EL CAIRO, 22 feb (IPS) – La campaña lanzada por los militares que gobiernan Egipto contra grupos de la sociedad civil, acusados de recibir fondos ilegales del exterior, tendrá repercusiones a largo plazo para las estimadas 40.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en este país, el más poblado del mundo árabe.

Las ONG que trabajan en diversos campos, desde la conservación de la naturaleza hasta la erradicación del analfabetismo y el combate a la violencia doméstica, sufren los daños colaterales en un enfrentamiento diplomático que amenaza las largas relaciones entre Egipto y Estados Unidos.

«Esta disputa afecta a todas las ONG en Egipto que dependen de donantes externos», dijo a IPS el director de una organización sin fines de lucro con sede en El Cairo. «A menos que se resuelva pronto, cientos, si no miles de ONG se verán obligadas a cerrar».

Las fuerzas de seguridad egipcias ingresaron a las oficinas de 10 ONG locales y extranjeras a fines de diciembre, incluyendo las del Instituto Republicano Internacional, del Instituto Nacional Demócrata y de Freedom House, todas con su sede central en Estados Unidos.

Desde entonces, las autoridades llevaron a juicio a 43 empleados de grupos sin fines de lucro y prodemocráticos, entre ellos 16 estadounidenses, acusados de recibir fondos del exterior sin autorización y usarlos para incitar la anarquía.

La tensión aumentó a partir de marzo de 2011, cuando Washington anunció que distribuiría 65 millones de dólares en subvenciones directamente a grupos prodemocráticos en Egipto.

Cientos de ONG locales solicitaron fondos, desatando el malestar del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gobierna Egipto desde la salida de Hosni Mubarak en febrero de 2011. Los militares señalaron que esto eludía los canales oficiales correspondientes.

Fiscales del Estado acusaron a 300 organizaciones sin fines de lucro con oficinas en Egipto, entre ellos el Movimiento Juvenil 6 de Abril, que jugó un importante papel en el levantamiento que derrocó a Mubarak, de aceptar fondos no autorizados.

Una fuente cercana a la investigación dijo que las organizaciones de la sociedad civil y prominentes activistas recibieron más de 300 millones de dólares en «fondos ilícitos» entre junio de 2010 y diciembre de 2011.

La ministra de Cooperación Internacional, Fayza Aboul Naga, funcionaria remanente del antiguo régimen y a la que se la considera principal promotora de la campaña contra las ONG, acusó a fuerzas externas de la inestabilidad en este país desde la caída de Mubarak.

En octubre dijo a un panel judicial que Washington había financiado organizaciones no autorizadas en Egipto, como parte de un plan para desestabilizar al país y utilizar la revolución para sus propios intereses.

«Estados Unidos e Israel no podían crear directamente un estado de caos en Egipto y trabajar para mantenerlo, así que usaron financiamiento directo a organizaciones, especialmente estadounidenses, como medio para alcanzar esas metas», afirmó la ministra, según la Agencia de Noticias de Medio Oriente (MENA).

Activistas señalan que los militares la emprendieron contra las organizaciones para impedir que se difundiera su mal manejo de la transición y sus amplias violaciones a los derechos humanos.

«Los militares usan la sociedad civil como chivo expiatorio por sus fracasos», señaló Negad-El Borai, activista y prominente abogado por los derechos humanos. Los generales usan las mismas tácticas represivas empleadas por el antiguo régimen, sostuvo.

Las severas condiciones para el registro y la financiación de las ONG durante la era Mubarak obligaron a muchos grupos a operar en una zona gris, quedando vulnerables a la represión cada vez que las autoridades lo consideraran políticamente conveniente.

Los grupos sin fines de lucro en el centro de la actual polémica son acusados de no haberse registrado en el Ministerio de Solidaridad Social, como lo requiere la ley egipcia.

«En realidad, el proceso (de registro) es inusualmente sencillo», dijo el director de una ONG que prefirió mantener el anonimato. Pero, «generalmente, el Ministerio no responde de ninguna manera a las solicitudes, así que debes operar asumiendo que has sido aprobado».

El activista señaló que pasaron cinco años para que el Ministerio aprobara la licencia de su organización.

Aproximadamente, 30.000 ONG operaban en Egipto al inicio del levantamiento que terminó con el régimen de 30 años de Mubarak.

Unas 10.000 fueron establecidas en el último año, la mayoría dedicadas a temas de derechos humanos y democracia, áreas que el gobierno de transición ve con profundo escepticismo.

«Algunos nuevos grupos pudieron registrarse, pero con el Ministerio de Solidaridad Social paralizado desde la revolución, la mayoría comenzaron (a operar) sin los permisos», dijo el director de la ONG.

Analistas ven las redadas contra los grupos como parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil, que incluye tácticas de intimidación, desprestigio de la prensa e investigaciones en las cuentas de prominentes activistas.

Varias organizaciones sin fines de lucro confirmaron a IPS que agentes del gobierno llegaron sorpresivamente a sus oficinas y exigieron ver los registros bancarios, además de interrogar al personal.

Muchos grupos se sienten acorralados. El Consejo Supremo habría rechazado todas las solicitudes de las ONG para obtener fondos del exterior, por lo que estas se vieron obligadas a suspender o reducir sus actividades, o arriesgarse a aceptar dinero no autorizado.

«Alrededor de 20 por ciento de las ONG en Egipto reciben recursos del exterior, sea en forma directa o a través de una organización intermediaria», explicó el director.

Donantes occidentales han aprobado el envío de fondos, pero «el gobierno no ha permitido ningún financiamiento externo desde la revolución, así que las ONG no pueden implementar sus proyectos», añadió.

Muchas compañías e individuos en Egipto están dispuestos a donar para beneficencia, pero se resisten a apoyar a grupos que incursionen en temas como salud reproductiva, abusos de drogas o participación política.

«El gobierno va a contribuir solo si tu proyecto va en línea con sus políticas», dijo el empleado de una ONG cuyo plan para educar a los ciudadanos sobre sus derechos básicos debió ser cancelado por falta de fondos

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