionalidad” que existe “se expresa de manera contundente en Bogotá”, mientras que en el interior “el Estado afronta profundos obstáculos para hacer cumplir las leyes y para implementar los programas existentes”, atribuibles a “la corrupción a nivel local y el bajo nivel de desarrollo político y social”.

Esto se registra “muy especialmente en zonas rurales y con respecto a ciertos grupos poblacionales”, entre los cuales la CIDH destaca que los afrodescendientes están en “situación de discriminación directa e indirecta”.

A González le correspondió viajar a Popayán, la ciudad que recibe proporcionalmente más desplazados en el país.

“Nos reunimos con desplazados internos, comunidades indígenas, organizaciones de mujeres, altos mandos militares, el gobernador, el defensor del pueblo y la fiscalía. Vimos una situación muy compleja, realmente. De las mujeres recibimos algunas denuncias específicas. Pero, en general nos dieron información para tener un cuadro de la situación allí”, contó el representante de origen chileno.

La CIDH refiere “información alarmante” sobre la violencia sexual contra las mujeres por parte de los actores armados. Aunque según las autoridades solo existe una denuncia, la oficina regional del Defensor del Pueblo (ombudsman) indicó “un subrregistro importante”, especialmente si la violencia sexual ha sido ejercida por militares, por temor a denunciar. “Les planteamos a los altos mandos militares todas estas denuncias que hemos estado recibiendo. Vamos a seguir en contacto con ellos para la elaboración del informe”, dijo González.

Muchas comunidades del Cauca padecen los combates entre las tropas del gobierno y las FARC, aunque el escenario está cambiando ante diálogos de paz que las partes adelantan en La Habana, en medio de una tregua unilateral de navidad de la guerrilla.

A los indígenas “les preocupa mucho no ser tenidos en cuenta, o solo de una manera marginal y sin una participación relevante en la negociación”, indicó González, en referencia a las negociaciones de paz que llevan adelante las FARC y el gobierno de Santos.

Creen que “eventualmente parte del acuerdo sea que las FARC puedan mantener algunas reservas que están situadas en territorios indígenas”.

“Desde luego, la CIDH alienta los procesos de paz, pero tienen que ser de una manera participativa, y tampoco a costa de pasar a llevar los estándares básicos de derechos humanos”, añadió.

“Esto pone en un cierto dilema al Estado”, matizó, “pero sería lamentable que se produjeran retrocesos después de los importantes avances que ha dado la justicia transicional en Colombia”.

Sostuvo que “la historia ha demostrado” que justicia y reconciliación “se pueden ‘casar’”.

Igual que la Corte Penal Internacional, la CIDH advirtió que la inminente reforma constitucional que amplía el fuero penal militar constituiría “un grave retroceso y pondría en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia”. Además, contiene “varias disposiciones que serían incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En todo caso, la CIDH recordó que la protección judicial de los derechos fundamentales “no se encuentra sujeta a suspensión, aún en tiempos de guerra”.

Derechos humanos, a veces

Rafael Barrios, del humanitario Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo a IPS que “a los Estados del continente les incomodan decisiones de la CIDH que tienen que ver con medidas cautelares, con casos que envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el tema de la libertad de expresión y, obviamente, con el Capítulo IV, donde se sienten en una ‘lista negra’.”

“Desafortunadamente, gobiernos progresistas y de izquierda, como el del presidente (venezolano Hugo) Chávez, que hoy se han retirado de la competencia de la Convención Americana y que en el pasado han criticado a Estados Unidos y Canadá por no hacer parte de esa jurisdicción, hoy están al mismo lado de ellos. Es decir, uno se pregunta cuál es la coherencia de esos gobiernos”, agregó

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