Las compañías de telefonía móvil estadounidenses han experimentado un rápido crecimiento de peticiones de información relacionada con sus clientes por parte de las autoridades del país. El aumento plantea preocupaciones sobre la protección de la privacidad. De acuerdo con los datos que aparecen en una información del diario The New York Times, estas empresas recibieron el año pasado más de 1,3 millones de peticiones por parte de los agentes del orden para llevar a cabo registros telefónicos. Así, Verizon Wireless, la principal operadora móvil estadounidense, informó de un crecimiento del 15% en las solicitudes y T-Mobile, la cuarta del país, registró un incremento del 12% al 16% anual. El número de solicitudes recibidas por la empresa AT&T se ha triplicado en el transcurso de los últimos cinco años, lo que se traduce en unas 700 al día, 30 de las cuales se consideran casos de emergencia y no requieren de una orden judicial. El informe fue impulsado por Edward Markey, un demócrata de Massachusetts que envió cartas a nueve empresas de telefonía móvil el mes pasado con el fin de recabar información sobre el volumen y alcance de las reclamaciones después de que el mencionado diario advirtiera que el rastreo de teléfonos móviles se había convertido en una práctica habitual para la Policía y contaba con muy poca o ninguna supervisión. Las autoridades defienden el uso de dichos datos indicando que ayuda a salvar vidas y a identificar individuos que pueden estar en peligro. Las operadoras, por su parte, han sabido aprovechar la alta demanda de datos y actualmente pueden obtener beneficios mediante el cobro de cada petición. Aseguran también que han tenido que contratar a equipos para atender la avalancha de solicitudes e insisten en que sólo entregan información cuando se les ordena por orden judicial o si se certifica que se trata de una emergencia relacionada con un peligro de muerte o de serias lesiones físicas. Sin embargo, los datos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicados en abril muestran que los policías locales de EE.UU. establecen escuchas de los móviles de los ciudadanos en todo el país sin contar con una orden judicial. Aunque todas las partes coinciden en que la tecnología puede ser útil para ayudar en casos de emergencia, la falta de normalización de las leyes de protección convierte en polémicas este tipo de solicitudes. «No podemos permitir que la protección de la privacidad sea ignorada con la naturaleza arrolladora de estas peticiones de información», señaló Markey.

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