Amin al-Bakri, comerciante de langostinos y padre de tres hijos, fue detenido durante un viaje de negocios a Tailandia hace casi 10 años. Hamidullah Khan tenía 14 años cuando fue capturado en Paquistán y hace cuatro años su familia no lo ve. Hoy ambos se encuentran internados en una cárcel en la base naval de Bagram, Afganistán, bajo la custodia de Estados Unidos.

Sus detenciones fueron secretas, y en los años que llevan presos no se han presentado cargos ni testigos en su contra, no han tenido representación legal ni acceso a un tribunal que pueda resolver sus casos.

Amin al-Bakri, Hamidullah Khan y otros detenidos en Bagram se encuentran en un limbo legal que ha generado críticas y denuncias contra el gobierno de Estados Unidos por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Con diez veces más presos que en la base de Estados Unidos en Guantánamo, la cárcel de Bagram se ha convertido en el nuevo símbolo de las detenciones secretas y sin acceso a la justicia, de la lucha antiterrorista de Washington iniciada bajo el presidente George W. Bush.

“El otro Guantánamo”

En Bagram también se han denunciado casos de abuso, tortura y en el 2002 dos presos murieron tras días de maltrato por militares de EEUU. Cinco soldados fueron encontrados culpables del incidente.

A diferencia de Guantánamo, donde tras años de litigio los presos tienen acceso limitado al sistema judicial de Estados Unidos, los detenidos en Bagram no tienen ninguna protección legal.

Ahora un juez federal en Washington examina el caso de varios detenidos que alegan que bajo la Constitución de Estados Unidos, deben tener la protección de habeas corpus.

Los litigantes argumentan que la base en Bagram debe ser considerada jurisdicción de Estados Unidos y por ende estar bajo el proceso legal vigente en este país.

¿Control equivale a jurisdicción?

“Estos detenidos están bajo la autoridad y custodia de Estados Unidos… Ellos controlan la base, la mantienen y tienen el control exclusivo”, explicó Daphne Eviatar, jurista de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights First, entidad que respalda la demanda.

“Sin embargo no tienen acceso a un proceso legal mínimo. No tienen abogado, no se sabe cual es la evidencia en su contra, ni de que se les acusa”, agregó Eviatar, quien viajó hasta Afganistán para investigar los casos en Bagram.

“Es muy peligroso como principio que el gobierno de Estados Unidos decida encarcelar sin juez, sin juicio, sin la posibilidad de apelación a ciudadanos de cualquier país y mantenerlos encarcelados por tiempo ilimitado”, dijo Eviatar a BBC Mundo.

Eviatar relató que los presos que observó estaban desesperados y parecían no entender porqué estaban en la cárcel.

La abogada indicó que aunque recientemente las autoridades de EEUU han creado paneles militares para revisar los casos, estas audiencias no tienen las garantías legales mínimas.

¿Quién tiene jurisdicción legal?

Por su parte el gobierno de Estados Unidos alega que las protecciones legales de su constitución no rigen en casos de extranjeros capturados fuera del país en zonas de guerra.

Jean Lin, abogada del Departamento de Justicia, argumentó ante el juez John Bates que Washington no tiene “soberanía de facto” sobre las instalaciones carcelarias de otro país.

Lin señaló que mientras la base en Guantánamo llevaba más de 100 años bajo control de Estados Unidos, en el caso de Bagram, la base podría ser considerada temporal hasta el “fin de las hostilidades” en Afganistán.

Lin agregó que lo que busca el gobierno es “prevenir que combatientes enemigos regresen al campo de batalla”, y que no tiene la intención de “detener a nadie por más tiempo de lo que sea necesario”.

Tras un acuerdo este año con el gobierno de Hamid Karzai, Estados Unidos inició un proceso de transferencia de cientos de presos en Bagram para que sean procesados bajo el sistema judicial afgano.

Sin embargo, el acuerdo no cobija a los demandantes en este caso, ya que ninguno es afgano. Se estima que decenas de presos más están en la misma situación.
No está claro qué decidirá el juez Bates, pero el abogado y analista Wells Bennett estima que la petición de estos detenidos no llegará muy lejos, ya que otros tribunales han fallado a favor de la administración Obama.

“Creo que al final todo se inclina a que estos casos serán descartados”, lo cual dejaría el tema en busca de una resolución política fuera de corte, opinó Bennett.

Rebeca Logan / BBC

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