¿Puede un lenguaje usado por millones de personas tener derechos de autor y ser propiedad de una entidad o institución? ¿Es legalmente permisible o ética su apropiación por parte de terceros? Estas preguntas se han estado planteando últimamente en la red a partir del aviso que la Real Academia de la Lengua Española, RAE, y el Grupo Planeta, enviaron al periodista uruguayo Ricardo Soca para que retirara de su web, elcastellano.org, contenidos considerados de su exclusiva propiedad, así como enlaces a la página de la RAE. Veamos algunos extractos de la comunicación de la RAE a Soca, según el documento subido por este último a internet:
actuando en nombre y representación de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, en adelante RAE, en relación con el sitio web de su propiedad www.elcastellano.org, queríamos informarle que dicha Institución es el único y legítimo propietario de la marca RAE y de la información contenida en la Web www.rae.es, por lo que queda expresamente restringido el uso de de los mismos.
Tanto los sitios Web de la RAE en su condición de obras multimedia como cada uno de sus elementos y contenidos están protegidos por derechos de propiedad intelectual y, salvo para un uso personal y no comercial por parte de los Usuarios, no pueden ser distribuidos, modificados o reproducidos total o parcialmente sin la autorización previa por escrito de la RAE.
Se advierte que cualquier acto de reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de tales buscadores, diccionarios y bases de datos más allá de los usos permitidos, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la RAE, quedando esta legitimada para interponer las acciones civiles y penales que correspondan.
Con el propósito de evitar prácticas desleales así como de proteger los legítimos derechos de propiedad industrial e intelectual de la RAE, queda prohibida la introducción de enlaces que faciliten el acceso directo a cualquiera de los contenidos de los sitios web de la RAE, salvo en el caso de que se utilicen los procedimientos que la RAE implemente para ello, bien sea por medio de botones integrables en el navegador o de otro tipo de recursos de software.
Hasta donde se puede apreciar, el documento es el típico cease and desist, usado por los abogados en defensa de los derechos de propiedad u otros. Podría parecer razonable el pedido, pues se refiere no al uso del idioma si no a los recursos y contenidos propios de la RAE, sin embargo el caso tiene sus bemoles. Empecemos por lo que dice el propio afectado, Ricardo Soca:
El papel de las instituciones académicas, sobre todo de aquellas que son financiadas en todo o en parte por el dinero de los contribuyentes, es generar y transmitir conocimientos, devolviendo a la sociedad el fruto de sus investigaciones con la máxima divulgación posible. Que las empresas privadas comercialicen material cultural para obtener ganancias no está mal, forma parte de su papel en nuestra organización social, pero las instituciones académicas no deberían involucrarse en la busca de lucro.
Habíamos pensado hasta ahora que este sería el caso de la Real Academia Española, que desde Madrid pretende dictar las normas del castellano a un universo de 450 millones de hablantes diseminados en veintidós países de cuatro continentes, trabajando en colaboración con un conjunto con otras tantas academias nacionales . Pero la RAE retacea el fruto de su trabajo por razones comerciales: su diccionario no ofrece en la web todos los servicios de su versión comercial en disco, el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española no ofrece en la red los mismos servicios que su versión de pago en DVD, y no permite la divulgación de sus trabajos fuera de su página web por razones comerciales.
En el siglo XXI, la Academia ha delegado en empresas privadas del Reino de España una parte de la autoridad que hace 298 años le confirió Felipe V para unificar la lengua del imperio. En efecto, es sorprendente que una compañía poderosa como el Grupo Planeta pueda presentarse en nombre de la Real Academia, presionando para impedir la divulgación en la internet de obras en cuya elaboración han participado las veintidós academias, como es el caso del Diccionario de la lengua española y pretende imponer las leyes del reino a los países hispanohablantes.
Podría parecer extraña la asociación entre la RAE y el Grupo Planeta, sin embargo Juan Luis Sánchez en Periodismo Humano aclara: “La Academia es una corporación pública financiada al 50% por las grandes empresas españolas […] a través de la Fundación pro RAE, precisamente creada en 1993 para “canalizar la ayuda” de la sociedad civil. El presidente de honor de la Fundación pro RAE es el Rey de España”. También nos informa de otras consecuencias de esta acción de la RAE:
Esta estrategia […] ha provocado indirectamente el cierre de otra página relacionada con la RAE. Esta vez se trataba de una “versión mejorada” para consultar del Diccionario Panhispánico de Dudas elaborada por Franz Mayrhofer, un hispanista colaborador del Instituto Cervantes (aquí su ficha profesional) en California.
Dirae.es, es un [otro] buscador donde puedes encontrar una palabra no solo en el índice de términos sino también dentro de las definiciones. Mejor con un ejemplo: si buscamos “tela” en el buscador oficial de la web de la RAE, la página nos lleva a la definición de la entrada “tela”, pero si buscamos “tela” en Dirae.es, nos muestra todas aquellas palabras definidas de alguna manera con “tela”. En este caso, 70 páginas llenas de vocablos
En defensa de Dirae, su autor explica que “hace exactamente lo mismo que buscadores como Google”. Es decir, “busca en los contenidos de los sitios, muestra un extracto del texto coincidente y enlaza a la página”. De hecho, si usamos Google podemos hallar resultados muy parecidos de “tela”. ”Con la diferencia”, dice Gabriel Rodríguez, “de que Dirae no tiene publicidad y no genera lucro alguno, al contrario que Google o Bing. Pero claro, la carcajada que produciría una amenaza de Planeta a Google se escucharía en todo Mountain View”.
Luego de brindar estos ejemplos de usos enriquecedores de la información que la RAE pretende de alguna manera “privatizar”, Sánchez concluye:
mientras que la web del diccionario de la RAE es tosca y poco usable, alternativas sin ánimo de lucro como las de Franz Mayrhofer o Gabriel Rodríguez ofrecen, por un lado, una experiencia más agradable y, por otro, servicios que directamente la RAE no desarrolla.
¿Debería la RAE permitir el uso sin ánimo de lucro de sus bases de datos, sus definiciones, sus normas? ¿Debería permitirlo incluso con fines comerciales? Todo este asunto sería un debate sobre la propiedad intelectual de lo público, parecido al que suscitan las políticas de transparencia, si no fuera porque el ecosistema de la Academia no es meramente institucional.
Si se puede decir que algo bueno ha salido de esto es la puesta en debate de este tipo de prácticas. En tiempos que filosofías como el #opendata (datos abiertos) están poco a poco permeando a las instituciones públicas en aras de mayor transparencia, parecen ya actitudes de otras épocas cosas como las de la RAE. Y sin embargo esto es consecuencia de la liberalización, o quizás mercantilización “in extremis” del estado y sus recursos, pues lo que está haciendo Planeta es simplemente defender su aporte (más bien inversión) puesto en la RAE. Así pues muchos son de la opinión que o se privatiza totalmente la RAE o vuelve a ser totalmente pública, con diversas consecuencias en cada caso.
Ebaste, del blog Crónicas desde el Molino, hace una serie de puntuales críticas a esta institución y además dice que la RAE ha perdido el rumbo y tiene una profunda crisis de identidad:
Por una parte se entiende a sí misma como el garante de la “pureza” del español, la que decide lo que está bien y está mal; pero por otra parte está “gobernada” por unas editoriales que aprovechan esta posición para vender la mayor cantidad posible de libros al mayor. Esto hace que no pueda ejercer su labor normativa con independencia.
En lo que respecta a los derechos de autor de las obras de la Academia señala:
Muchos de estos trabajos, especialmente los diccionarios, han sido desarrollados a lo largo de 300 años por muchas personas de un modo desinteresado o pagado por todos. No es aceptable que ahora se le apliquen restricciones de derechos de autor en beneficio de grupos editoriales privados.
En Alt1040, Geraldine Suárez escribe sobre la filosofía de los enlaces, algo que la RAE está prohibiendo cuando tiene que ver con ellos, y manifiesta su opinión claramente sobre la parte de los derechos de autor:
En defensa de la RAE solo me gustaría señalar que no es una obligación adaptarse a la sociedad de la información, aunque es deseable, especialmente en el ámbito académico. Claro, sí la RAE solo esta interesada en el lucro y no en la difusión, podemos esperar que siga estancada en el siglo pasado, apropiándose del dominio público y además, reclamando que es de su propiedad™.
Jorge Fondebrider del blog Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, trata de ver el panorama completo y opina que esta acción de la RAE es sólo la punta del iceberg. Fundamenta su opinión en la anunciada nueva web de la RAE financiada por Telefónica y toma citas del blog Addenda et Corrigenda para decir:
“Pero la cosa no queda sólo en el reparto del negocio de la lengua normalizada”, añaden. Y argumentan que el reparto del pastel del español global (que, en lo que concierne al libro y los contenidos digitales es, según el experto Javier Celaya, el próximo campo de batalla económico) es, además, un asunto de política de estado del Reino de España, un reino donde también la cultura está en manos exclusivas del gran capital.
“Desengañémonos –concluyen en Addenda et Corrigenda– : todos ellos, y no nosotros, son los amos de la lengua y la cultura en español.” […] El desengaño, sin embargo, debe ser todavía más amargo. La noticia del atropello a Ricardo Soca no circuló en los diarios, […] En el ámbito privado, salvo unos pocos amigos españoles conscientes de la gravedad de los hechos, la mayoría de quienes estaban al corriente se mostraron indignados en primera instancia, pero al saber que en el trasfondo hay una política económica y geoestratégica del Estado español que tiene la lengua como eje central (política de la que come toda empresa española relacionada con la lengua, a no olvidarlo) muchos fueron archivando la cuestión. Y así están las cosas.
La pregunta entonces es qué se puede esperar de España y qué van a hacer los gobiernos y asociaciones latinoamericanas frente a esta privatización encubierta de la lengua que es patrimonio de todos.
Pero la gente de internet no se ha quedado de brazos cruzados. Se ha creado un blog titulado muy apropiadamente: RAE: Dominio Público (Porque la lengua es de todos) que en su “acerca de” indica: “Convertir el patrimonio de todos en un monopolio es una aberración y un abuso. Por eso, exigimos que la información recopilada y gestionada por la RAE – recordamos, con dinero público – pase al Dominio Público de forma inmediata.” También hay una petición de firmas en línea dirigida a la RAE: La lengua es de todos, no de las corporaciones, con el siguiente texto:
Queremos que la Real Academia Española (RAE), entidad financiada en parte con dinero público (no se sabe con qué parte), ponga los contenidos de su sitio web a disposición de los 450 millones de hablantes de nuestra lengua, sin restricciones que impuestas por intereses de corporaciones privadas (Grupo Planeta, Santander, IBM, Telefónica, Repsol, IBM, Microsoft, etc.).
Quizás no sirvan de mucho estas peticiones pero peor es la inacción. Antes de terminar, un post con una compilación organizada temáticamente, de las informaciones más relevantes (y reveladoras) sobre este tema: Todo sobre mi RAE®. La larga cola del asunto Ricardo Soca en el ya mencionado blog Addenda et Corrigenda. Hashtags a seguir en Twitter: #RAEcensura #RAEdominiopublico #defineRAE #RAE.
La ilustración ha sido tomada del post APOYO A R.SOCA del sitio web SCH.
Publicado el 12-10-2011 – Etiquetas: «datos abiertos», castellano, español, idioma, lengua, opendata, rae []
Desde hace un mes, aproximadamente, hay una consultora realizando un estudio sobre la viabilidad de migrar todos los servidores de la Junta, Cortijo , Chirigota o Gobierno de Extremadura a SQL Server y además la posibilidad de instalar Microsoft Office 365 para el personal administrativo de la Junta, ese que decía el Consejero de Administración Pública de que nos iba a poner a todos en la nube. Y a otros en la parra.
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15-10-2011 – 8:49 PM
15-10-2011 – 9:09 PM
16-10-2011 – 12:11 AM
16-10-2011 – 6:13 AM
http://www.arellanojuan.com/el-castellano-la-rae-y-los-derechos-de-autor/