Lo había anticipado el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en una entrevista en la cadena Ser la primera noche que los consellers de Puigdemont durmieron en la prisión madrileña de Estremera: les hubiera sido más fácil evitar la cárcel si los acusados de rebelión aceptaran ante la Audiencia Nacional la aplicación del artículo 155 y la vigencia de la Constitución. Pero no lo hicieron porque se negaron a declarar, dijo entonces la máxima autoridad del ministerio público.
Escuchada esa lección de Maza, que no ha dejado las últimas semanas de hacer advertencias sobre las consecuencias penales del procés, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa, acudían por segunda jueves consecutivo al Tribunal Supremo, acusados de rebelión, el delito más grave del que se puede acusar a un político, penado con hasta 35 años de cárcel. Y en lugar de negarse a responder a las preguntas de la fiscalía, como habían hecho sus compañeros de aventura independentista del Govern la semana pasada en la Audiencia Nacional, tanto Forcadell como los otros cinco diputados citados en el Supremo, razonaron sus respuestas, se desdijeron de algunos de sus actos políticos de los últimos meses pero sobre todo se comprometieron a no moverse en el futuro fuera del marco constitucional.
Según fuentes conocedoras de la declaración, lo hicieron todos los acusados. Incluida Carme Forcadell, la dirigente que impulsó primero desde la Assemblea Nacional Catalana, la que celebró la proclamación de la república desde la presidencia del Parlament el 27 de octubre con una de esas frases pensadas para los libros de historia: «Ni un paso atrás».
Ante el juez del Supremo Pablo Llarena y los fiscales, Forcadell y el resto de los miembros de la Mesa, Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ramona Barrufet, Ana Simó, Joan Josep Nuet y la propia Forcadell, la primera en comparecen y que marcó el camino al resto, rebajaron mucho las gestas políticas del último mes en Catalunya. Forcadell testificó que la independencia que se proclamó el último viernes de octubre en la Cámara que preside fue «declarativa y simbólica». El resto de investigados siguieron ese mismo camino y una de ellas, Ramona Barrufet, llegó a decir que el referéndum del 1 de octubre no contó con garantías.
Pero más allá de lo que testificó sobre el pasado, al juez Pablo Llarena le interesaban sus planes de futuro para evaluar si dictaba o no un auto de prisión incondicional, tal y como había hecho la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela con los miembros del govern que no se fueron a Bélgica. Los planes de futuro de Forcadell y los del resto de querellados en la causa. Y según expone en los razonamientos de derecho del auto que les impone fianzas para librarse de la cárcel (a todos menos al diputado de Catalunya si que es Pot Joan Josep Nuet que queda en libertad provisional) el juez destaca que todos los acusados se comprometieron este jueves a no reincidir en los comportamientos delictivos. Lo escribe el magistrado en la página 22 del auto: «Lo que se evalúa es el riesgo de reiteración en ese comportamiento, lo que debe hacerse considerando que el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura, en un ilegal proceso constituyente. En todo caso, todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, sino que han manifestado que o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional».
En su extenso escrito de 26 páginas el magistrado señala a los acusados como participantes en los graves delitos que se atribuyen en la denuncia, aunque exculpa a Nuet del que destaca que votó en contra de la secesión repetidas veces. Llarena señala especialmente a Forcadell de la que destaca que tomó parte en todas las etapas del procés.
Pese a rechazar la petición de prisión incondicional de la Fiscalía, el magistrado del Supremo no resta gravedad a las actuaciones de los acusados: «La desatención de todas las resoluciones» del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona «hasta el punto de haber supuesto que claudicara el ejercicio del poder autonómico en la manera constitucionalmente prevista, propiciando que el Senado hubiera de aprobar la operatividad del artículo 155 de la Constitución».
Llarena da a entender que a la causa le quedan todavía muchos capítulos por escribirse, pero también recuerda que para decidir sobre la prisión provisional lo que se debe tener en cuenta no es la participación de los investigados en los hechos que se investigan, sino el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.
Además de minimizar la posibilidad de que reincidan en el delito, el juez tampoco considera probable que los querellados escapen a la acción de la justicia y separa su actitud de la que adoptaron el expresidente catalán Carles Puigdemont y algunos de sus consellers escapando a Bélgica. «No puede dejar de contemplarse», dice el juez, «que aunque ese riesgo de fuga exista se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya [en una causa anterior también derivada de las leyes aprobadas para allanar el procés] así como por este instructor, que lo ha hecho en tres ocasiones, considerando el llamamiento a la comparecencia de medidas cautelares, y ser manifiesto el contraste con otros encausados en este proceso que se encuentran actualmente fugados».
El auto judicial también resta importancia al riesgo que entraña la libertad de los querellados para la destrucción de pruebas en este proceso puesto que su participación en la aprobación de las leyes que sirvieron para la declaración de independencia está por escrito en los documentos oficiales del propio Parlament: «A diferencia de lo que pueda ocurrir con quienes aparecen involucrados en el proceso secesionista pero son objeto de investigación en otros procedimientos, la querella se limita a atribuir a los aquí investigados, la creación de una base normativa (ilegal, pero de soporte), mediante un comportamiento que aparece perfecta e inmutablemente esculpido en los diarios de sesiones del Parlamento de Cataluña».
Por si acaso el magistrado deja escrito que su decisión de evitarles la cárcel por medio de una fianza -a todos salvo a Nuet- puede cambiar en el futuro si los acusados incumplen su compromiso de no reincidir en los delitos: «No se escapa que las afirmaciones de todos ellos pueden ser mendaces, en todo caso han de ser valoradas en lo que contienen, sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la situación ilegal que se investiga».
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