El PSOE de Andalucía ha sufrido dos muertes políticas en un año: el 2 de diciembre de 2018 perdió la Junta de Andalucía tras casi cuatro décadas en el poder, y este martes ha perdido la legitimidad moral sobre 20 años de gobiernos socialistas, impugnados de golpe por la durísima condena del «gran fraude» de los ERE.

A las 12.58 horas, el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) envió un correo electrónico a los periodistas que durante un año han cubierto el juicio de la pieza política de los ERE, el mayor caso de corrupción que ha salpicado al Gobierno andaluz y al partido que estuvo al mando de la comunidad durante 37 años: el PSOE. Media hora antes, los 21 acusados, ex altos cargos de la Junta, habían entrado en la Sala de Plenos de la Audiencia Provincial de Sevilla junto a sus abogados y procuradores para recibir en mano el fallo. En la habitación contigua, los periodistas aguardaban ansiosos en la sala de deliberaciones del jurado popular. Un corresponsal de Financial Times había pedido una copia de la sentencia.

No se filtró nada: 19 condenados, dos absueltos totales, cuatro absueltos parcialmente. Manuel Chaves, presidente de la Junta durante 19 años, ex líder del PSOE andaluz y ex presidente del PSOE federal, condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación. José Antonio Griñán, su sucesor en todos los cargos mencionados, condenado a seis años y dos días de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación de fondos y prevaricación. De todos los escenarios previstos, ésta es «la sentencia más dura», «el peor de los escenarios posibles», admiten desde la dirección regional del partido. Las condenas son levemente inferiores a las que solicitaba la Fiscalía. El PSOE está «en shock». «No había argumentario para una sentencia de estas características».

La cúpula del PSOE andaluz confiaba en que el fallo de los ERE limitase la responsabilidad del «gran fraude» de ayudas sociolaborales a la Consejería de Empleo, donde se concentran las penas más graves: siete años de prisión y 19 de inhabilitación para todos sus responsables. Pero no ha sido así. Griñán «era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó» y Chaves fue «plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó». «La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto (…) Es impensable que esta decisión fuera asumida exclusivamente por la Consejera de Economía y Hacienda. Sino que exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves», concluye el fallo.

Los acusados han abandonado la Audiencia apresurados, cabizbajos, con el rostro desencajado, y sin hacer declaraciones. La prensa les ha visto marcharse desde lejos, porque los agentes de Policía han impedido que se acerquen a ellos a su la salida del edificio. Los condenados recurrirán previsiblemente el fallo ante el Tribunal Supremo.

La sentencia de los ERE se lleva por delante a toda una generación de dirigentes socialistas andaluces que han sido claves en la Transición, la historia de Andalucía de las últimas tres décadas, y del propio PSOE. Chaves y Griñán, ex ministros de Felipe González, lo fueron todo en el partido. Su condena es el epílogo del hundimiento del PSOE andaluz, que hace justo un año perdió la Junta tras 37 años en el poder. Pero también es una mácula que estigmatiza al partido que ahora gobierna España en funciones: Los populares y Vox se han apresurado a pedir aPedro Sánchez que promueva contra sí mismo una moción de censura como la que impulsó para acabar con el Gobierno de Mariano Rajoy tras el fallo de la trama Gürtel que condenó al PP por financiación ilegal. Ninguno de los ex dirigentes socialistas salpicados por los ERE sigue en activo y, aún así, la condena es otra carga sobre los hombros de Susana Díaz, desdibujada como líder de la oposición desde hace 10 meses.

«Vergüenza» desde San Telmo

La sentencia no era pública aún cuando el actual presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, preparaba una declaración institucional desde el Palacio de San Telmo -sede de la Junta- para condenar severamente a sus predecesores en el poder. «Siento vergüenza por lo que supone la sentencia para esta institución. Los tiempos del clientelismo y el despilfarro se han acabado», dice Moreno. Ni Chaves ni Griñán ni ninguno de sus consejeros ha sido condenado por enriquecerse personalmente. El caso ERE no juzga un enriquecimiento ilícito de políticos ni una financiación ilegal del partido en el Gobierno, como fue la trama Gürtel. El Supremo concluyó que el PP se mantuvo en el poder porque fue dopado por la trama Gürtel a las elecciones municipales, autonómicas y generales.

Los ERE no juzgaban esos delitos. Pero en términos políticos, para el PP, los ERE son «la Gürtel del PSOE». Los socialistas no robaron para hacerse ricos, dicen, pero «compraron la paz social en Andalucía regando de ayudas discrecionales y arbitrarias a empresas y personas próximas al partido». «Un caciquismo clásico, una red clientelar de amiguísimos que era correspondida en las urnas, y con la que se perpetuaron en el poder tres décadas». Los populares andaluces están personados como acusación particular desde el principio, han blandido el hacha de la corrupción contra sus adversarios durante los últimos diez años y varias elecciones autonómicas y municipales.

En las de 2012, los de Javier Arenas ganaron por primera vez los comicios a los socialistas en Andalucía llegando hasta los 50 diputados [a 5 de la mayoría absoluta], aunque no lograron gobernar. Ciudadanos sostuvo el Gobierno en minoría de Susana Díaz en la legislatura pasada a costa de forzar la dimisión de Chaves y Griñán del Congreso y del Senado respectivamente. Ambos entregaron el carné del PSOE, al que llevaban afiliados desde el tardofranquismo. Los ex consejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera también dejaron su escaño, y la ex ministra Magdalena Álvarez tuvo que dimitir de su cargo en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Desde que saltó el escándalo de los ERE, hace nueve años, el PSOE andaluz ha perdido la mitad de los votos (un millón y medio) y 23 escaños.

En las elecciones de 2018, los de Moreno Bonilla llegaron al Gobierno con un resultado pírrico, gracias a su alianza con Ciudadanos y Vox, pero sobre todo, al desgaste acumulado del PSOE. El juicio de los ERE, pendiente de sentencia, ni siquiera fue argumento central de campaña para el PP. Ahora, el fallo del tribunal que preside el juez Juan Antonio Calle Peña reafirma todos los argumentos jurídicos de la jueza que inició la macrocausa hace ocho años y medio, la magistrada Mercedes Alaya, que este martes ha seguido la jornada desde su despacho en la tercera planta, un piso por encima de donde esperaban los 21acusados.

Ocho años y medio y 20 minutos

La jornada de este martes ha sido electrizante. Todo el mundo estaba nervioso. «El gran día, ¿eh?», decía un periodista al portero de entrada a la Audiencia de Sevilla. «No, no, no. Aquí  no está el dinero», respondía éste, conocedor de que la macro instrucción de los ERE está parcelada en múltiples causas -una por cada ayuda irregular- y que a los políticos sentados hoy en el banquillo no se les achaca enriquecimiento alguno.

Griñán ha llegado el primero, a las 11.00 horas, Magdalena Álvarez ha sido de las últimas en llegar, a las 11.45 horas. Venían a recoger el fallo en mano, en un sobre cerrado, y la sentencia en un pen drive, porque es mucho más voluminosa y les llegaría más tarde: 1.821 folios, el doble que la de la Gürtel, el triple que la del procés catalán. «Es como apilar uno sobre otro Los Pilares de la Tierra, El Quijote y todos los libros deHarry Potter«, bromeaban en los pasillos. Fotocopiar la sentencia completa requerirá muchas horas y mucho papel.

Los 21 acusados han tenido que esperar, ansiosos, un retraso de 20 minutos hasta conocer el fallo. Ocho años y medio y 20 minutos. «A ver si esto se acaba de una puta vez”, decía, nervioso, un ex viceconsejero de la Junta. Nadie puede fumar dentro de la Audiencia, pero todo el mundo se hurga en los bolsillos, saca el paquete de cigarrillos, lo vuelve a meter dentro.

En un enorme salón alargado, iluminado por tres lámparas de araña que cuelgan del techo, y presidido por grandes lienzos de los reyes de España de distintas épocas, está este conjunto de hombres y mujeres que dirigió el Gobierno socialista de Andalucía durante casi 40 años. Sus abogados y sus procuradores. Es el hall de la segunda planta de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero alguien dice que la imagen se parece a un baile, el último baile de los Romanoff. Pasaron años sentados juntos en el Consejo de Gobierno, en los días de la «Andalucía imparable» -lema autopromocional de la Junta- y luego pasaron un año y cuatro días compartiendo el banquillo de los acusados durante el juicio. Hoy se han reencontrado, pero llevaban tiempo sin verse. Hay risas nerviosas que, de repente, se tuercen en seco para convertirse en una mueca sombría en sus rostros. «Por favor, que nos llamen ya», dice un letrado.

En el centro de la sala, Manuel Chaves y José Antonio Griñán esperan a que se abra una puerta lateral, la que da acceso al Salón de Plenos, donde una funcionaria les entregará el fallo de la macrocausa de los ERE. Un perro policía, un pastor alemán llamado Norit, ha rastreado dentro minutos antes «por si hubiera explosivos». Es un baile de políticos, abogados y periodistas, todos entremezclados, como en un largo pasillo de hospital, esperando un diagnóstico de gravedad.

Aquí culmina un alargado proceso -desde enero de 2011- y un juicio de un año y cuatro días que investiga la pieza política del caso: si el Gobierno andaluz diseñó un procedimiento irregular para otorgar ayudas sociolaborales a empresas de forma discrecional durante diez años [2001-2010]. El PSOE expulsado del Palacio de San Telmo. Sus principales responsables en en el banquillo: 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que afrontan penas de seis a ocho años cárcel y de nueve a 19 años inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación. Todos están dimitidos, apartados de la política activa, orillados de la vida pública.

Cuando los 21 acusados entran al fin en la Sala de Plenos, la puerta se cierra y los periodistas quedan fuera. Una de las personas que permanece dentro describirá así la escena: «La secretaria judicial les llama, uno a uno, y les entrega el fallo en un sobre cerrado. Todos los acusados abren allí mismo su sobre, leen su condena y se vuelven a sentar. La sala se queda en absoluto silencio. Entonces, la secretaria judicial les informa de que ya pueden marcharse cuando quieran. Pero nadie se mueve. Nadie quiere ser el primero en salir a la calle».