El plan del primer ministro británico, David Cameron, para crear tribunales secretos y extender las competencias de los servicios de inteligencia del país en la lucha antiterrorista ha sufrido un duro revés y ha recibido numerosas críticas. Entre ellas, la de su socio de gobierno, el liberal demócrata Nick Clegg, y del comité de derechos humanos del Parlamento británico y de la Unión Europea.

Cameron justifica ambas medidas como necesarias por cuestiones de seguridad nacional, pero la oposición considera que se trata de un argumento «espurio», un atropello a los derechos civiles y un proyecto injusto, innecesario y potencialmente peligroso para el sistema judicial.

Y es que el Gobierno británico pretende ampliar además las facultades de su inteligencia para que puedan vigilar y monitorizar mensajes de correo electrónico, de las redes sociales y llamadas telefónicas de los ciudadanos en caso de sospecha terrorista.

En el caso de los tribunales secretos, se trata de una respuesta a la difusión pública de las pruebas de los juicios contra ex reclusos de la prisión estadounidense de Guantánamo. Según el gobierno, permitiría a los ministros decidir qué material sensible puede ocultarse a la opinión pública, a los medios de comunicación e incluso a los demandantes en los juicios civiles.

Ponen como ejemplo las pruebas basadas en datos proporcionados por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, donde consideran que debe guardarse el mayor secreto para proteger también a sus propios servicios secretos.

«Tenemos que proteger las libertades de las personas y nuestra seguridad nacional, pero sobre todo asegurarse de que podemos perseguir a los terroristas y detener los atentados que puedan llevar a cabo», manifiesta Cameron.