España está a las puertas, si no ya dentro, de una segunda ola de la pandemia de covid-19. Se trata del país europeo con más brotes, y aunque la mayoría de ellos están controlados y son muy pequeños, la transmisión comunitaria que Sanidad ya reconoce se extiende, por ahora sin freno, por Aragón y Cataluña. Múltiples análisis analizaron las causas de la explosión de la pandemia en aquellos fatídicas semanas de febrero y marzo, pero el nuevo reto que el país afronta, la nueva curva que empieza a ascender, genera otras preguntas. Cedido todo el poder y la toma de decisiones a las comunidades en esta fase, cabe preguntarse si la estructura institucional española está a la altura: ¿funciona la comunicación y la coordinación con las autonomías? ¿Tiene sentido la descentralización? ¿Debería implicarse más el Gobierno central, utilizar más herramientas a su alcance, o es adecuado su papel actual de supervisor a la vista de los datos? ¿El ordenamiento jurídico alberga las suficientes soluciones a las necesidades de restricción para combatir a este enemigo silencioso? Los expertos consultados con infoLibre consideran que el modelo, pese a sus evidentes dificultades, no tiene por qué ser cuestionado: sí las falsas promesas que no se ejecutan en ese diálogo entre los Ejecutivos, y la falta de infraestructuras, medios y recursos humanos que atenaza a todas las órbitas estatales en cuanto a la Salud Pública, la eterna olvidada de la medicina –también ahora–.

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