La Fiscalía peruana considera que son delitos de lesa humanidad, ya que se obligó a 200.000 mujeres a ser intervenidas. Los supuestos responsables se encuentran en libertad.

“Se trata de un caso que es imprescriptible y sobre el cual tiene que existir una investigación acuciosa. No es posible que en el pasado se quisiera controlar la pobreza controlando que no existan más pobres, como se hizo con esa política”, señaló este jueves Miguel Jugo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Mujeres campesinas e indígenas de escasos recursos y de zonas rurales y alejadas fueron las principales víctimas de estas prácticas ilegales. Según testimonios, muchas de ellas fueron llevadas a la fuerza a la sala de operaciones. En otros casos, aceptaron con engaños, bajo amenazas o extorsiones.

En la actualidad, los supuestos responsables continúan en la impunidad. Entre ellos se encuentra el actual congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, quien fue ministro de Salud en aquella época.

El caso emblemático es el de María Mamérita Mestanza, campesina que murió tras ser esterilizada en un poblado alejado del departamento norteño de Cajamarca. Según investigaciones, Mestanza fue acosada y amenazada por más de un año para que se someta a la esterilización.

Las víctimas y deudos de estos crímenes tampoco han recibido ninguna indemnización.

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