Hoy he seleccionado dos textos donde Gustavo Zaragoza, profesor de política social y Francisco José Bastida, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo, nos hacen un análisis claro y conciso de lo que nos está pasando como Sociedad. Hoy es 23 de julio de 2012 y dentro de unos años espero estar aquí para decir: OS LO DIJE! 

Hablar de cualquier colectivo de manera genérica tiene enormes riesgos. En todo grupo humano numeroso cabe el sesgo de utilizar estereotipos, y anécdotas, pero con carácter general es difícil rebatir que los funcionarios han sido una pieza clave en la expansión de la democracia en nuestros país y un elemento fundamental a la hora de garantizar elevados niveles de calidad de vida entre los españoles. Sobre los funcionarios han recaído la educación, la sanidad, la seguridad, la justicia y la investigación, entre otras funciones, a pesar de lo cual, desde hace algún tiempo, aprovechando determinadas leyendas negras, sainetes y ejemplos fuera de contexto, el funcionario español parece haberse convertido en el enemigo a batir, se ha demonizado su función.

Este proceso de descalificación forma parte de un ataque orquestado contra los servicios públicos, con tres momentos de actuación muy evidentes:

1. En primer lugar, se ha desprestigiado lo público.
2. A continuación se ha precarizado imponiendo condiciones de insostenibilidad.
3. En tercer lugar aparecerá el mercado salvador, la empresa privada sin los problemas de lo público y establecerá una reglas del juego nuevas. Tan nuevas como procedentes del siglo XIX.

El primer paso ha sido realizado con enorme éxito: en estos momentos, lo público y sus protagonistas forman parte de los problemas de este país y no de sus soluciones. Se está poniendo contra las cuerdas a los empleados públicos en una espiral de destrucción muy clara. Han sido utilizados como dique de contención frente a la crisis mediante la congelación y posterior rebaja de salarios para sufragar los fastos, endeudamientos y despilfarros. Se les ha aumentado el horario de trabajo, por tanto se les ha vuelto a rebajar el salario, están sometidos a prácticas tan abusivos como recortar el sueldo en situaciones de baja médica, con lo cual un funcionario medio (y esto es un ejemplo real) sometido a una intervención quirúrgica, como consecuencia de la cual deba estar unos 45 días de baja, le puede repercutir en su salario, alrededor de los mil euros.

Pero hay más. Otra vez bajo la doctrina del shock, a los funcionarios se les ha limitado la carrera profesional, se han puesto en cuestión reglas de juego sobre las que se escribían las garantías de los ciudadanos, moviendo de sus puestos a funcionarios con plaza fija, se han asumido tareas funcionariales por personas de confianza y empresas afines a los gobernantes, con lo cual se está incrementando innecesariamente el gasto y denigrando al funcionario. Evidentemente, alguien ha confundido a los funcionarios con una vaca a la que se puede exprimir y esquilmar hasta el momento de su remisión al matadero Y con todo esto, ¿qué ocurrirá mañana? Muy sencillo, ahora ya solamente falta el último golpe de efecto, la entrada de la empresa privada, sin procesos selectivos trasparentes de sus efectivos, sin independencia en los profesionales y bajo la presión y el mandato autoritario del patrón que no solamente paga, sino que también decide sobre sus vidas y haciendas y de paso sobre las de todos los ciudadanos a los cuales se les impone la santa voluntad del grupo dominante del momento. Misión cumplida.

FUENTE: El Mercantil Valenciano.

Francisco José Bastida Freijedo

Francisco José Bastida Freijedo
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo.

El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada.

Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino elinsulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

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