«Las empresas españolas administradas/gestionadas por Oleguer Pujol Ferrusola suelen tener como socio único a una sociedad BV radicada en los Países Bajos, la cual es administrada por otra/s sociedad/es (pantalla), radicada/s en Luxemburgo, y cuyos gerentes o administradores suelen estar residiendo en Londres, quienes a su vez son directores o ejecutivos de la empresa que crea el fondo inmobiliario principal».

Este párrafo mareante figura tal cual en un informe policial que laUnidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía ha elaborado para la Fiscalía Anticorrupción, y tras su mera lectura cualquiera se ve abocado a sospechar del hijo de Jordi Pujol. La propia Udef extrae la misma conclusión en otro párrafo de su informe: «No parece congruente con la práctica mercantil normal tener que emplear gran cantidad de ellas [«empresa sita en territorio offshore, múltiples sociedades pantalla en Luxemburgo, Países Bajos o Londres…»] para gestionar un solo fondo inmobiliario»; a no ser «que exista un ánimo oculto de dificultar el contenido exacto de las operaciones». Y eso, precisamente eso, es lo que piensa la Policía, que llama la atención sobre el hecho de que «el escaso patrimonio» («tres propiedades de no mucho valor», una de ellas compartida con sus seis hermanos?) que el hijo del ex president de la Generalitattiene en España «induce a pensar que la parte elevada [sic] del mismo se encuentra fuera (en paraísos fiscales?), y que es a través de la utilización de estructuras societarias instrumentales gestionadas por Oleguer Pujol Ferrusola donde se producirían las fases de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de la evasión de impuestos».

Después de que el patriarca de la familia Pujol y ex referente del nacionalismo catalán confesara haber cometido delito fiscal durante 34 años, estos párrafos adquieren una luminosidad especial, a la que contribuye el recordatorio, incluido en el informe policial, de que Oleguer, uno de sus siete hijos, ha regularizado recientemente ante Hacienda tres millones de euros. Todo, en definitiva, apunta en la misma dirección.

Operaciones altamente sospechosas

La Udef concluye que la forma de operar descrita más arriba convierte en altamente sospechosas siete operaciones inmobiliarias realizadas por Oleguer Pujol (ver gráfico adjunto) y por las cuales adquirió oficinas del Banco Santander, inmuebles del Grupo Prisa, terrenos del cuartel militar Valenzuela (en Melilla), sucursales de Bankia (en dos tandas), un activo inmobiliario de la sociedad Costa Canaria y el edificio general de la abogacía; por un importe total próximo a los 3.000 millones de euros. No obstante, añade que «la labor indagatoria se ha centrado en el estudio de una pequeña serie de operaciones» del hijo del ex presidente de la Generalitat.

Los investigadores de la Policía han identificado los diversos actores societarios del entramado: podemos empezar en España, donde vinculan a Pujol y a su socio Luis Iglesias Rodríguez-Viña con 17 sociedades, entre las que destaca Drago Capital, una suerte de matriz de la que cuelga buena parte de las 16 restantes. En el otro extremo de la arquitectura societaria sospechosa aparece Mare Nostrum Capital Managers LTD, el llamado fondo inmobiliario principal, una sociedad -o trust- radicada en la isla de Guernsey, reconocido paraíso fiscal. Entre ésta y la primera, una cuarentena de sociedades domiciliadas en los Países Bajos que participaron activamente en las siete operaciones de compraventa.

Todo queda en casa

Se da la circunstancia de que Drago Capital tenía en el periodo analizado (2007-2012) un «cuadro directivo» formado por una serie de personas que, llamativamente, aparecen también como representantes de las sociedades holandesas que participaron directamente en las adquisiciones inmobiliarias citadas. Por poner un ejemplo, en la compra de las oficinas del Santander por parte de la española Samos Servicios y Gestiones, desempeñaron un papel importante sociedades de los Países Bajos representadas porCristina Calvo Ortega, a la que podemos encontrar también como directiva de Drago Capital. Todo, aparentemente, quedaba en casa.

Esta adquisición ejemplifica la complejidad de la estructura y la omnipresencia de las mismas personas. Así, tres empresas extranjeras del entramado (la propia Samos, NPI Limited y Pearl Assurance) prestan 2.199 millones de euros, junto con ocho bancos, a Cuius Holding BV. Pues bien, Cuius, NPI y Pearl Assurances están representadas por Cristina Calvo. Es decir, que ella «cede y recibe crédito a través de las empresas que representa».

Además, Cuius BV es el dueño entonces de Samos (representada por Oleguer Pujol), la empresa que adquiere las sucursales al Santander.

Más aún, el gerente de Cuius es Stephen Anthony Farrugia y el director, Marc Nicholas Jonas… que son, a su vez, los creadores del fondo inmobiliario principal, Mare Nostrum Capital Managers. Todo, aparentemente, sigue quedando en casa…

Cuando EL MUNDO empezó a publicar noticias sobre los negocios oscuros de Oleguer Pujol, éste abandonó todos los cargos en Samos Servicios y Gestiones, que fueron asumidos por Farrugia, Drago Capital y Luis Iglesias Rodríguez-Viña.

‘Persona interpuesta’

En definitiva: «Son Oleguer Pujol Ferrusola y Luis Iglesias Rodríguez-Viña, a través de Drago Capital y del entramado societario gestionado y creado por ambos, quienes canalizan los activos financieros y la posible evasión de impuestos hacia la sociedad o trust radicada en Guernsey», reza el informe de la Udef, que en otro punto añade a Farrugia para conformar el trío que «controla todo el proceso» de «ocultación/defraudación desde su inicio a su finalización». «En la mayoría de los casos, es Oleguer Pujol Ferrusola quien realiza la operación inmobiliaria, utilizando para ello una empresa creada o adquirida días antes, o sin actividad, a través de persona interpuesta. En esta empresa puede actuar como administrador único, poseer el control del Consejo de Administración o societario de la misma o bien controlar las sociedades pantalla a través de personas fiduciarias o interpuestas», se puede leer en el informe policial que obra en poder de la Justicia.

Y es entonces cuando la Udef recuerda que «el Código Penalespañol regula (…) los delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, entre los que se encuentra el delito fiscal»; y también que para los casos en que se utilice «a una persona con la finalidad de ocultar al verdadero obligado tributario, la condena será de tres a cinco años de prisión y multas desde tres veces la cantidad defraudada hasta seis veces dicha cantidad».

En el caso que nos ocupa, la Policía estima que si se diera el caso de «poder determinar la comisión previa del delito fiscal (…), no existiría ninguna duda de que posteriormente se daría un delito de blanqueo de capitales» o, como dice más adelante, «autoblanqueo».

No obstante, la Udef matiza que «quedará exenta de responsabilidad penal aquella persona que regularice su situación delictiva»… «siempre y cuando ésta sea antes de que se inicie cualquier actuación o procedimiento contra su persona».

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