Sobrevivientes de la masacre de Haximú de 1993 sostienen urnas con las cenizas de sus familiares Crédito: C. Zacquini cortesía Survival International

CARACAS, 1 sep (IPS) – Hasta 80 hombres, mujeres y niños yanomami de la comunidad Irotatheri, en el extremo sur de Venezuela, habrían muerto baleados y quemados el 5 de julio, a manos de buscadores de oro provenientes de Brasil, según denuncias de organizaciones de pueblos originarios.

Si se confirma la agresión de los «garimpeiros» (como se llama en Brasil a esos buscadores informales de oro) a la remota Irotatheri en el alto río Ocamo, un afluente del Orinoco, quedarían patentes el abandono y la vulnerabilidad de los indígenas y la desprotección de las fronteras y del ambiente en esa zona de Venezuela.

«Aunque el número de víctimas en esta denuncia ofrece dudas, desde hace años se conoce la actividad de garimpeiros en la zona y sus relaciones a veces difíciles con comunidadesyanomami«, dijo a IPS desde la capital regional, Puerto Ayacucho, el obispo católico José Ángel Divassón, vicario apostólico del estado de Amazonas.

Ese estado, el saliente sur en el mapa de Venezuela, es un territorio de 175.750 kilómetros cuadrados en el que viven 15 etnias indígenas. Gran parte lo cubren selvas vírgenes bañadas por aguas que van al Orinoco y al Amazonas.

Se lo considera muy rico en minerales, aunque un decreto ambientalista prohibió la minería en todo el estado desde 1989.

La asociación Horonami Organización Yanomami presentó el 27 de agosto en la oficina de la Fiscalía General en Puerto Ayacucho la solicitud de que se investigue la masacre relatada por tres sobrevivientes de Irotatheri, con respaldo de otras cuatro comunidades de la zona del Ocamo y la sierra Parima, que marca parte de la frontera con Brasil.

Los sobrevivientes «habían salido de cacería y escucharon el ruido de un helicóptero en el que llegaron los garimpeiros, y explosiones y disparos en el ‘shabono’ (casa comunal circular, con techo de paja), que encontraron quemado. Allí habitaban 80 personas», relató en la Fiscalía el dirigente de Horonami, Luis Shatiwë.

Miembros de la comunidad Hokomawe, que iban de visita a Irotatheri, también observaron el shabono quemado y cuerpos calcinados. El grupo informó a Shatiwë y este a efectivos de la Brigada 52 del ejército, que actúa en la zona, el 27 de julio, según Horonami.

Marcos de Oliveira, del Instituto Socioambiental de Brasil, informó al diario caraqueño El Nacional que un sobreviviente de Irotatheri llegó herido a un shabono del lado brasileño, donde recibió ayuda médica y luego fue acogido por parientes en otra comunidad.

«Los garimpeiros, presionados por las autoridades en el norte de Brasil, penetran en Venezuela y establecen relaciones con los yanomamis, para que les presten apoyo a cambio de algunos bienes. Pero en ocasiones esta colaboración se rompe», describió Divassón, de la congregación salesiana que actúa como misionera en todo Amazonas.

Trece organizaciones indígenas de la región, de distintas etnias, se solidarizaron con la denuncia de Horonami, pues las comunidades yanomami en la zona del Ocamo «vienen siendo invadidas y agredidas por mineros ilegales procedentes de Brasil (garimpeiros) desde hace más de cuatro años», según asentaron en una declaración.

«Desde 2009 hemos informado a órganos del Estado venezolano sobre la presencia de garimpeiros en el Alto Ocamo, sobre agresiones a las comunidades Momoi y Hokomawe, víctimas de violencia física, amenazas, uso de mujeres y contaminación del agua con mercurio, con saldo de varios yanomamis muertos», dice el documento.

Los organismos del Estado, según los denunciantes, «no han tomado medidas efectivas para desalojar a los garimpeiros y diseñar un plan de control y vigilancia sobre su entrada cíclica en la zona».

Los grupos indígenas reclamaron «la adopción de medidas bilaterales con Brasil» para encarar la amenaza «a la vida, integridad y salud» de los yanomamis, y recordaron que la denunciada nueva incursión «se produce a casi 20 años de la masacre de Haximú».

En junio y julio de 1993, garimpeiros mataron a 16 yanomamis en la zona fronteriza de Haximú. Cinco de los 24 involucrados fueron condenados a prisión en Brasil, y el Estado venezolano acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cabo de un proceso que demoró 15 años, adoptar medidas de vigilancia, control, protección y salud en los territorios yanomamis.

«Es indignante que esta situación se manifieste en pleno período revolucionario, en la construcción de un socialismo, después que se le ha dado rango constitucional, por primera vez en la historia, a los derechos de los pueblos indígenas», comentó a IPS el directivo de la organización indigenista Homo et Natura, Lusbi Portillo.

La organización Survival International, que promueve los derechos de los pueblos tribales, también se hizo eco de la denuncia de Shatiwë y pidió al gobierno venezolano enviar «una señal de que los indígenas no pueden ser asesinados con impunidad».

La ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, de la etnia amazónica ye’kuana, declaró que cinco días después de la denuncia de Horonami aún no recibió nueva información sobre la masacre.

La Fiscalía General dispuso que una comisión investigue los hechos, y el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, dijo que se había contactado a siete de nueve comunidades yanomami en el sur del Orinoco y que no se hallaron rastros de violencia.

El general Henry Rangel, ministro de Defensa, dijo que «no se ha confirmado la presunta masacre y pudiera tratarse de una confusión, tras un primer anuncio de una situación de violencia que se había alertado semanas atrás y fue desmentida».

«De ser falsa la presunta masacre, se tomarán acciones legales en contra de quienes difundieron la información. La confirmación no se tendrá hasta la próxima semana», agregó Rangel.

Conocedores del terreno, como los misioneros que actúan en la desembocadura del Ocamo, confirman que llegar al área de Irotatheri requiere varios días de marcha.

Al parecer, grupos de garimpeiros emplean helicópteros para alcanzar esas zonas y estarían desarrollando mecanismos de explotación minera al abrigo de árboles de gran altura, en vez de deforestar vastos espacios, para burlar así la vigilancia aérea.

Esa zona de Venezuela, y las limítrofes de los estados brasileños de Roraima y Amazonas, son habitadas por unos 20.000 yanomamis, quizá el pueblo más antiguo de América del Sur, con unos 25.000 años de existencia y considerado por varios estudios antropológicos un testimonio viviente de la humanidad primitiva.

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