Iván Gutiérrez Núñez
Cubadebate

Modelo XT de celular Thuraya

En la agresión contra Libia, como sucedió en las guerras imperialistas contra Iraq y Afganistán, Washington y sus aliados trataron de imponer la superioridad tecnológica en función de sus objetivos de conquista. Antes del inicio de los ataques y para subvertir el orden interno de Libia, Occidente había estimulado la creación de grupos opositores e insurgentes con conocimientos sobre los servicios de Internet, la telefonía móvil y los canales de TV satelitales.

En el caso libio la telefonía móvil satelital desempeñó un rol importante en la etapa de la guerra, pues aunque sirvió básicamente para garantizar las comunicaciones OTAN-fuerzas insurgentes del Consejo Nacional de Transición (CNT), también fue empleada para los ataques aéreos de los aliados.

ncluso, de acuerdo a un breve análisis de los hechos asociados a la muerte del líder libio, Muammar al-Gaddafi, podría concluirse que el uso de un teléfono satelital marca “Thuraya” por parte del ex mandatario pudo haber facilitado su detección y posterior muerte a manos de la OTAN y fuerzas del CNT.

Telefonía “Thuraya”

Los equipos telefónicos empleados en Libia fueron fabricados por la empresa “Al Thuraya Satellite Communications Company”, con sede en Emiratos Árabes Unidos y se distribuyeron por los aliados entre las fuerzas insurgentes. Estos dispositivos dotados del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) permitieron a los rebeldes establecer coordenadas y ubicar blancos civiles y militares que ocasionaron incalculables pérdidas a las fuerzas leales a Gadafi.

De acuerdo al sitio digital “Wikitel” la empresa de telefonía “Thuraya” ha expandido sus servicios de manera gradual y actualmente opera tres satélites fabricados por la empresa estadounidense Boeing, asociada al poderoso complejo militar industrial. Uno de estos satélites tiene capacidad para establecer 13 mil 750 conversaciones de manera simultánea.

El sitio en Internet “Erziasat”, especializado en telefonía satelital refiere que Thuraya es un proveedor regional de comunicaciones por satélite que se centra en Europa, Medio Oriente y África. La compañía tiene acuerdos de “roaming” con más de 200 operadoras de redes móviles alrededor del mundo, lo cual le permite desplazarse de una zona de cobertura a otra que puede estar dentro o fuera del país. Ofrece servicios de transmisión de voz, datos, fax y GPS. Thuraya produce los equipos de teléfonos móviles más pequeños del mundo.

En el sitio digital www.thuraya.com aparece que la compañía fue creada en 1997 y presta sus servicios a partir de una heterogénea red de empresas y distribuidores, lo que podría funcionar también como cobertura a la labor de los servicios de espionaje enemigos. Programó desde el inicio convertirse en la mayor de la región y entre sus clientes más importantes se sitúan compañías petroleras, medios de comunicación, entidades militares, gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

Según confirman otros sitios digitales los equipos “Thuraya” tienen altas prestaciones pues las llamadas salientes pueden realizarse a través de la red GSM (Sistema Global de Comunicaciones Móviles) en caso de ausencia de comunicación por el satélite, que es la opción más utilizada. Como se aprecia en la imagen, estos equipos son pequeños y tienen un tamaño similar a los móviles convencionales.

En el año 2000, Al Thuraya firmó un acuerdo por 1 000 millones de dólares con la firma estadounidense Hughes Space & Communications International para “ampliar las telecomunicaciones móviles en el mundo árabe”. Esta firma le suministró a “Al Thuraya” los satélites, las instalaciones de terreno y cerca de 250 000 teléfonos móviles.

La expansión de la empresa en la región de África del Norte favoreció que Libia adquiriera en época de Gaddafi, el 5% de las acciones por

un valor de 25 millones de dólares. El acuerdo de transferencia fue firmado por la empresa “Emirates Telecommunications Corporation”, y la “General Post and Telecommunications Company” de Libia. La dependencia tecnológica del país árabe fue uno de los factores aprovechados por EE.UU. que le brindó cobertura para penetrar en un sector estratégico como el de las comunicaciones.

Área internacional de cobertura del Thuraya.

Los servicios de comunicación satelital se extendieron pronto por Libia, sin poder prever el gobierno de Trípoli el rol que posteriormente jugarían en la agresión de la OTAN contra el país. Sin embargo, no es hasta el 12 de agosto del 2011, en plena conflagración y casi a punto de tener lugar el desenlace final de la contienda, que el gobierno libio prohíbe el uso de estos equipos telefónicos en el país.

Según medios de prensa digitales, el gobierno libio prohibió a sus ciudadanos utilizar teléfonos por satélite mediante el operador “Thuraya” sin antes recibir un permiso oficial, ya que de lo contrario serían considerados sospechosos de espiar para la OTAN. Quienes incumplieran esta norma podrían haber sido imputados por colaborar con el enemigo y se enfrentarían a una posible ejecución. En aquel momento, el gobierno de Trípoli alegó que existían “espías de la OTAN que utilizan los teléfonos Thuraya para dar coordenadas a los aliados”. Sin embargo, la medida llegó tarde.

Objetos personales ocupados a Gaddafi durante su captura y posterior asesinato.

Cuando Gaddafi decidió incorporar al Estado libio como un accionista de la empresa telefónica “Al Thuraya”, no imaginó que en el momento final de su vida la utilización de este equipo satelital contribuiría a su monitoreo, detección, captura y posterior asesinato. “Cuando fue detenido, Gaddafi disponía de un teléfono satelital Thuraya” declaró uno de sus captores. Incluso después de su muerte el aparato sonó y uno de los rebeldes contestó. La persona que habló se presentó como Aisha, la hija de Gaddafi exiliada en Argelia, quien pidió hablar con su papá. Tristemente para ella, fue un rebelde del CNT el que contestó la llamada y le informó que su padre había muerto. Él mismo había violado la prohibición que días antes dispuso y le costó la vida.

Tras la pista de la “Thuraya” en Siria

Al parecer, el éxito logrado en Libia por la OTAN está influyendo en la decisión de emplear los servicios de “Thuraya” para tratar de desestabilizar la situación interna de Siria. Recientemente la agencia Prensa Latina informó que autoridades de ese país incautaron grandes cantidades de equipos de comunicación de tecnología de avanzada, incluidos dispositivos vía satélite “Thuraya”, que estaban en posesión de grupos armados que tratan de provocar una situación de caos en algunas regiones del país. Un dato interesante es que para evadir el control por parte de las autoridades de seguridad sirias, los servicios de comunicaciones de esos aparatos son suministrados de forma alternativa por países árabes y occidentales.

Según autoridades de Damasco, en los últimos meses se ha detectado un incremento en la entrada de estos dispositivos al país, los cuales son importados desde Qatar, con el apoyo de Estados Unidos e Israel. Las fuerzas de seguridad sirias descubrieron además un equipo de comunicación israelí para frecuencias especiales de comunicación satelital. Este sistema no es comercializado en los mercados, ya que para su utilización se requiere la autorización de los ministerios de Defensa en los países donde se fabrica.

La ola de protestas acontecida en algunos países de África del Norte y Medio Oriente ha sido el acontecimiento de mayor trascendencia para el mundo durante el año 2011. La respuesta inmediata de Occidente para tratar de mantener el control de esa estratégica región debe ser estudiada y analizada con detenimiento. El uso de los más modernos adelantos tecnológicos en función de la guerra debe ser también una experiencia a estudiar con profundidad. El reto de los países del Tercer Mundo radica en aprender de estos hechos y definir estrategias ante posibles contingencias.

http://sleepwalkings.wordpress.com/2011/12/03/la-trampa-thuraya-el-uso-de-la-tecnologia-celular-en-la-guerra-contra-libia/

 

Lo ha conseguido. El Alto Tribunal de Reino Unido ha determinado este lunes que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tiene derecho a llevar su caso a la Corte Suprema y por lo tanto no será deportado. Lo habría sido en un plazo de 10 días de no haberse pronunciado a favor de su solicitud al menos dos jueces que han visto su recurso. Pero lo han hecho.

Aunque los jueces no reconocen el derecho a una apelación formal si que creen que Assange puede y debe dirigirse directamente a la Corte Suprema del Reino Unido al considerar el caso “de importancia pública general” por las indudables repercusiones que para los derechos y libertades de los ciudadanos pueden tener las alegaciones que plantean sus abogados en relación con el proceso de extradición, en su caso a Suecia.

Un asunto, la ausencia de garantías en los procesos de extradición, que hoy mismo se debate en el Parlamento británico.

http://www.nacionred.com/derechos-humanos/el-caso-de-la-extradicion-de-assange-es-de-importancia-publica-general-para-la-justicia-britanica

El anuncio ha sido hecho al parecer, por el Departamento de Aduanas del Ministerio de Finanzas. Los medios libaneses y alemanes han informados que las autoridades están advirtiendo a todo el mundo contra la utilización del iPhone en Siria.

En el conflico que se está viviendo en el país, muchos ciudadanos tienen como únicas armas, los teléfonos o las cámaras de fotos para registrar y denunciar lo que allí ocurre. Internet permite que conozcamos en tiempo real toda la información que nos llega de allí. El gobierno lo sabe, y ha decidido ponerle fin a la manera de las dictaduras, prohibiendo utilizar los iPhone.

La medida tal cual se plantea es absurda. Prohibir usar un iPhone (que es simplemente un modelo concreto de teléfono móvil) y esperar que la gente deje de tomar fotos y vídeos de la violencia en las calles, es igual que retirar del mercado los Seat León para evitar que haya accidentes de tráfico.

Es curioso que no se hayan planteado (puestos a prohibir), suprimir todo tipo de dispositivo con conexión a Internet. Así que parece que los que usen móviles con Android u otro tipo de sistema, están a salvo.

La ONU cifra en 4000 personas el número de muertos desde que empezaran las revueltas en este país hace ya nueve meses, y ya lo define como guerra civil.

Esta medida no sorprende, después de que el mismo gobierno impidiera a la prensa internacional cubrir todos los eventos que allí acontecen. Este hecho es el que ha propiciado que sean los propios ciudadanos sirios los que se encarguen de fotografiar y grabar todo con sus móviles y cámaras.

Por tanto, a partir de ahora, cualquiera que lleve un iPhone encima, le será confiscado. Ya sea turista o ciudadano sirio.

Vía | BBC

http://www.nacionred.com/derechos-y-libertades/siria-prohibe-el-iphone-para-impedir-la-difusion-de-informacion-fuera-del-pais

El masivo ciberataque que ha tumbado esta mañana varios medios digitales incómodos (para el gobierno/partido de Putin) y la web de la ejemplar Golos, la ONG por la transparencia electoral cuya presidenta, Lilija Shibanova, fue retenida el sábado en un aeropuerto moscovita, donde le incautaron su ordenador portátil, no ha sorprendido a nadie que haya seguido la degeneración absoluta de un proceso electoral impropio de una democracia (aunque considerada como tal). El pequeño Putin hace más pequeños a los líderes europeos que conocen la involución democrática que sufre Rusia.

Existe la sensación de que la Comisión Electoral Central, la Fiscalía y los hackers están actuando juntos

Explica el director de un importante medio digital ruso que no tiene ni la menor duda de que ha sido atacado por hacerse eco de la iniciativa digital y democrática de Golos para la elaboración colaborativa de un mapa interactivo de las denuncias de irregularidades electorales. El mapa elaborado por Golos seguía siendo accesible en kartanarusheniiy.ru, aunque la mayoría de medios relevantes que han tenido el valor de publicarlo han “desaparecido” durante la jornada electoral que se ha celebrado hoy.

Como en Egipto, casi el 40% de abstención en lo que se dijo que era una asistencia masiva a los colegios electorales, la representación de las urnas no calmará a los demócratas que exigen elecciones justas, auténtica igualdad ante las urnas y libertad de elegir (y de vivir su individualidad) frente a la tiranía de los actores (políticos autoritarios, militares o clérigos).

La sensación de pucherazo y estafa electoral cuando es patente la ruptura entre el mundo de la política y el profundo cambio cultural vinculado a la aparición de internet, el medio de comunicación de la gente, anuncia un conflicto colosal. No hay libertad sin ruido. Ni líderes a la altura de los tiempos.

http://www.nacionred.com/censura/ciberataque-y-estafa-electoral

Un tercio de la gente que usa Internet en Suiza, se descarga material protegido con derechos de autor de la red. Películas, música, videojuegos etc. Como en casi todos los países, los ‘lobbys’ del copyright, instaron al gobierno a tomar medidas drásticas para paliar las pérdidas del sector.

En vez de legislar a favor de la industria sin tener datos objetivos de esas afirmaciones, Suiza decidió hacer un estudio para corroborar esos datos. Y desgraciadamente para la industria audiovisual, la conclusión es clara: descargarse música o películas de la red para uso personal está permitido y no tiene que cambiar.

La industria del entretenimiento se ha opuesto de manera sistemática a todos los avances que se han dado en este sector en relación con las nuevas tecnologías e Internet. Según el gobierno suizo, este no es la medida correcta, y deberían favorecer acciones para utilizar la tecnología a su favor, en vez que continuar con medias represivas.

Cada vez que una nueva tecnología está disponible, hay alguien que se lo toma como un abuso. Este es el precio del progreso. Los ganadores serán los que sean capaces de usar esas nuevas tecnologías en su provecho, y los perdedores serán los que se obcequen en continuar con viejos modelos de negocio.

El gobierno dice que incluso en la situación actual en que la piratería está en auge, las industrias de entretenimiento no están perdiendo dinero necesariamente.

En el informe se concluye que por ejemplo, alrededor de un tercio de los chicos de 15 años se descargan música, películas y videojuegos. Sin embargo, esta gente no gasta menos dinero en entretenimiento a causa de esto, porque el presupuesto que manejan para esas actividades es relativamente constante. Esto significa que descargar cosas de Internet es algo complementario, no sustitutivo.

Otra parte de la investigación afirma que los que descargan música de la red, acuden a conciertos más frecuentemente, y que los que se descargan juegos, compran más originales que los que no lo hacen. También dice que en la industria musical, el acto de compartir canciones hace que los grupos ganen en popularidad y por tanto en ingresos.

También tuvieron tiempo para analizar leyes como la Hadopi en Francia, la cual consideran de dudosa legalidad, ya que el acceso a Internet se considera un derecho humano reconocido por la ONU. Huelga decir que el informe recomienda la eliminación de dicha ley.

Otras acciones promovidas por los ‘lobbys’ como el filtrar o bloquear contenidos han sido categóricamente rechazadas, en defensa de la libertad de expresión y porque dichas medidas violarían la privacidad de los usuarios. Aprobar estas normas entraría en conflicto con muchas leyes vigentes.

La recomendación final del gobierno suizo a la industria es sencillo: deben adaptarse a las circunstancias y a los nuevos comportamientos de los consumidores, en caso contrario, desaparecerán. No hay ninguna necesidad de cambiar la ley porque no hay pruebas de un impacto negativo de las descargas en la producción nacional de contenidos culturales.

Vía | Torrent Freak

http://www.nacionred.com/legislacion-pi/descargar-musica-o-peliculas-seguira-siendo-legal-en-suiza

Carrier IQ es un software que funciona en segundo plano, sin que el usuario lo sepa, y transmite datos e información a las empresas para que, según estas, puedan mejorar sus servicios. El programa es capaz de grabar conversaciones, revisar correos electrónicos y registrar las pulsaciones de las teclas cuando se escribe un mensaje.

Todo ello fue un hallazgo del hacker Trevor Eckhart, el cual advirtió de la peligrosidad de que millones de “smartphones” de todo el mundo, incluidos Android, iPhone y Blackberry , estén registrando la actividad de sus usuarios sin su conocimiento.

El congresista Edward Markey considera el asunto lo suficientemente grave como para ponerlo en manos de la Comisión Federal de Comercio, que se encarga de velar por los derechos de los consumidores en EEUU.

Los consumidores y familias quieren saber quién está monitorizando y recolectando su información personal cada día que usan un smartphone.

La compañía propietaria del sistema, se defiende diciendo que lo único que hacen es recopilar información para diagnosticar problemas en la red y posibles problemas en los dispositivos, pero no graba, transmite, ni almacena ningún contenido, ya sea audio, vídeo o texto.

Nuestro software hace tu teléfono mejor, haciendo que los dispositivos y las redes ayuden a los operadores a proporcionar un servicio óptimo y eficiente.

Eso no es lo que dice sin embargo Trevor Eckhart, que incluso llegó a colgar un vídeo enseñando cómo el software recopilaba la información de su smartphone HTC.

Algunas compañías como Nokia han negado que sus móviles usen el sistema, y otras como Apple han declarado que pese a que algunas de sus versiones del iOS lo llevan incorporado, no es así con la última versión del sistema, y además puede ser desactivado. HTC por su parte, se defiende diciendo que son las operadoras las que piden que los móviles lleven ese software.

Más información | Reuters
Vía | Engadget

http://www.nacionred.com/proteccion-de-datos/eeuu-investigara-el-software-de-rastreo-carrier-iq-que-llevan-la-mayoria-de-los-smartphones

Ante la previsible aprobación dentro de unas horas de la polémica “Ley Sinde”, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando – como hicimos en el Manifiesto de 2 de diciembre de 2009 – nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet. En principio no parece de recibo que un Gobierno en funciones adopte esta decisión en su último o uno de sus últimos Consejos de Ministros. Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks. En todo caso insistimos en estos razonamientos:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Pásalo. Publícalo.

LA RED RESISTE

Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados por la merma de derechos y libertades. Ahora, pocos días después de haber sido deslegitimado por las urnas, un gobierno moribundo pretende aprobar el reglamento que desarrolla esta ley en abierta connivencia con el gobierno entrante.

La Ley Sinde tendrá numerosos efectos indeseados: al introducir una fuerte inseguridad jurídica en la regulación de Internet, se dificulta gravemente la actividad de los emprendedores tecnológicos que el Partido Popular pretende que contribuyan a reactivar la economía. La redacción de la Ley Sinde señala claramente que se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información; no deben confundirnos los mensajes que afirman que su única razón es la de cerrar webs de descargas. Nada es peor para el crecimiento de un mercado que la inseguridad de no saber si al día siguiente un negocio puede ser cerrado por la aplicación arbitraria de una norma en manos del gobierno de turno.

El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE -siempre defendida por el Ministerio de Cultura- se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama “mercados”.

Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.

Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.

Los gobiernos van y vienen. La red resiste.

http://redresiste.net/

Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) –

   El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, ha confirmado este viernes que el Consejo de Ministros lleva «en el orden del día» abordar el decreto que desarrolla la ley Sinde, algo para lo que cuenta, tal y como ha asegurado, con el visto bueno del Gobierno electo del Partido Popular.

   Así lo ha confirmado Jáuregui en una entrevista en ABC Punto Radio, recogida por Europa Press, en la que ha confirmado que el PP ha sido informado de este paso en la aprobación de Ley Sinde y se ha mostrado de acuerdo. «Va en el orden del día el decreto tan famoso. El PP está de acuerdo», ha aseverado.

   La disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, popularmente conocida como Ley Sinde, fue aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo, quedando pendiente de regulación. Esta ley se envió al Consejo de Estado a finales de octubre y a partir de ese momento ya podía ser aprobada por Real Decreto en el Consejo de Ministros.

http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-consejo-ministros-lleva-orden-dia-ley-sinde-20111202092218.html

Trevor Eckhart, un desarrollador de Android, ha descubierto parte de un software instalado de serie en la mayoría de teléfonos con Android, BlackBerry y Nokia llamado Carrier IQ que rastrea y recopila de forma silenciosa todo lo que el usuario hace con su dispositivo. Las acciones registradas por Carrier IQ no serían sólo aquellas relacionadas con la geolocalización, sino que también se almacenaría información de los mensajes de texto, de las búsquedas web, las llamadas y, en definitiva, casi cualquier actividad que uno pueda llevar a cabo con su teléfono.

Carrier IQ es un software preinstalado en la mayoría de teléfonos Android, BlackBerry y Nokia diseñado especialmente para recopilar la información de los propietarios del teléfono en cuestión y enviarla a una empresa concreta, en principio, para mejorar la experiencia de usuario. Una vez encendido el dispositivo, Carrier IQ envía los datos a sus servidores. En caso de que los usuarios quieran deshacerse del software en cuestión, deben rootear el teléfono y reemplazar el sistema operativo con uno que no tenga Carrier IQ preinstalado.

En un primer momento, la empresa detrás de Carrier IQ presentó una carta de cese y desista para que Eckhart parara su investigación. En la carta, la compañía aseguraba que Eckhart había concurrido en un delito de violación de copyright (de esos que están tan de moda hoy en día) y que había lanzado “alegaciones falsas”. Ahora, la empresa ha pedido perdón y se ha retractado en su carta de cese y desista.

Meses atrás, dos investigadores descubrieron que Apple registraba la localización de los iPhone y iPad de forma silenciosa. Una vez saltó la noticia y los medios se tiraron de los pelos, los de Cupertino lanzaron un parche para corregir la opción y que sus gadgets no rastrearan a sus propietarios. Sin embargo, Steve Jobs comentó en un e-mail que Apple no rastreaba a nadie, pero que Android registraba la actividad de todo el mundo.

También Microsoft se ha visto envuelto en los rastreos de sus usuarios. A principios de septiembre se supo que un ciudadano había presentado una demanda colectiva contra los de Redmond por haber diseñado de forma intencionada un software que deshabilitara las opciones para desactivar la localización de los teléfonos.

http://www.nacionred.com/proteccion-de-datos/un-software-preinstalado-en-android-blackberry-y-nokia-registra-todas-las-actividades-de-sus-usuarios

En un intento por reforzar la moralidad de la nación y de sus nacionales, la Autoridad de las Telecomunicaciones de Pakistán (PTA) ha preparado dos listas que contienen más de 1000 palabras en inglés y 550 en urdú que serán censuradas en los SMS por considerarlas de uso inmoral.

Global Voices ha seleccionado algunas de las reacciones de los usuarios de Pakistán en las que no falta el buen humor, la sátira es contrapoder, más cuando se ha podido saber que una de las fuentes de inspiración de los censores es una lista de palabras que no se permiten imprimir en las camisetas de Liga Nacional de Fútbol Americano.

También las diversas patologías enfermizas que parecen comunes a las personalidades censoras, aunque lo que bulle en su cabeza resulta muchas veces incomprensible incluso para el mejor de los psiquiatras, parece que han tenido mucho que ver en la elaboración de la lista de palabras prohibidas.

Bromas a parte, desde Bytes for All, una organización en defensa de un internet libre y para todos, se advierte que esta propuesta de censura masiva forma parte de una tendencia generalizada hacia la instauración de una cibepolicía moral en Pakistán (y que no te toque un juez del Tribunal Superior de Lahore).

Bytes for All denuncia y condena esta decisión absurda, ilógica y errónea de la PTA que refleja cómo se despilfarra descaradamente el dinero de los contribuyentes de un país instalado en la pobreza y se desperdicia en estos actos vergonzosos que además van dirigidos contra sus propios ciudadanos.

Por lo pronto las protestas han surgido “efecto”. El organismo gubernamental ha paralizado la entrada en vigor de la lista y ha anunciado que consultará a los representantes de la sociedad civil y a los operadores de telefonía móvil sobre el perfeccionamiento de la lista para hacerla más corta. Menos es más.

http://www.nacionred.com/censura/pakistan-presenta-la-lista-de-palabras-inmorales-prohibidas-en-los-sms

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Yves Bot, ha dictaminado este martes que ni las funcionalidades de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación pueden acogerse a la protección del derecho de autor porque ello supondría “admitir la posibilidad de monopolizar ideas en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial”.

Para el abogado, cuya opinión es asumida por el propio tribunal en la gran mayoría de los casos, “el lenguaje de programación es el medio que permite expresarse y no la expresión propiamente dicha”, dice en su dictamen.

Un dictamen que se refiere al litigio entre las empresas informáticas SAS Institute y Word Programming Limited. La primera creó un conjunto de programas que permite a los usuarios llevar a cabo tareas de procesamiento y análisis de datos, en particular, de datos estadísticos, y que está escrito en el lenguaje de programación SAS que permite manipular datos.

Word Programming Limited creó un programa alternativo que puede ejecutar programas de aplicación escritos en lenguaje SAS. Si bien nada permite afirmar que la compañía haya copiado el código fuente de los componentes SAS, la empresa SAS Institute recurrió ante la justicia británica alegando una infracción de sus derechos de autor sobre sus programas de ordenador.

En este contexto, la Corte de Justicia británica, que conoce del recurso, planteaba varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que éste precisase el alcance de la protección jurídica que el Derecho de la Unión − en particular, la Directiva 91/250/CEE sobre programas de ordenador.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Sr. Yves Bot recuerda, con carácter preliminar, que la protección que confiere dicha Directiva se aplica a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador y no a las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador.

Así, el Abogado General considera que la protección de un programa de ordenador no se limita a los elementos literarios de dicho programa, es decir el código fuente y el código objeto, sino que abarca igualmente todos aquellos elementos que expresen la creatividad de su autor.

En primer lugar, en cuanto a la funcionalidad de un programa de ordenador, el Abogado General la define como el conjunto de posibilidades que ofrece un sistema informático. En otros términos, el servicio que el usuario espera que el sistema le preste.

Partiendo de esta premisa, el Abogado General considera que las funcionalidades de un programa de ordenador no pueden, como tales, acogerse a la protección del derecho de autor. En efecto, las funcionalidades de un programa de ordenador vienen definidas por un objeto preciso y limitado. En este sentido son similares a las ideas. Por este motivo, pueden existir varios programas de ordenador que ofrezcan las mismas funcionalidades.

En consecuencia, admitir la posibilidad de proteger una funcionalidad de un programa como tal llevaría a admitir la posibilidad de monopolizar ideas en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial.

Sin embargo, los medios para lograr concretar las funcionalidades de un programa de ordenador pueden protegerse mediante el derecho de autor. En efecto, la creatividad, destreza e inventiva se ponen de manifiesto en el propio método de creación del programa, en su escritura. Así, la manera en que se disponen las fórmulas y algoritmos − tal como el estilo de la escritura del programa de ordenador − puede reflejar una creación intelectual propia de su autor y, por lo tanto, podrá ser objeto de protección.

Por eso, el Abogado General opina que, al igual que sucede con las demás obras sujetas a derechos de autor, el hecho de reproducir una parte esencial de la expresión de las funcionalidades de un programa de ordenador puede constituir una infracción del derecho de autor.

En el caso de autos, el Abogado General estima que corresponderá al juez nacional verificar si al reproducir las funcionalidades del Sistema SAS en su programa de ordenador, WPL reprodujo una parte esencial de los elementos del Sistema SAS que constituye la expresión de la creación intelectual propia del SAS Institute.

En segundo lugar, el Abogado General considera que el lenguaje de programación no puede, como tal, acogerse a la protección del derecho de autor. En la medida en que el lenguaje de programación es un elemento que permite dar instrucciones a la máquina, debe asimilarse, por ejemplo, al lenguaje empleado por el autor de una novela. Por lo tanto, el lenguaje de programación es el medio que permite expresarse y no la expresión propiamente dicha.

Por último, el Abogado General formula algunas precisiones en cuanto a la cuestión de si WPL podía reproducir el código de SAS o traducir la forma del código del formato de datos SAS en su programa para garantizar la interoperabilidad entre el Sistema SAS y su Sistema WPS.

A este respecto, el Abogado General considera que, siempre que se cumplan dos requisitos, un usuario, titular de una licencia de uso de un programa de ordenador, puede, sin autorización del autor, reproducir el código de dicho programa o traducir la forma del código de un formato de datos de dicho programa para escribir, en su propio programa de ordenador, un código fuente que lea y escriba dicho formato de datos. Por un lado, esta operación debe ser absolutamente indispensable para obtener las informaciones necesarias para la interoperabilidad entre los elementos de los distintos programas. Por otro lado, esta operación no debe permitir a dicho usuario copiar el código del programa de ordenador en su propio programa, extremo que corresponderá verificar al juez nacional.

Como hemos comentado las conclusiones del Abogado General no vinculan al TJUE, aunque su opinión es asumida por los jueces europeos en más del 80% de los casos. La función del Abogado General consiste en proponer al TJUE, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

http://www.nacionred.com/legislacion-pi/tjue-el-lenguaje-de-programacion-y-las-funcionalidades-de-un-programa-no-tienen-derechos-de-autor

Facebook ha llegado a un acuerdo con la FTC, la agencia federal que protege a los consumidores estadounidenses de las prácticas anticompetitivas y los actos desleales y engañosos de las empresas, por el que necesitará el consentimiento de los usuarios antes de compartir su información. Además deberá someterse durante 20 años a asesorías periódicas de privacidad.

Con el acuerdo se resuelven numerosos cargos de la FTC contra Facebook pero los de Mark Zuckerberg quedan advertidos y señalados por las autoridades de Consumo de EE.UU que han querido dejar claro el día que se hace público el acuerdo todas las veces que Facebook ha engañado y no ha cumplido los compromisos sobre privacidad que había adquirido tanto con la FTC como con los usuarios.

A partir de ahora queda terminantemente prohibido “hacer declaraciones falsas acerca de la privacidad o la seguridad de la información personal de los consumidores” advierte una paternalista FTC que no abandona el tono de reproche cuando recuerda algunos de los engaños de Facebook.

Por ejemplo que en diciembre de 2009 Facebook cambió su página de internet de tal modo que información que sus usuarios podían considerar privada, como su lista de amigos, se convirtió en pública. También prometía no compartir información personal con los anunciantes, pero lo hizo, según recuerda delante de toda la clase la FTC.

Mark Zuckerberg se ha comprometido a portarse bien y dar a sus usuarios un control total sobre lo que comparten y con quién. “Estoy comprometido en hacer de Facebook el líder en transparencia y control en torno a la privacidad”, ha escrito en el blog de Facebook.

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Un grupo de más de cincuenta eurodiputados enviarán una carta a Obama en la que muestran su preocupación por la situación del soldado Bradley Manning, acusado de filtrar miles de documentos secretos a WikiLeaks y que lleva 17 meses en prisión preventiva.

En la misiva dirigida al presidente de EEUU, Barack Obama, a los miembros del Congreso de ese país y a las autoridades militares, los eurodiputados aluden a los muy serios quebrantos de los derechos civiles del soldado Manning.

La carta abierta también pide al Gobierno de EEUU que atienda a la petición de la ONU para que el Relator Especial contra la Tortura de la organización, Juan Méndez, pueda reunirse con Manning, una petición que el Gobierno estadounidense ha negado hasta la fecha.

Entre los eurodiputados firmantes está el español Willy Meyer (IU), el pirata sueco Christian Engström, las portuguesas Marisa Matias (Izquierda Unitaria) y Ana Gomes (Socialistas & Democratas) y la liberal holandesa Marietje Schaake.

También se ha anunciado la presencia del popular sueco Christopher Fjeller en la rueda de prensa que tendrá lugar el miércoles a las 11:30 en la sede de Bruselas del Parlamento Europeo y en la que se hará entrega simbólicamente de una copia de la carta al estadounidense Gerry Condon en representación de la organización Veterans For Peace.

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Malversación de fondos, utilización de contratos en beneficio de familiares, detrimento patrimonial… la investigación del Caso Sayco, la SGAE colombiana, no ha hecho más que comenzar. Pero ya se ha llevado por delante a un alto cargo del gobierno, el director nacional de Derecho de Autor, Juan Carlos Monroy, que fue a su vez el Jefe Jurídico de Sayco.

Monroy ha dimitido y su sucesor ha tenido que pasar por la humillación de reconocer que el cadáver de la ley Sinde colombiana, la Ley Lleras es un cadáver. El polémico proyecto de ley que lleva el apellido del ministro del Interior fue archivado el día uno de noviembre después de una gran movilización de los ciudadanos digitales colombianos. Ahora con el escándalo no hay nadie que se atreva a resucitar al muerto.

Uno de los grandes promotores de la ley contra Internet fue precisamente Juan Carlos Monroy, el máximo responsable gubernamental del Derecho de Autor en Colombia, al que ahora se le acusa de modificar los textos legales que protegían a los usuarios que pagan derechos de autor para favorecer a sus antiguos empleadores, es decir la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco).

Además el gobierno colombiano ha cesado a Jairo Enrique Ruge, actual gerente de Sayco. A Ruge se le investiga también por irregularidades administrativas, contrataciones indebidas y hasta por acoso sexual.

Al despacho en el que diseñó la ley contra Internet, el del ministro del Interior Germán Vargas Lleras, han llegado ya más de 500 denuncias contra de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) por diferentes irregularidades. Entre esas denuncias está la del empresario Ricardo Leyva, promotor del concierto de Aerosmith en Bogotá que solicitó al Gobierno intervenir la entidad porque no se sabe qué está haciendo con el dinero recaudado.

No son pocos los colombianos que esperan que el cadáver de la Ley Lleras repose junto al de Sayco.

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