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“Se cambiaron los principios democráticos por las leyes del mercado”.
Federico Mayor Zaragoza
Un gigante de las finanzas globales como JP Morgan Chase sugirió a los gobiernos europeos -en un documento fechado el 28 de mayo de 2013- que se liberasen de las “Constituciones adoptadas tras la caída del fascismo que presentan una serie de características contrarias a favorecer una mayor integración europea”. Estos días se ha escrito mucho sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) y sobre el Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la UE y Canadá (CETA). Sindicatos, organizaciones sociales, ecologistas, feministas, de desarrollo, activistas de base, mareas, asociaciones de todo tipo y algunos partidos políticos coincidimos en el rechazo a unos acuerdos que amenazan con acabar con derechos fundamentales relacionados con el trabajo, la alimentación, la salud, la educación, la defensa del medioambiente y, sobre todo, la democracia.
La aprobación de estos tratados va a significar algo más que eliminar las barreras comerciales. El primer paso de estos tratados 2.0 es la equiparación normativa a ambos lados del Atlántico, más que probablemente a la baja, para acabar con la regulación que nos permite decidir sobre lo que comemos, cómo lo producimos, cuál es el marco de los derechos laborales, cómo gestionamos la sanidad o la educación pública como parte de los bienes comunes, o cómo preservamos el medio ambiente. Son cambios que entrarán, en muchas ocasiones, en contradicción con nuestro propio sistema constitucional, con leyes internacionales firmadas por nuestro país, y derechos que son resultado de años de luchas sociales. El segundo paso, más alarmante si cabe, es la creación de un sistema privado de arbitraje de inversiones, al margen del sistema judicial de cada país, que puede cambiar cualquier legislación que consideren dañina para los intereses de las empresas privadas, incluso para sus expectativas de beneficio. Tal cual.
Ante la opacidad, vigilancia y participación
Estamos ante una deriva democrática que eleva hacia el infinito, y más allá, la toma de decisiones sobre aspectos que afectan directamente a la vida de las personas. Acuerdos que, como por arte de magia, son negociados en la sala privada de espacios, sin ventanas, sin micrófonos, sin ojos, sin aire… Se aprueban, en el seno de la Comisión Europea, por personas que no responden ante nadie, ni siquiera ante el Parlamento Europeo. Una opacidad que se parapeta ante la ciudadanía –que conoce los detalles gracias a filtraciones– mientras se desnuda ante los lobbies de las grades empresas transnacionales, que han sido convocados al 90% de las consultas que se han llevado a cabo.
Contaba David Meslin en una charla que la apatía de la población no se debe a que la gente sea vaga o tonta, sino que es principalmente una consecuencia lógica de los obstáculos que se levantan contra la participación ciudadana en todos los niveles. Meslin denuncia la ausencia de canales claros y amigables que faciliten la participación en los procesos de consultas. Pone como ejemplo la ausencia de explicaciones sobre los planes urbanísticos de las ciudades o la falta de información práctica, por parte de los medios supuestamente de comunicación social, para que cualquiera pueda sumarse a iniciativas sociales y políticas. Algunas de estas barreras son deliberadas y debemos ser conscientes de ello. En el caso del TTIP, no contentos con que el proceso negociador sea ultrasecreto, entre los criterios que definía cómo se iban a desarrollar las negociaciones, se encontraba uno muy curioso: había que redactar el acuerdo con términos complejos, técnicos y lo más enrevesados posibles para alejar el contenido del interés de los mortales y del debate político. Una clara construcción de las barreras que señala Meslin.
Frente a la deriva autoritaria y tecnocrática, al alejamiento de los centros de toma de decisiones de los parlamentos y los pueblos no cabe rendirse. Hay que lograr frenar la aprobación del TTIP porque supone una amenaza para las personas y el medioambiente, pero también para la democracia. Pero no basta con eso, hay que ir incluso más allá. Hay que reconstruir un sistema democrático desde la base, en el que lo público esté sometido al control social. Solo el control de la ciudadanía puede contrarrestar el poder de las élites financieras cuyo acceso directo a los centros de decisión orienta cada vez más la política a favor de sus intereses y contra la gran mayoría de la humanidad. Pocos con dinero pretenden dominar a muchos con los votos: la principal tarea democrática consiste en romper (o al menos limitar) la vinculación entre dinero y poder.
Necesitamos mecanismos de transparencia y participación que reviertan el deterioro de la democracia y profundice en sus raíces recuperando el poder de la gente para decidir sobre una vida que merezca la pena ser vivida. Solo una movilización social fuerte y sostenida en el tiempo contra la pobreza y la desigualdad que generan estos tratados puede lograr frenar el TTIP y el CETA. Las movilizaciones del sábado 15 son un hito importante de este otoño en resistencia. ¡No faltes! Está en juego la democracia, están en juego nuestros derechos.
Las movilizaciones pueden ser consultadas aquí.
Maite Serrano Oñate es directora de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.